El Estado colombiano desde hace más de medio siglo tiene una deuda histórica con el campo y especialmente con los pueblos y comunidades étnicas y campesinas. Deuda que tiene su origen en las políticas rurales y agrarias regresivas, generadoras de profundos conflictos socioambientales y de violencia en los territorios y vulneración de los derechos humanos, las cuales se expresan en la concentración desmedida de la propiedad de tierra en pocas manos, en actividades extractivas minero-energéticos o productivas insostenibles como la deforestación, ganadería extensiva, producción agroindustrial, cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales, entre otras. Estas actividades han generado destrucción y degradación de ecosistemas, el despojo y control territorial y de los bienes comunes –bosques, suelo, agua, biodiversidad–, acaparamiento de la tierra y expulsión de familias y comunidades de sus territorios con la aniquilación de sus formas tradicionales de producción y de los medios de sustento (Ver recuadro).
En el nuevo escenario político, llegan vientos de cambio
En el actual escenario político del país el nuevo gobierno se ha comprometido a realizar reformas en las políticas públicas en diversos campos y sectores de la política, la economía y en algunas instituciones. Con respecto a las políticas públicas ambientales y rurales, los cambios se centrarán en la protección de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático, revertir los conflictos territoriales y socioambientales, avanzar en la solución de la deuda histórica del Estado con el campo, especialmente con los campesinos y las comunidades étnicas. El propósito del gobierno es volver a Colombia potencia agroalimentaria, garantizar la autosuficiencia alimentaria nacional y alcanzar una paz total en los territorios. Se buscará que las poblaciones rurales más vulnerables puedan defender y vivir de forma digna y armónica sus territorios, que tengan acceso a la tierra y a los medios productivos, como lo señala el informe del empalme del sector agropecuario del nuevo gobierno1.
Diversos sectores sociales y las organizaciones y comunidades étnicas y campesinas, desde hace décadas han reivindicado y luchado, frente a diversos gobiernos, reformas, cambios estructurales en políticas públicas rurales y apoyos prioritarios que se deben realizar a las comunidades de los sectores agropecuarios2. Aunque algunas de las propuestas formuladas por el gobierno coinciden con las que han planteado las organizaciones sociales y locales, otras reivindicaciones y luchas sobre problemas y conflictos no serán resueltas, por lo que continuarán siendo parte de las agendas de los pueblos y comunidades en el campo. Resaltamos algunos de los temas en donde se tienen coincidencias en agendas comunes:
Un tema prioritario en la política del gobierno es implementar la reforma rural integral del Acuerdo de Paz en aspectos como la democratización de la tierra, la formalización de la propiedad rural y la reorientación del catastro multipropósito en torno al ordenamiento territorial en función de la protección de la naturaleza y la vida; fortalecer el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino y con ello dar cumplimiento a los Puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz con énfasis en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución (Pnis); también la creación de la jurisdicción agraria ambiental para dirimir conflictos en la tenencia de la tierra lo que implica armonizar la política de restitución de tierras con la reforma rural integral y los programas de reparación colectiva, igualmente garantizar los derechos territoriales colectivos ancestrales y la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado.
El gobierno avanzará en la constitución de Zonas de Reserva Campesina, en los territorios campesinos agroalimentarios y el fortalecimiento de los Distritos Campesinos. Se le dará énfasis a los planes de ordenamiento territorial de los territorios, la promoción de los usos adecuados del suelo y la definición de la vocación alimentaria; se buscará dotar a las poblaciones rurales de servicios públicos y sociales fundamentales y el acceso con enfoques diferenciales territoriales, en aspectos como infraestructura, conectividad, extensión agropecuaria de calidad, comercialización, financiación y aseguramiento de la producción. También se plantea que se debe modificar la normatividad sobre licencias ambientales de proyectos de gran impacto, de tal forma que permita proteger la producción de alimentos y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones, entre otros compromisos.
Un asunto central que se ha comprometido el gobierno es la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, incorporando en la Constitución el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. También se implementará una política integral para las mujeres rurales, que reconozca y apoye el trabajo y el rol de las mujeres del campo, propiciando condiciones de igualdad y equidad, que garantice sus derechos a la participación en la definición de las políticas rurales y a una alimentación adecuada. Igualmente el gobierno se ha comprometido a incorporar políticas para frenar el hambre y avanzar hacia el sistema progresivo para la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada, mediante la superación de la desigualdad y la garantía de los derechos de los pueblos étnicos y comunidades campesinas y el reconocimiento de sus territorialidades.
[…] otras reivindicaciones y luchas sobre problemas y conflictos no serán resueltas, por lo que continuarán siendo parte de las agendas de los pueblos y comunidades en el campo.
Ahora bien, una cuestión fundamental para los pueblos y comunidades étnicas y campesinas es la definición de políticas públicas que permitan la conservación y protección de la biodiversidad y los saberes ancestrales. En este aspecto las organizaciones sociales le han planteado al gobierno nacional que para proteger este patrimonio genético y cultural se debe revisar y modificar Convenios internacionales (Convenio Upov y Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, Tirfaa) y las leyes nacionales relacionados con la protección de la propiedad intelectual, la normatividad de bioseguridad sobre cultivos transgénicos, la certificación fitosanitaria. Es en este contexto que se plantea que el Estado debe reconocer a las semillas nativas y criollas como bien común de los pueblos, libres de propiedad intelectual, permitiendo su libre uso, distribución y comercialización por los agricultores; también en aplicación del Principio de Precaución, se debe adoptar una prohibición expresa de las semillas y cultivos transgénicos.
En el empalme del gobierno, uno de los temas críticos identificado respecto a la política que debe revisar y modificar sobre ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario, es El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, Pectia, 2017-2027, que es el marco orientador de la política encaminada a promover el cambio técnico, la generación de valor y la evaluación de sus resultados respecto de la sostenibilidad, la productividad y la competitividad, mediante el desarrollo de tecnologías para el uso de la biodiversidad, la biotecnología, la agricultura digital y los sistemas productivos agroindustriales para los mercados agroalimentarios internos y externos, la conformación de alianzas con los entes y actores de las cadenas productivas. El Pectia considera que la propiedad intelectual agrícola tiene connotaciones económicas y comerciales muy importantes para la gestión de proyectos de investigación que beneficie el sector agropecuario y la transferencia de tecnología protegible.
Así mismo, el empalme recomendó modificar la ley 1876/2017 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Snia, que tiene como objetivos generar acciones de investigación, innovación y transferencia tecnológica para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario para aprovechar las oportunidades de mercado. El Snia garantiza el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual adoptadas por el país; reconoce y promueve las innovaciones tecnológicas “modernas”, como las únicas válidas, pero se desconoce que los pueblos étnicos y comunidades rurales realizan innovación tecnológica, que deben ser reconocidos y protegidos. Se privatiza el servicio público de extensión agropecuaria, que será implementado principalmente por operadores privados provenientes de los gremios agroindustriales.
Importación de alimentos vs. producción industrial o agricultura campesina
No obstante, los anuncios hechos en estas primeras semanas de gobierno nos dejan algunas preocupaciones. Una de las prioridades del gobierno en el tema agroalimentario es sustituir progresivamente la importación de alimentos y de insumos agropecuarios, por una producción nacional. Se plantea que Colombia debe volver a ser autosuficiente y para ello se propone aumentar progresivamente la siembra de maíz y soya, en áreas con potencial agrícola, de tal forma que se logre suplir la demanda del mercado interno de alimentos.
Para lograrlo se señala que se debe industrializar, modernizar e innovar en la producción de alimentos, para avanzar en la productividad y competividad. Genera mucha inquietud y preocupación este enfoque puesto que el gobierno, para recuperar la producción nacional, pone en la misma balanza y en coexistencia a la industrialización del campo y la agricultura campesina y comunitaria, lo que podría llevar nuevamente a que predomine solo el fortalecimiento de la primera y se subordine y se afecte la segunda.
Las organizaciones y comunidades étnicas y campesinas se hacen preguntas de fondo como:
– ¿Para lograr una mayor productividad y eficiencia, mediante qué modelos productivos, innovaciones tecnológicas y semillas?
– ¿Quiénes los controlarán y se beneficiarán realmente y quiénes resultaran afectados?
– ¿Es compatible la industrialización de la producción agroalimentaria y la producción con enfoque agroecológico de comunidades étnicas y campesinas?
Miremos lo que ha planteado recientemente al respecto el presidente Petro y la ministra de agricultura Cecilia López:
Durante su encuentro con los integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Nueva York el 19 de septiembre, el Presidente planteó que “Colombia es una de las últimas zonas del mundo donde se puede expandir la frontera agrícola y que la Altillanura colombiana y venezolana es un lugar con potencial para la producción agroalimentaria. Necesitamos articular un modelo entre la gran corporación y la producción familiar campesina; el país puede combinar dos modelos de producción agrícola en la Altillanura, con el fin de enfrentar el hambre en el país, y a su vez poder exportar alimentos al mundo, siempre y cuando se respete la biodiversidad nacional; ambas formas productivas no son antagonistas y se pueden conjugar los dos modelos, el que ya la economía desarrollada ha expandido, que es el de las grandes corporaciones agroindustriales y el modelo de producción de la familia, de la mujer campesina; se generarían dos rieles en la agricultura colombiana, la de gran escala, con fines de exportación, y la del campesino, con fines de democracia, de Paz Total”.
Y añadió en su intervención que “Para lograr este objetivo hay que hacer un esfuerzo en infraestructura para los dos modelos, como distritos de riego y conectividad; pero también impulsar la asociatividad o el cooperativismo, con el fin de saltar de la producción de la materia prima en bruto, como el maíz, por ejemplo, hacia la agro industrialización, generando más valor agregado y riqueza. La base de un proceso de industrialización en Colombia es para nosotros un objetivo. Y todo parte de una base que es la tierra, que hoy disponemos, pero no usamos”.
La ministra Cecilia López, igualmente con el mismo enfoque, planteó recientemente que se buscará volver a Colombia una potencia agroalimentaria y se realizarán las transformaciones que requiere el campo para que el país pueda suplir la producción agroalimentaria; se va a priorizar la implementación de la Reforma Rural Integral del acuerdo de paz y el reconocimiento y apoyo de las economías étnicas y campesinas. Aunque también señaló que le darán prioridad al fomento de la producción agroindustrial en aspectos como: establecimiento de cadenas productivas que vinculen a los grandes, medianos y pequeños productores; promoción de sistemas productivos y cadenas de valor sostenibles, para lograr un ecosistema agroindustrial diversificado, justo y que apunte a resolver el problema del hambre, basado en la innovación y la excelencia sanitaria; la dotación de infraestructura productiva y de bienes públicos territoriales, el fortalecimiento digital de la extensión agropecuaria, la comercialización agropecuaria mediante circuitos cortos, las compras públicas y el fomento del comercio exterior; la conformación de alianzas entre los productores y la cadena agroindustrial y la reducción del costo de los insumos del sector agropecuario, entre otros.
Asimismo, la Ministra de Agricultura en una audiencia pública sobre el Proyecto de Acto legislativo que modifica el artículo 81 de la Constitución, que pretende prohibir las semillas transgénicas en el país, en su intervención no descartó que se puedan utilizar estas tecnologías para superar el atraso que tiene el país en ciencia y tecnología, avanzar en la industrialización del campo y mejorar los índices de productividad en la producción de los alimentos, especialmente de soya y maíz, de tal forma que se logre sustituir la importación de estos productos por la producción nacional. También la Ministra señalo que Colombia ha adquirido compromisos internacionales mediante los Tratados de Comercio suscritos, que deben ser respetados bajo los estándares acordados por las partes, en los temas de protección y adopción de tecnologías.
Este planteamiento de la Ministra deja muchas dudas y preguntas sobre los modelos productivos que impulsará la política pública del sector agropecuario, puesto que aún no es claro con qué tipo de tecnologías se promoverá la producción nacional de maíz y soya, teniendo en cuenta que hoy en el mundo la mayor parte de la producción industrial de estas leguminosas es transgénica y actualmente en el país se siembran más de 150.000 hectáreas de maíz transgénico y se proyecta a la altillanura como la última frontera agrícola, en donde se pretende extrapolar el modelo del agronegocio de la soja y maíz transgénico del cerrado brasileño, mediante tecnologías que, luego de tres décadas, han demostrado ser un gran desastre ambiental y socioeconómico para las poblaciones rurales, pero un gran negocio para las transnacionales biotecnológicas. ¿Ese es el modelo que queremos y necesitamos en Colombia?
La adaptación al cambio climático y la transición energética
El gobierno plantea que es urgente la implementación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la transición de la matriz energética, mediante un proceso de descarbonización de la economía y la promoción de iniciativas que reviertan y mitiguen los impactos ambientales adversos sobre ecosistemas estratégicos y generados por modelos productivos insostenibles especialmente del sector agroalimentario, así como el fortalecimiento del ordenamiento del territorio en torno al agua. Esto incluye la protección de ecosistemas estratégicos y detener la deforestación; la promoción de una política forestal, de ganadería sostenible y sistemas agroforestales, y la participación de las comunidades en la superación de conflictos por el uso de la tierra y el agua.
Respecto al tema de iniciativas para adaptación al cambio climático, en abril de 2022 finalizando el gobierno de Duque el Fondo Verde del Clima (FVC) aprobó el Proyecto: “Iniciativas climáticamente inteligentes para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad en sistemas productivos agropecuarios”3, para ser ejecutado en Colombia. La entidad acreditada es la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el financiamiento del proyecto es de USD 100 millones, así: el FVC USD 73.283.080; los USD 16.300.000 restantes serán aportados por instituciones y entidades como: Biodiversity International y CIAT y los gremios productivos del sector agropecuario. El gobierno de Petro ha visto con buenos ojos este proyecto y considera que se enmarca en estrategias sostenibles para la adaptación al cambio climático.
El proyecto se implementará en 22 departamentos de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. El objetivo es cambiar el paradigma actual de producción agrícola, intensivo en uso de recursos y de escasas técnicas de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático mediante la adopción de agricultura digital y tecnologías de adaptación que buscan generar estabilidad del sector agrícola y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto abarca la ganadería y ocho cultivos: arroz, maíz, papa, caña de azúcar, caña de panela, café, banano y plátano. Los gremios agropecuarios incluidos en el proyecto están orientados más hacia los agronegocios que a la conservación y hacia una real solución a la crisis climática y alimentaria de los pueblos y comunidades basada en la agrobiodiversidad y la agroecología. Aunque se afirma que no introducirá organismos transgénicos, sí se incluye el uso de agroquímicos. El proyecto considera tres componentes:
– Agricultura digital y servicios climáticos para la modernización rural con énfasis sobre adaptación y mitigación, a través de la agricultura digital, el uso de big data y la inteligencia artificial, para modernizar el sistema de extensión agrícola y brindar servicios de información para reducir el riesgo de las condiciones agroclimáticas. Busca viabilizar las inversiones público-privadas.
– Mejora genética, técnicas de manejo de cultivos, para aumentar la resiliencia climática y el desarrollo agrícola bajo en carbono, mediante el desarrollo de nuevas variedades e híbridos resistentes al cambio climático y el fortalecimiento del banco de germoplasma; el uso eficiente de los recursos hídricos y del suelo, y otras medidas de adaptación y mitigación.
– Modelos de negocios innovadores e inclusivos a través de sistemas de innovación modernizados. Se espera generar ocho modelos de negocios (uno por gremio) y el diseño de productos financieros para las cadenas de valor agrícolas, brindando oportunidades comerciales para el sector privado.
[…] se proyecta a la altillanura como la última frontera agrícola, en donde se pretende extrapolar el modelo del agronegocio de la soja y maíz transgénico del cerrado brasileño, mediante tecnologías que, luego de tres décadas han demostrado ser un gran desastre ambiental y social.
En síntesis, podemos señalar que este proyecto hace parte de la nueva estrategia de las transnacionales y de los grandes inversionistas de sectores biotecnológicos, que buscan el control de los sistemas agroalimentarios a escala global y que ahora se presentan como las nuevas alternativas para enfrentar las crisis climáticas y alimentarias, pero que en realidad son “falsas soluciones” al cambio climático. En realidad es parte de una nueva estrategia de los sectores agroexportadores que pretenden mantener sus mercados en la era de la “descarbonización” de la economía. La agricultura climáticamente inteligente está relacionada con otras tecnologías como: agricultura digital, economía circular, agricultura 4.0 (inteligencia artificial robótica, Big Data e internet de las cosas). Estas tecnologías permiten acelerar la acumulación capitalista y facilitan los procesos de ocupación del territorio, frente a las cuales no pueden competir los pueblos y comunidades locales.
La agricultura climáticamente inteligente (ACI), se presenta como solución para enfrentar el cambio climático e incrementar el ingreso de los campesinos pobres, mediante el argumento que para lograrlo se necesita incrementar la productividad del modelo agroindustrial, pero en realidad busca engordar los mercados de carbono y aumentar las ganancias y el control de la agroindustria. Por el contrario, la agroecología que implementan las comunidades en sus territorios tiene como objetivo asegurar la alimentación de sus poblaciones y generar sistemas sostenibles. Son dos modelos distintos y antagónicos. Es evidente que la agricultura industrial ha contribuido más a la emisión de gases tipo invernadero, que la agricultura campesina. La ACI empuja a los productores campesinos y familiares a una dependencia de nuevas tecnologías que incluyen el uso de “variedades climáticamente inteligentes”, y semillas transgénicas, fertilizantes, agrotóxicos y créditos; todo bajo el nombre de la productividad, ignorando la mayoría de las técnicas tradicionales agrícolas sostenibles y el cuidado de semillas criollas que realizan los campesinos. En la práctica la ACI, ampliará el mercado de carbono y su uso para la especulación financiera.
Entonces, ¿hacia dónde se debería dirigir la producción nacional de alimentos?
De acuerdo con sus propósitos declarados de justicia social, para el gobierno es fundamental volver a Colombia nuevamente autosuficiente en la producción de alimentos y recuperar la producción nacional; se plantea que para lograrlo se debe industrializar y modernizar el campo, y alcanzar mayor productividad mediante la ciencia y la tecnología moderna. Se le dará prioridad a la producción industrial de maíz y soya, que son componentes fundamentales para garantizar el suministro de materia prima para la cadena agroalimentaria y la seguridad alimentaria nacional.
En general, todos estamos de acuerdo que el gobierno debe apoyar la producción nacional de alimentos y disminuir progresivamente su importación, pero en lo que no están de acuerdo la mayoría de las organizaciones campesinas, indígenas y afro, es el cómo se implementará esta política, quiénes serán involucrados y beneficiados, y mediante qué tipo de tecnologías. Tienen muchas dudas sobre la posibilidad de que la producción agroindustrial y la agricultura familiar y campesina puedan coexistir armónicamente y si no son modelos antagónicos, puesto que existen numerosas evidencias que muestran que la producción agroindustrial ha sido responsable de muchos de los conflictos socio-ambientales que tenemos hoy y que han aniquilado en muchas regiones la agricultura campesina y comunitaria.
Las organizaciones sociales le plantean al gobierno que la política rural debe darle prioridad y mayor relevancia a la transformación y transición desde los sistemas agroalimentarios insostenibles hacia producción nacional de alimentos mediante el fomento y apoyo de la agroecología familiar y comunitaria y el manejo del agua para la adaptación al cambio climático. El fomento de la asociatividad, el cooperativismo, la transferencia tecnológica y los circuitos cortos de comercialización de productos y de semillas, entre otras acciones. En el mundo en general y en Colombia en particular existen evidencias científicas que demuestran que la producción agroecológica es más productiva, eficiente, protectora del ambiente y resiliente al cambio climático que los monocultivos agroindustriales. Si las políticas públicas del sector agropecuario lograran un apoyo real, integral y amplio a las poblaciones rurales, mediante las agriculturas alternativas y agroecológicas, el país podría alcanzar nuevamente la autonomía alimentaria, sin afectar y sí proteger el medio ambiente.
Es claro que la crisis socioambiental del campo colombiano es tan profunda que no es posible resolverla en un periodo de gobierno, ya que muchos de los problemas y conflictos de vieja data, como el de la tierra y la violencia, son estructurales y se requiere hacer reformas de fondo en la política pública rural, en la institucionalidad, en los marcos jurídicos, en los enfoques e instrumentos tecnológicos, pero es posible empezar.
Para ello es fundamental la disposición y el compromiso para el cambio de todos los sectores de la sociedad. Las promesas de la campaña electoral y en este comienzo del gobierno del Pacto Histórico, han generado en las organizaciones sociales muchas expectativas y esperanzas respecto a los cambios que el gobierno se ha comprometido realizar. En realidad buena parte de la agenda política del actual gobierno en temas ambientales y rurales coincide con muchas de las reivindicaciones históricas de los movimientos indígenas, afrodescendientes y campesinos, pero también existen desencuentros y contradicciones que continuarán siendo parte de la problemática territorial y socioeconómica a resolver.
Es por ello que las organizaciones sociales y locales deben mantener vivas y fortalecidas sus agendas de políticas, así como sus estrategias de lucha y movilización, de forma independiente de las políticas del Estado. Gran parte del país percibe que existe una real voluntad de cambio del gobierno pero también que son enormes las dificultades que tendrá que enfrentar para gobernar un país con profundas crisis y en el que muchas estructuras de control y poder regresivas están aún atornilladas. La sociedad continúa polarizada entre extremos políticos y la violencia se ha profundizado. Si bien es probable que por primera vez en el país ocurran cambios que nos ayuden a salir del abismo al que hemos llegado, muchos de los conflictos y políticas seguirán siendo obstáculos reales: los movimientos sociales seguramente encontrarán en el camino muchas piedras que tendrán que remover para alcanzar los sueños colectivos y para lograr la anhelada paz total. λ
1 Informe completo de empalme del sector agrario. Diagnóstico y recomendaciones del empalme del sector agro, “hacia un nuevo campo colombiano”, julio 27 de 2022, p. 116.
2 Declaración de Agenda Nacional Campesina de Colombia, Bogotá, 14 de julio de 2022
3 https://www.greenclimate.fund/document/gcf-b31-02-add01
* Grupo Semillas: [email protected]
Recuadro
Problemas estructurales en el sector agropecuario
La situación en el campo colombiano es crítica y se evidencia en algunas de las conclusiones y aspectos críticos, señalados por el equipo del empalme del sector agropecuario del actual gobierno.
En los temas de tierras se identificó una compleja problemática en aspectos críticos como:
– El área de la frontera agropecuaria es de 39.600.143 hectáreas, de las cuales 28.630.031 hectáreas, es decir el 72 por ciento se reportan como pastos, mientras que sólo el 18,3 restante (7.262.941 hectáreas), se dedican a la agricultura.
– De 37 millones de hectáreas aptas para producir alimentos, 22 millones se podrían utilizar para agricultura y solo 15 millones para ganadería.
– Solamente el 36,4 por ciento de los hogares del campo tiene acceso a tierras y se presenta una altísima microfundización; el 40 por ciento de los predios dentro de la frontera agrícola tienen menos de media hectárea de tierra y el 70 por ciento de los predios no superan las 2.5 hectáreas.
– Los procesos agrarios en curso representan 3,9 millones de hectáreas, están detenidos y represados y es muy lenta en la adjudicación de baldíos de la nación, tampoco se ha avanzado en el catastro multipropósito, en las solicitudes territorialesde los pueblos étnicos y campesinos; de 2.6 millones de predios informales que se estima en el país la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la formalización de solo el 1 por ciento, a este ritmo le tomaría 256 años terminar la formalización.
Respecto a la problemática del sector agropecuario, se identificaron situaciones críticas como:
– El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta una enorme dispersión y desarticulación institucional en la implementación de políticas públicas de desarrollo rural de las entidades del sector agropecuario.
– Actualmente el país importa 13 millones de toneladas de alimentos, de estas 5.6 millones corresponden a maíz amarillo y 2 millones a soya. Más de la mitad (57,5%) corresponden con la necesidad de abastecer la demanda de proteína animal.
– Las cadenas agropecuarias estratégicas (banano/plátano, palma de aceite, flores, café y caña de azúcar), responden claramente a un modelo económico agroexportador.
– La política de extensión agropecuaria del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Snia, carece del enfoque de derechos, está centrada en la demanda de las empresas privadas y se excluye el reconocimiento y protección de las iniciativas de innovación tecnológica popular y de investigación de las comunidades étnicas y campesinas; tampoco se cuenta con una política fitosanitaria que se ajuste a las condiciones de los pequeños productores.
– Los programas de asociatividad y cooperativismo rural son débiles y no están articulados.
– No existe voluntad política del Ministerio de Agricultura para implementar la resolución 464 sobre agricultura campesina, familiar y comunitaria; tampoco se cuenta con una política nacional que fomente y apoye la agroecología como estrategia de desarrollo rural.
– El 60 por ciento de los productores rurales en Colombia son pequeños y la mayoría sin acceso a inversión, crédito, seguros y extensión agropecuaria.
– En el país no existe una política forestal y de ganadería sostenible, que permita superar los conflictos de uso y la mitigación de impactos ambientales y el cierre de la frontera agrícola.
– El hambre y el derecho a la alimentación de la población son problemas dramáticos en el país; según la FAO, 4,4 millones de colombianos padecen hambre crónica y 8,5 millones se encuentran en condición de inseguridad alimentaria.
* Informe completo de empalme del sector agrario. Diagnóstico y recomendaciones del empalme del sector agro “hacia un nuevo campo colombiano”, Bogotá, 27 julio 2022, p. 115.
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