Lula articula leyes que liberarán el desmonte y dificultarán los reclamos de tierras indígenas en Brasil

El gobierno brasileño no pierde ni un segundo. En las últimas semanas avanzó el ajuste fiscal que favorece a los bancos y leyes a medida del agronegocio. Medidas que perjudican al pueblo trabajador, al medioambiente y a los pueblos originarios.

Entre martes y miércoles de la semana pasada, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una ley de ajuste fiscal que le pone un techo al gasto social del Estado, a la vez que flexibiliza algunos mecanismos de manejo presupuestario. Esta ley es una actualización de uno de los principales ataques impuestos por el presidente golpista Michel Temer.

El corazón de este marco fiscal es el congelamiento del gasto social, que en su versión anterior solo podía ser actualizado por la inflación, mientras que en la nueva versión impulsada por el gobierno de Lula-Alckmin podrá tener algún aumento en caso de que haya crecimiento económico, pero proporcionalmente menor que ese crecimiento (un 70 %) y con un límite.

El objetivo de este marco legal es liberar fondos para el pago de la deuda pública, cuyos intereses carcome el erario del Estado brasileño, lo que explica el buen recibimiento en la principal asociación bancaria del país, la Federación Brasileña de Bancos (Febraban).

Esta ley fue articulada por el propio ministro de Economía de Lula, Fernando Haddad, con el presidente de la cámara baja Arthur Lira, un derechista que ejerce ese importante cargo desde la época de Jair Bolsonaro. El PT se disciplinó detrás de este marco fiscal neoliberal, y la CUT, dirigida por el PT y cuyo líder hoy integra el gobierno en el ministerio de Trabajo, no solo no lo peleó sino que lo presentó como una victoria del gobierno.

El PSOL, principal partido de la izquierda brasileña y que hoy es parte del gobierno, votó en contra de esta ley, pero no consideró que semejante ataque amerite romper con el gobierno, una actitud distinta de la que le dio origen por allá por los comienzos del primer mandato de Lula, cuando algunos diputados del PT se negaron a votar un ataque a las jubilaciones de los trabajadores estatales y fueron expulsados, formando el PSOL.

El mismo miércoles 24 de abril, la mayoría de los partidos que hoy son parte de la coalición en el gobierno apoyaron una ley que flexibiliza las herramientas que actualmente permiten el control del desmonte del bioma de la Mata Atlántica, hoy en peligro.

La ley es impulsada por un diputado bolsonarista, Sérgio Souza (MDB), líder de la bancada del agronegocio, el Frente Parlamentario Agropecuario. En sus propias palabras, “Él [Bolsonaro] ha defendido a nuestro sector, ayudando en momentos decisivos, como en la peor sequía de los últimos 90 años. El resultado es que estamos cosechando una zafra récord de 308.000 millones de toneladas de granos. (…) Por eso el agro tiene lado. El lado del bien. Distinto del lado del MST [Movimiento Sin Tierra], que nunca plantó nada. Y crea dificultades para el sector agrícola, con ataques en la cuestión ambiental”.

Hay que resaltar que 34 diputados del PT, partido del presidente Lula, votaron a favor de esta ley que dará paso a la destrucción de la Mata Atlántica en favor del agronegocio. El PSOL tampoco considera que esto sea motivo para romper con el gobierno, incluso cuando los que festejan se regodean atacando al Movimiento Sin Tierra, hoy brutalmente atacado por el congreso brasileño, que impulsa una comisión parlamentaria de investigación en su contra.

Para cerrar una semana de total ofensiva de los poderes económicos contra el pueblo trabajador y e medioambiente con la inestimable ayuda -cuando no con el impulso- de Lula y sus aliados en el gobierno, Diputados decidió pisar el acelerador y votó el carácter urgente de la ley que obstaculiza los reclamos de los pueblos originarios sobre sus tierras.

La ley pone un “marco temporal” a esos reclamos y prevé el fin de las demarcaciones, la anulación de las tierras indígenas y la regularización de la explotación predatoria y de la minería que se han cargado vidas indígenas, como en el caso del pueblo Yanomami que recientemente tuvo mucha repercusión en la prensa.

Gracias a la urgencia, la ley fue votada y aprobada este martes, con los votos del partido del vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) y otros partidos de la coalición de gobierno. El PT rompió la disciplina partidaria y dió libertad de acción a sus diputados. El PSOL, que aporta al gobierno ni más ni menos que la ministra de Pueblos Indígenas, sigue sin considerar una ruptura con el gobierno.

Estos ataques históricos a los pueblos originarios y al medio ambiente demuestran que la amplia coalición que armó Lula y el PT para su gobierno con aliados del agronegocio y otras bancadas reaccionarias solo sirve para fortalecer a la derecha.

Muestra además el rol pérfido del Congreso Nacional y otras instituciones como la policía racista, que reprime a los pueblos indígenas, a los negros, a las mujeres, o el Supremo Tribunal Federal, que junto a Lula viene dando lugar a privatizaciones y todo tipo de reformas antipopulares.

La clase trabajadora y el pueblo pobre de Brasil tienen planteado forjar la más amplia unidad, entre trabajadores del campo y de la ciudad, indígenas y todos los sectores explotados y oprimidos, de manera independiente del gobierno. Para dar pelea contra los ataques que buscan incrementar las ganancias de los empresarios y banqueros a costa del pueblo, como el techo de gastos, la reforma laboral precarizadora. Pelear por la expropiación de las mineras, por una reforma agraria radical que ataque directamente al latifundio que permita repartir la tierra entre los que la necesitan, expandir las áreas de protección ambiental y territorios indígenas.


Brasil: aprueban desaparición de ministerios de Ambiente y Pueblos

Brasilia. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles modificaciones al gobierno de Lula da Silva que diluyen el poder de las carteras de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, y debilitan las promesas climáticas del oficialismo.

El texto, aprobado por 337 votos a favor y 125 en contra y que será votado este jueves en el Senado, altera las atribuciones de varios ministerios y representa una nueva derrota para el gobierno en el Congreso, de mayoría conservadora.

Con los cambios aprobados, el ministerio de Pueblos Indígenas perderá una de sus principales atribuciones: la responsabilidad de la demarcación de nuevas tierras indígenas, que pasará al Ministerio de Justicia.

Así, la cartera de Medio Ambiente perderá sus competencias sobre el registro de tierras rurales -clave en el monitoreo y el combate a la deforestación ilegal- y sobre la gestión de los recursos acuíferos.

Fue una jornada agónica para el oficialismo, que pese a haber sufrido el segundo revés legislativo en 24 horas en materia medioambiental, evitó una derrota inclusive mayor.

El gobierno intentó desde la mañana evitar un rechazo completo de la norma que valida la composición de los 37 ministerios determinados por Lula en enero, y caduca el 1° de junio.

La no votación de la norma o su rechazo hubiera significado automáticamente un encogimiento drástico del gobierno en 14 carteras para quedar en 23, con la desaparición completa de ministerios como el de Pueblos Originarios, volviendo a la conformación que heredó del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022).

Lula conversó telefónicamente con el presidente de Diputados, Arthur Lira, para intentar que el proyecto, clave para la composición del gobierno, fuera tratado el miércoles.

Lira dijo a la prensa que existe “un problema en el gobierno”, que explica las recientes derrotas en el legislativo debido a una “falta o ausencia de articulación política”.

Aseguró que le transmitió a Lula el malestar de los parlamentarios con el gobierno.

“Existe es una insatisfacción generalizada de los diputados y senadores”, manifestó.

La votación del miércoles marcó la segunda derrota legislativa para la agenda ambiental del gobierno, después de que los diputados aprobaran el martes un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas, relanzada por Lula tras varios años de paralización.

La iniciativa, que debe obtener el visto bueno del Senado, establece que las tierras reservadas a las comunidades originarias deben restringirse a aquellas ocupadas por indígenas al momento de la promulgación de la Constitución vigente, en 1988.

Este “marco temporal” compromete los derechos de los pueblos originarios, cuyos territorios actúan como barreras contra la deforestación, según ambientalistas.

Falta de gobernabilidad

Al llegar al poder en enero, Lula designó al frente de Medio Ambiente a Marina Silva, figura emblemática de la lucha contra el cambio climático en Brasil, y dio a la dirigente indígena Sonia Guajajara las riendas del nuevo ministerio de Pueblos Indígenas.

Pero el optimismo internacional generado por esos nombramientos chocó con la realidad política de Lula, quien pese haber cedido algunos ministerios y altos cargos a partidos de centro-derecha, no pudo garantizar una mayoría legislativa en varios asuntos.

“No es que su base de apoyo está desarticulada, es que Lula no tiene base alguna en el Congreso” más allá de los partidos de izquierda y centro-izquierda que apoyaron su candidatura, sostuvo el analista político Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium.

Información adicional

A todo vapor.
Autor/a: Redacción internacional / AFP
País: Brasil
Región: Suramérica
Fuente: La Izquierda diario / La Jornada

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