Hegemonía, privatización y lógica neoliberal

Según Ernesto Laclau y Chantal Mouffe^[1] la hegemonía se define como la capacidad de un grupo social para establecer su dominio ideológico sobre la sociedad. Este concepto implica la capacidad de un grupo dominante para articular un proyecto político que sea aceptado y compartido por otros sectores de la sociedad en cierto momento histórico, creando así una forma de liderazgo que va más allá del simple ejercicio del poder coercitivo. La hegemonía implica la construcción de consensos, la articulación de demandas políticas y la configuración de identidades colectivas. Sin embargo, el desarrollo hegemónico como proceso político no siempre es uniforme, existen momentos en los cuales la articulación del proyecto político entra en crisis, no logra representar las demandas de la sociedad, la hegemonía puede verse en riesgo y debe redefinir sus estrategias o acudir al poder coercitivo.

El poder hegemónico inicia en respuesta a una crisis o contingencia de la estructura social y su discurso se mueve en torno a la representación de toda la sociedad en la búsqueda de una solución para esa crisis inicial y los problemas que van apareciendo o se van redefiniendo a lo largo del tiempo. En el contexto de la Universidad Nacional de Colombia, el concepto de hegemonía podría referirse al dominio o influencia ejercida por ciertas ideologías, grupos sociales o instituciones sobre otros. En concreto, acá vamos a analizar la hegemonía que ha llevado el curso de la universidad desde la crisis de la universidad pública provocada por la ley 30 de 1992. 

Esta ley que regula la educación superior en Colombia estipula un aumento presupuestal para las IES públicas determinado por la inflación, es decir que el Estado da a las universidades públicas la compensación del aumento de los precios del año anterior al corriente, nada más. En términos reales, es mantener el mismo presupuesto para la educación superior a través de los años a pesar de que la cobertura haya aumentado. En 1993 la universidad contaba con 26962 matriculados, mientras que para octubre de 2023 se presentaron 57.09. Esto se traduce en un crecimiento de 211,74% en cobertura con el mismo presupuesto, lo que implica un aumento real similar en los costos asociados a la actividad misional de la universidad. 

La financiación de la universidad es cada vez más crítica, los recortes al bienestar universitario son evidentes, el aumento de las matrículas es cada vez más perjudicial para el bolsillo de las familias y los edificios se caen. En medio de esta crisis aparece una narrativa hegemónica con lógica empresarial en la dirección de la Universidad Nacional que se manifiesta en el establecimiento de políticas que tienden hacía la privatización, la distribución de recursos con lógica de minimización de costos y la promoción de ciertas perspectivas corporativas sobre otras más académicas. El amaño en la elección de la rectoría es uno de los síntomas de que ya existe una norma predominante de vieja data en el contexto universitario y que un reducido grupo de personas ha mantenido el poder y la administración de la universidad.

Pero el síntoma no es más que una pequeña parte de toda la enfermedad. La hegemonía que ha administrado la universidad recibe el influjo de una estructura societaria mayor, el país, cuyo proyecto ha estado enmarcado por los principios neoliberales desde los 90. Según esta ideología, del Estado no debería incurrir en gasto público (del cuál sale el dinero para las universidades públicas). El Estado únicamente debería ser el garante de la protección de las fronteras nacionales (Ejército Nacional), el respeto por la propiedad privada (Policía Nacional) y la administración de justicia (Sistema Judicial y Carcelario). Las actividades que garantizan la satisfacción de las necesidades sociales deberían estar plenamente reguladas por el mercado que supuestamente minimiza los costos y es más eficiente, económicamente hablando.

Una universidad pública qué pueda garantizar la educación como un derecho fundamental no cabe en estos parámetros, la universidad como negocio, sí. Es decir, la aplicación del modelo neoliberal en las universidades públicas implica su conversión a empresas. La aplicación real del modelo neoliberal, al no poder cambiar las actividades del Estado de facto, en términos reales, se ha dirigido hacía a las asociaciones público-privadas para involucrar la empresa en el uso de recursos públicos. Según el DNP^[2] estas son un mecanismo que permite vincular al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura.

Este modelo le ha traído al país un caldo de cultivo para la corrupción. Estas asociaciones permiten que las empresas privadas desvíen los recursos del Estado hacía sus actividades privadas supuestamente eficientes en la garantía de solución de problemas sociales. Sin embargo, vemos que alrededor de los ejercicios de licitación existe una práctica de lobby en los contratos, financiación a las campañas de candidatos que favorezcan el negocio y reparto de coimas para acceder a los recursos, que luego se terminan justificando con facturas infladas o empresas fantasma para vender los productos y servicios al Estado con sobrecostos y así capturar esas rentas para beneficio personal. No cumplen su promesa de minimización de costos y si alientan una desfinanciación del recurso público. Este modelo es más crítico en un contexto de paramilitarismo imperante, añadiendo una fuerza coercitiva clandestina que usa la violencia indiscriminadamente para garantizar el negocio y una prensa justificadora. 

Desde la crisis provocada por la ley 30 de 1992 nuestra Universidad Nacional ha venido acercándose tímidamente a ese modelo, aceptando la autofinanciación forzada para no desaparecer. Las actividades de investigación, consultoría y extensión son las que logran solventar, en parte, el hueco creado por el aumento de la oferta educativa sin los recursos necesarios. Sobre estos mínimos se logra articular una hegemonía que ha administrado la universidad con lógica empresarial. El paso definitivo a este modelo que convierte a la universidad en una alianza público-privada se dio el año pasado con la creación de la empresa Rotorr-Motor de Innovación.

La cuál en su página web^[3] cuenta que es una entidad estatal sin fines de lucro que se dedica a la intermediación en la inversión de proyectos e iniciativas científico-tecnológicas para conectar el capital con los emprendimientos altamente innovadores potenciando así los emprendimientos tipo spin-off de las instituciones de educación superior en Colombia, y de los actores tanto públicos como privados nacionales e internacionales. Que en realidad es una empresa sin ánimo de lucro creada por la Universidad Nacional en la administración de Dolly Montoya quién es la representante legal y el Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia (FODUN). Hasta ahí, no hay nada de raro, más allá del trato de la Universidad Nacional como empresa. 

Comenzamos a entrar un poco más en el modelo cuando analizamos qué esta empresa creada con algunos recursos públicos tiene autonomía y se gestiona desde una perspectiva privada. La empresa terceriza los recursos que le pueden entrar a la universidad directamente de investigación para su financiación. Si estos recursos entraran directamente a la universidad tendrían un overhead de alrededor de 32% por el simple hecho de contar con el aval de una de las instituciones más prestigiosas del país, dinero que se reparte entre la dirección nacional, la sede, la facultad y la unidad administrativa básica desde la cual se realice el proyecto. Mientras que si estos dineros entran a Rotorr no se garantiza ese dinero a la universidad, esta se beneficia de la utilidad generada por dicha empresa y la participación que se posee en el reparto de utilidades.

En términos de mercado, Rotorr puede ser una competencia muy fuerte para la Universidad Nacional en temas de investigación y transferencia de conocimiento ya que ofrece la misma calidad y prestigio en el desarrollo de sus proyectos al contar con el mismo talento humano, pero sin el overhead cobrado por la universidad directamente. De ahí que se diga que se tercerizan los recursos que le podrían entrar a la universidad por temas de investigación. La pregunta es ¿Rotorr puede garantizar la misma entrada de recursos para la universidad que si entraran directamente? analicemos sus estados financieros en términos de ingresos y costos de operación:

En el ejercicio de un análisis vertical básico, los costos de operación representan un 96,44% de los ingresos operativos los cuales llevan a la empresa a unas utilidades netas de $2.128.877.186 con un margen de utilidad bruto de 3,55% y un margen de utilidad neto de 2,65% es decir que por cada 100 pesos que ingresan a la empresa solo quedan 2,65 para repartir entre los socios de Rotorr vs el overhead de la UNAL que garantiza que si entraran directos esos 100 pesos a la universidad representarían 32 para el presupuesto (32%). En principio no es más eficiente, económicamente hablando, para la universidad en términos de beneficios económicos. 

Si comparamos la eficiencia de Rotorr con la de otras empresas de investigación similares, en términos de costos de operación, podríamos determinar si esta empresa por lo menos cumple con la minimización de costos propuesta desde una visión corporativista de la universidad ya que efectivamente no genera el mismo ingreso. Veamos los estados financieros de Agrosavia y Fedesarrollo del mismo año (2023) para determinar esto:

Para el caso de Agrosavia analizamos solo los ingresos que implican una contraprestación, es decir la devolución de un producto o servicio y los costos asociados a esa operación para ver la eficiencia de costos, los ingresos sin contra prestación y los gastos administrativos no son prioridad en términos de análisis operativo. En un análisis vertical básico podemos ver que los costos operativos representan el 58,03% de los ingresos con contraprestación vs el 96,44% de Rotorr. Si agrosavia no cuenta con excedentes notables (-15.792.000.000) es por la disminución en los ingresos sin contraprestación del 10,83% del 2022 al 2023 ($32.430.000.000) pero su eficiencia en costos de operación versus Rotorr es abismal.

En el caso de Fedesarrollo planteamos un análisis vertical básico y solo para el rubro de investigación, los costos operacionales corresponden al 71,45% de los ingresos de investigación y en agregado los costos operacionales representan el 74,44% de los ingresos operacionales, dejando una utilidad bruta operacional de 2.312.910.000. Con un margen de ganancia bruta de 25,55% vs el margen bruto operacional de Rotorr de 3,55%.

Rotorr es dramáticamente ineficiente en términos de costos operativos en comparación a Agrosavia y a Fedesarrollo. Cuenta con unos costos de operación en investigación superiores a sus similares, con 38,14% más que Agrosavia y 24,99% más que Fedesarrollo en términos relativos. Pero más allá de la ineficiencia de costos, nuestra universidad está mucho más permeada por el modelo neoliberal, alianzas público-privadas, manejo privado de recursos públicos, sobrecostos, el lobby no es necesario porque usan artimañas en el CSU para elegir rector a dedo ya que la consulta popular no es vinculante, y más grave aún, a los estudiantes que legítimamente usan su repertorio de protesta social para exigir que se democraticen los lineamientos y el curso de nuestra alma mater, los amenazan grupos que tienen un accionar paramilitar.

El día 19 de abril de 2024 aproximadamente sobre las 12:30 de la tarde se acercaron al edificio Uriel Gutiérrez dos personas con uniformes de la empresa Vatco Group LTDA con armas de fuego e intimidaron la integridad y la vida de los estudiantes y defensores de derechos humanos que allí se encontraban, se transportaban en un vehículo de placas EJP887 y una moto de placas UVP89E. Hacemos un llamado las autoridades competentes para garanticen la vida de nuestros estudiantes que son la razón de ser de la universidad. 

Este odio provocado hacía la movilización estudiantil se alimenta de una ronda de publicaciones en los medios de comunicación convencionales que infestan la opinión pública con mentiras. Recordemos la gira que realizó la rectora Dolly Montoya en estos medios mintiendo descaradamente sobre la toma del Uriel Gutiérrez, en la cual supuestamente retuvieron a un trabajador, que más bien se auto secuestró, para completar el panorama neoliberal de lo que pasa en el país, solo le faltó hacerse un autoatentado. 

Señora Dolly Montoya esos medios que usted usa para comunicarse no tienen equipo editorial serio, más bien tienen una línea paga para publicar cualquier cosa a cambio de coimas. En cambio, los medios alternativos como Raya y Cambio que usted tanto ataca, investigan mejor que sus financieros de Rotorr y su grupo de pseudo empresarios. De hecho, le exigimos a la Contraloría General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación y al Distrito que investigue la ejecución de los recursos en Rotorr, que no son nada eficientes y esperemos que no sean ilegales.

De vuelta a este asunto, nos atrevimos a construir algunos indicadores financieros para saber qué sucede realmente con Rotorr. En términos de liquidez, la razón corriente y la prueba ácida dicen que la empresa está justa en efectivo. Con el capital bruto de trabajo descubrimos que esta empresa no financia su actividad con los acreedores a largo plazo, solo con pasivos corrientes y la empresa tiene gran capacidad de negociación con los proveedores, nos gustaría que nos aclararan quienes son estos acreedore con los que se tiene tanto poder de negociación.

Rotott, en términos de rentabilidad, no es un buen negocio para la universidad, la empresa deja un margen neto de 2,65% vs el 32% de overhead de la universidad y vs 6,72% de empresas más eficientes como Fedesarrollo que tiene un gasto administrativo mucho más importante y que, aun así, logra una eficiencia en beneficios de más del doble que Rotorr. En términos de endeudamiento el estado de Rotott es crítico porque los acreedores tienen una participación del 90% en la actividad de la empresa, nuevamente pedimos aclaraciones de quienes son estos acreedores.

EL problema es estructural, dentro de la comunidad académica se han venido presentando una serie de reformas que no se consultaron con la comunidad académica y que hay que analizar con lupa de cara a la desfinanciación de la universidad, en específico debemos revisar temas de recorte en temas de bienestar universitario, la estructura de la investigación y el tema de los posgrados como financiadores de los programas de pregrado. Las reformas 044 del 2023 sobre bienestar universitario, acuerdo 011 del 2023 sobre extensión y el acuerdo 034 de 2023 sobre posgrados son las que se han venido adelantando desde esta administración hegemónica.

El articulado de la reforma 044 en su artículo 6 estipula Derechos de los Estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia tienen derecho a…Participar en las consultas para la elección de las autoridades académicas y administrativas de la Universidad, en las condiciones establecidas en las normas vigentes…Participar directamente o a través de sus representantes en la elaboración de políticas institucionales y en los procesos de construcción y evaluación académica y docente de la Universidad. Reforzando la falsa democracia y poca autonomía universitaria que eligió la hegemonía y el legado de Dolly Montoya.

El artículo 7 estipula Deberes de los estudiantes. En la Universidad Nacional de Colombia los estudiantes tienen los siguientes deberes: Mantener la reserva de la información que pudo o pueda llegar a conocer en el desarrollo de alguna actividad institucional, que afecte los derechos de algún miembro de la comunidad universitaria. Lo cual implica legalizar las artimañas que se presentan en las elecciones de los cuerpos colegiados. En el artículo 42. Faltas leves y graves menciona como faltas Impedir el normal desarrollo de las actividades de formación, bienestar, investigación y extensión, los procesos administrativos y demás actividades institucionales o cuando se actúe en representación de la Universidad.  10. Ingresar o portar sustancias psicoactivas en cantidades superiores a la dosis mínima personal establecido en la legislación nacional, a los campus o espacios de propiedad, administración o uso de la Universidad. Lo cual pretende proceder disciplinariamente contra la protesta social legitima en la exigencia de una mejor universidad. Entre muchas otras modificaciones que afectan la autonomía y la democracia universitaria.

Hacemos un llamado a desconocer esta elección ilegitima del rector ya que agudiza la crisis y profundiza el modelo neoliberal. Combatir la hegemonía implica cuestionar y desafiar el dominio ideológico establecido por un grupo social en la sociedad global. Para contrarrestar la hegemonía existente, tenemos la necesidad de construir contrahegemonías, es decir, alternativas políticas y discursivas que desafíen el orden establecido y promuevan la diversidad de voces y demandas en la esfera pública. 

Necesitamos desconocer la institucionalidad vigente, necesitamos una constituyente universitaria. La lucha contra la hegemonía también implica la movilización de sectores subalternos y la articulación de sus demandas en un proyecto político colectivo que cuestione las estructuras de poder dominantes. Asimismo, como lo indican Laclau y Mouffe, resaltemos la importancia de la participación ciudadana, la creación de espacios de debate democrático y la promoción de la pluralidad de discursos como estrategias para desestabilizar la hegemonía establecida y fomentar la emancipación política. Está en juego nuestra amada universidad.

Hacemos un llamado al rector legítimo, el señor Leopoldo Múnera para que establezca un gobierno de facto en la universidad e instale una Asamblea Constituyente Universitaria real, con delegados administrativos en cada facultad, eso implica una ruptura con la institucionalidad vigente. De otra forma seguiremos en el neoliberalismo y la desidia.

^[1] Laclau, E., & Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid, España.

^[2] DNP (2013) Abecé Asociaciones Público Privadas.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/ABC%20APP.pdf

^[3] https://rotorr.co/