¡Viva Fernando VII, abajo los franceses! Napoleón es consciente de estas tensiones, y el 15 de mayo de 1808 le dirige una carta a cada uno de los Virreyes y Capitanes Generales de los territorios de ultramar. Ofrece garantizar sus derechos. Los días corren y el nacionalismo toma asiento. Aunque la monarquía española es indigna, no lo es “su pueblo”. Es así como la reacción llegó por donde menos preveía Napoleón. El 23 de mayo de 1808, al grito de “Viva Fernando VII, abajo los franceses”, el pueblo español se insurrecciona. Los ingleses la alimentarán, la protegerán y la surtirán de armas.
El 6 de junio, y en avance con su plan de sometimiento, Napoleón reúne a nobles y burgueses ibéricos, y ante su mirada promulga el decreto imperial para otorgarle oficialmente la Corona a su hermano José. Le ofrecía a España una Constitución de rasgos liberales, cuyo título X contenía que “los reyes y provincias españolas de América y Asia tendrán los mismos derechos que las provincias españolas” (2). Satisfacía de esta manera el viejo y anhelado sueño criollo: ser tratados como iguales.
Francisco Antonio Zea. No extraña que dos días después, “eminentes personalidades de los dominios firmaran en la capital española el acta famosa en la que ofrecían su adhesión y acatamiento al rey José”. De parte de los granadinos, Francisco Antonio Zea y el Conde de Casa Valencia firman.
“Memorial de Agravios” y pueblos de Europa resisten contra Napoleón
Mientras Napoleón aprieta, en Madrid, como instrumento de gobierno y coordinación de la resistencia, el 25 de agosto de 1808 se instala la Junta Central (Junta Patriótica) con la cual la nobleza y la burguesía españolas se adelantaban (neutralizaban) a la posible transformación de la resistencia del pueblo español contra el ejército francés, en revolución social. Los delegados que la integran se definen por el número de habitantes de cada provincia, y este criterio se extiende como referencia para todas las demás, incluidas las americanas.
Para el caso de la Junta Central, y con la necesidad y el reto que tiene cara dura (controlar sus colonias e integrarlas a la resistencia contra Francia), los sometidos dejan de serlo. Se les incluye con sus delegados. En primera instancia, sin respetar la cantidad de habitantes de cada virreinato y capitanía.
Nuestros puertos, abiertos a los ingleses. En consonancia con el reto propuesto por los invasores franceses (Título X de la Constitución impuesta), la Junta Central española reconoció a las colonias iguales derechos. Al hacerlo, precisó que los dominios (de ultramar) no eran “propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española” (3). De manera indirecta, llegarían más concesiones. Obligados por la necesidad de enfrentar al ejército francés, acordaron una alianza con Inglaterra para enfrentar a Napoleón. Por tanto, abrieron los puertos de América a los barcos ingleses. Así, los criollos obtuvieron el tan anhelado comercio con los ingleses. Con los negocios económicos vendrán multiplicados los contactos políticos, las intrigas, los préstamos, afincándose poco a poco el poder inglés en estas tierras, en una relación de dominio que se extenderá hasta la entrada del siglo XX.
Sólo nueve diputados. Así, como coletazo español, se abrían puertas, se concedían beneficios, nacían nuevas instancias de poder, aunque en algunas ocasiones más como propaganda que como realidad. Fue el caso de la supuesta igualdad concedida por la Junta Central a los criollos: al nombrar sus delegados para constituir el gobierno provisional de la Metrópoli, sólo fueron reconocidos nueve diputados, mientras por las provincias de España participaban 36 (a pesar de tener una población numéricamente igual a la española).
Era una ‘injusticia’ que alimentaría debates, tanto en Madrid como en los cabildos y Juntas constituidas en cada Virreinato y Capitanía. El documento que resume las aspiraciones criollas es el Memorial de agravios, que no fue aceptado por el cabildo de Santafé y terminó archivado. Sólo años después saldría a la luz pública. Quejas muy parecidas, respecto a la metrópoli, presentaría Francisco Antonio Zea en la Junta Central: “[los españoles americanos vivimos] olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos de la monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la ilustración” (4).
Mientras esto sucedía, el ejército francés penetró más hondo en territorio español. Venció en las batallas de Ocaña, Alba de Torrens y Tamaniz. El agobio ahora para los criollos cambió: ¿aceptarían el dominio francés en América? Una angustia mayor para los grandes propietarios y esclavistas, sabedores de que la Revolución Francesa había abolido la esclavitud, definiendo como laico al Estado y teniendo como piso la igualdad.
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