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Hacia dónde apunta la Nueva Ley de Educación Superior

Hacia dónde apunta la Nueva Ley de Educación Superior

Intenciones de la nueva ley de educación superior

Con ocasión de la propuesta de reforma financiera de la Ministra del gobierno anterior, Funcomisiones planteó que, si bien es cierto que el Gobierno había dado pasos de gigante en la estructuración de una educación superior al servicio de sus intereses, ello no quería decir que el proceso fuera homogéneo en todo el sistema educativo. Hoy es claro que una de las intenciones de la Nueva Ley de Educación Superior es precisamente viabilizar en forma más consistente y homogénea el conjunto de su modelo de educación superior. Ello no significa que hayan abandonado la idea de estratificación de las universidades, de acuerdo a los procesos productivos locales y regionales y los intereses políticos de las clases dominantes; implica que dotar de un marco jurídico-político a la educación superior es la mejor manera que tienen para que la educación, el desarrollo de conocimiento, la ciencia y la tecnología estén en función de las locomotoras, la reconversión del sector productivo nacional, y en función además de la vocación productiva de cada región.

Desde hace poco más de 10 años venimos insistiendo en que las clases dominantes quieren mercantilizar la educación y hacer que la Universidad funcione como una empresa, pero nunca en los años precedentes se presentó la posibilidad de que estas ideas estuvieran plasmadas en una ley. Vale la pena recordar que hace dos años decíamos que “en la educación pública superior han implementado reformas académicas administrativas de la mano de la criminalización del Movimiento Estudiantil Universitario, y ahora avanzan en modificar el modelo de asignación de recursos, pues consideramos es la pata que les hace falta”. Hoy le apuntan a sancionar un nuevo marco jurídico-político que les permita avanzar estratégicamente en la aplicación de su modelo de Universidad. Al constituirse la nueva ley, las universidades no podrán hacerles el quite a sus planteamientos políticos fundamentales, pues éstos serán de obligatorio cumplimiento.

Es erróneo plantear que quieren desaparecer las universidades. Lo que quieren es acabar con la esencia de la Universidad. El derecho a la educación, garantizado con recursos del Estado, se supedita a un problema macroeconómico. La educación superior pública quedará suscrita a criterios de rentabilidad, expuesta a las normas del mercado. El carácter público, con la imposición de una nueva Ley de Educación, queda eliminado. Los aspectos misionales de la educación superior transitarán más claramente del desarrollo social a la acumulación privada, del derecho al servicio, de la autonomía al control político, del carácter emancipatorio a la índole dependiente. Lo estatal será apenas una ficción, pues el Estado no garantizará infraestructura, salarios, profesores y personal administrativo, como tampoco la inversión que requiera para su desarrollo. Se dejará en manos de entes privados. Es preciso recalcar que la nueva Ley de Educación Superior dejará expuesta la educación como un servicio negociable, como mercancía reglamentada por las leyes del mercado.

Por supuesto, la autonomía universitaria resulta muy lesionada, y sin ella la esencia de la Universidad como centro académico de debate y lucha de ideas será la mayor pérdida que pueda tener el pueblo colombiano en lo educativo. El papel que deben tener los estamentos en la Universidad, respecto a la definición del rumbo en materia académica, política y administrativa, sencillamente quedará relegada de una vez por todas a los intereses del sector privado, a los intereses macroeconómicos y el papel que juega Colombia en el marco internacional.

La consolidación de este modelo de universidad para las clases dominantes les ha implicado pasar del ensayo a ordenar y sistematizar sus directrices, orientaciones y cambios normativos. Hoy nos encontramos en un nuevo estadio, la configuración de un sistema de educación superior que les garantiza el control político y administrativo, la conformación de un nivel de tecnócratas al servicio de sus intereses, y una masa de jóvenes que alimenten el mercado laboral en niveles técnicos y tecnológicos. En suma, se presenta el avance estratégico en la consolidación de un sistema de educación superior que les permite transitar por la consolidación del “mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.

Es en este orden de ideas que, para el régimen, el análisis de la atrofia de la pirámide ocupacional vs. la educacional es una de sus grandes preocupaciones o cuellos de botella, como lo han denominado. Avanzar en invertir esta relación es una necesidad para seguir en su camino de consolidación un sistema de educación estrechamente ligado con su modelo productivo y de país que han venido consolidando, la hoy llamada ‘prosperidad democrática’.

Universidad para la inserción en el mercado laboral

Debido a la profunda transformación del sector productivo en el marco del avance del proyecto de país de las clases dominantes, hoy existe una gran diferencia entre lo que ofrece el Sistema de Educación Superior y las necesidades del mercado laboral. Algunas de las cosas que implica atender a este cambio son:

Una educación superior que corresponda a la reconversión productiva. Es decir, que resuelva la atrofia entre la pirámide ocupacional y la pirámide educativa, que se gradúen proporcionalmente egresados según la oferta ocupacional del mercado laboral colombiano.
 
Mano de obra calificada y funcional al mercado regional y nacional. De cara a los TLC que se abren paso por gestión de Santos, se busca preparar mano de obra suficiente para atender la demanda de trabajadores calificados para el desarrollo de tareas en Colombia.

Universidades con gobiernos universitarios tomados por el gobierno central y en función de intereses particulares, el proyecto de las clases dominantes. Se quiere profundizar el control del gobierno central en los organismos de gobierno universitario, con el fin de realizar control político y académico y con la perspectiva de crear espacios suprauniversitarios donde el sector productivo defina perfiles profesionales y enfoques curriculares, todo bajo la garantía del Estado colombiano.

Una universidad acallada. Esto pasa necesariamente por el continuo debilitamiento del movimiento universitario mediante su criminalización y mezclado con la descomposición de la universidad. Esta descomposición implica procesos de jibarización, lumpenización de los claustros a través del microtráfico, trata de blancas y prostitución, entre otros.

Educación inmersa en el mercado de servicios

La consecuencia principal de la aprobación de esta propuesta de ley es la inserción de la educación superior en el mercado de servicios o, dicho de otro modo, su mercantilización. Esto conformaría un mercado de la educación superior en Colombia cuyos actores son las instituciones de educación superior públicas o privadas, universitarias o técnicas y tecnológicas. Este mercado obraría por medio de la “libre competencia”, pues sería un mercado desregulado y entraría a jugar las normas aplicadas previamente a esta ley. A continuación, algunos de las consecuencias fundamentales.

Se eliminaría la función pública en la educación y se impondría una nueva función social. Se conformaría un mercado de actores cuyo único diferenciador serían los instrumentos de medición de calidad implementados, como los registros calificados, los resultados de las pruebas “Saber Pro”, la acreditación institucional. Todo ello como expresión de la eliminación de lo público en la educación, pues el sistema lo sería de instituciones diferenciadas por calidad, no por ser públicas o privadas que compiten en “igualdad de condiciones” por recursos y por clientes.

En esta propuesta no se trata de precarizar a la universidad pública con el congelamiento o la reducción real de recursos; se trata de alentarla para que se arroje a las manos del capital privado con el objetivo de conseguir los recursos que permitan su desarrollo u obligarla a relegarse si se queda esperando esos recursos que no provendrán del Estado. En ese sentido, Santos ha sido claro en decir que de fuentes privadas provendrán los recursos para el desarrollo de la universidad pública y que las universidades no se pueden negar a eso.

Insertar la educación en el mercado de servicios y conformar el mercado de educación superior colombiano. Se trataría como cualquier mercancía a la educación, entrándose a regir por la “libre competencia” y la libertad de inversión del sector privado.

Estratificación de las instituciones de educación superior. Se busca perfilar unas universidades de primera línea para la investigación y la innovación con todos los niveles educativos; otras instituciones, en segunda línea, para la educación técnica, tecnológica y de algunos pregrados. Y, finalmente, instituciones que cualifiquen la mano de obra a través de cursos, educación no formal o educación para el trabajo. Diferente calidad, diferente financiación, diferentes perfiles de los estudiantes y diferentes tipos de egresados, con diferentes oportunidades para la inserción al mercado laboral. Este modo de estratificar las instituciones limita la educación como medio de movilidad social, pues profundiza aún más la elitización de los estudiantes universitarios, dejando una educación “rica para ricos” y otra “pobre para pobres”.

Universidades con ánimo de lucro. Se crea la figura de universidades con ánimo de lucro, lo cual de tajo abre la puerta para la entrada de Transnacionales de Educación Superior con su consecuente impacto en la calidad y en la oferta de programas. Pone de manifiesto la intención de abrir el mercado de la educación superior colombiano al capital especulativo transnacional. La entrada de estos actores a países como México han traído consecuencias como la baja en la calidad de los programas ofrecidos para abaratar costos, así como la sobreoferta educativa en programas de baja inversión en infraestructura, así como programas que tienen mucha demanda pero ofreciéndolos con baja calidad.

Instituciones mixtas público-privadas. Se abre la puerta, además, a la conversión de las universidades públicas en instituciones con inversión extranjera. Seguramente las universidades con problemas financieros pensarán en esta opción como algo viable. Además de los ya existentes altos niveles de autofinanciación a través de venta de servicios, se ve en el horizonte la posibilidad de que las universidades pasen por este proceso para evitar irse a ley de quiebras, como sucedió con la Universidad del Atlántico, pero con resultados similares o peores en cuanto a pérdida de la autonomía universitaria. Esto nos lleva al siguiente elemento.

Universidades que hayan perdido su esencia.
Es decir, que siendo el sector privado el ‘inversor’, sea obviamente el que también disponga qué se dicta en los currículos, qué se investiga, qué se publica, qué oferta educativa se requiere. Cercenando la autonomia universitaria, llevando a su fin el papel que ha tenido la universidad en la construcción de la sociedad, su papel crítico, autónomo e independiente de los regímenes de turno, la posibilidad de aportarle al desarrollo nacional estaría tocando a su fin.

Una universidad pragmática en una lógica mercenaria y que se venda al mejor postor. Esta es probablemente una de las consecuencias más graves de este cambio en la Educación Superior, pues el carácter popular de la educación queda amarrado al subsidio a la demanda. Lo democrático desaparecerá sencillamente, dado que los contenidos impartidos y aprendidos no apuntarán a elevar la conciencia nacional y no estarán en concordancia con la realidad social y las necesidades del pueblo colombiano. Así como las universidades no tendrán más criterio que el de la rentabilidad a la hora de definir políticas de investigación y extensión.

Este es el panorama que se nos presenta con la Nueva Ley de Educación Superior, ante lo cual planteamos que es necesario avanzar en proponer un modelo alternativo de universidad que se pueda contraponer al modelo que vienen imponiendo las clases dominantes en la universidad colombiana.

*    Ministerio de Educación Nacional.Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, abril de 2008, p. 9.

http://www.funcomisionesmodep.org/.
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