El 11 de agosto. Esa mañana, el pueblo exigió que el Virrey y la Virreina fueran conducidos a la cárcel, pero la Junta dilató la respuesta. Para el 13, la presión era insostenible. La Junta se vio obligada a aceptar. El Virrey y la Virreina pasaron a la cárcel común, en medio del tumulto popular. “Hasta este momento, la oligarquía criolla había disimulado el espíritu de casta que informaba al gobierno constituido el 20 de julio, pero los acontecimientos del 13 de agosto se encargaron de desprestigiar las actitudes contemporizadoras de la ‘nobleza criolla’”.
14 de agosto. La nobleza contraataca con una concentración en la Plaza Mayor y exige la libertad de los virreyes, que es concedida. Sin ocultar sus verdaderos intereses, el vicepresidente Pey hace un gran elogio del Virrey y la Virreina Al día siguiente, con la protección de los patricios locales, y de manera subrepticia –mientras Carbonell y sus compañeros organizan una nueva marcha en demanda de regresarlos a la cárcel–, Amar y Borbón, y su esposa, con sigilo, salen de la ciudad con rumbo a Madrid.
El Virrey se escapa. Sin el Virrey en la ciudad, la Junta de Gobierno siente libertad para retomar la iniciativa. Ese mismo 15 allana la sede del club revolucionario en San Victorino y toma prisioneros a José María Carbonell, al escribano don Manuel García y don Joaquín Eduardo Portón, “por haber hablado con imperio y haber sido causa que pusieran al Virrey en la cárcel y a la Virreina en El Divorcio” (el convento que servía de cárcel para mujeres).
Antonio Nariño, pos cárcel. La siguiente persona que sintió el efecto de la oligarquía al frente de los destinos de Santafé fue Antonio Nariño. Tras varios meses de prisión en las cárceles de la Inquisición en Cartagena, no encontraba apoyo para regresar a su ciudad. Se evidenciaba así el temor de las oligarquías con él, que hicieron todo lo posible para dilatar su regreso, que por fin pudo concretar en diciembre.
También los indios. Los terceros en padecer a los mezquinos, ahora con todo el poder, fueron los indígenas. El 24 de septiembre de 1810 se decretó la abolición de sus resguardos. Una medida explica por qué “los indios miraran con profunda desconfianza las actividades de un gobierno que se inauguraba como actor de tan franca hostilidad contra ellos”. Esta determinación usurpadora le permite al recién constituido Partido español afianzarse en las provincias donde era mayor la diversidad de la población aborigen, consecuencia funesta a la hora de la guerra libertadora, en especial, para el momento de la reconquista española del general Morillo, cuando no hay apoyo social para la revolución y sí para el Rey.
A la par, se suprime la Ley de Indias, que instituía una jornada de trabajo de 8 horas, descanso dominical remunerado y salario mínimo. Hubo que esperar más de un siglo para recuperar tales derechos, ahora para toda la población. El elitismo y el miedo al pueblo tenían aspectos más profundos.
26 de diciembre. De la mano de Camilo Torres, y como prolongación de la Colonia, en que los puestos del Cabildo se compraban, se decretó el voto sólo para los pudientes; para quienes demostraran poseer propiedades. En contravía, Nariño, recién llegado a la ciudad, defendía el voto universal, posible de ejercer por “todo ciudadano en el ejercicio de sus funciones […] y todo el que vota debe tener opción a ser elegido”. Como cierre de toda esta andanada conservadora, se pone en práctica la censura de prensa. Apresan a uno de los tres tipógrafos que había en la ciudad, y recogen las hojas que cuestionaban la forma como se gobernaba. Sin duda, el temor de los oligarcas no tiene límite.
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