A comienzos del mes de abril la alcaldía del municipio de Soacha promovió una particular estrategia para identificar a las familias que necesitan ayuda por la emergencia social del coronavirus: la instalación de banderas rojas en las viviendas. Pronto este símbolo se ha extendido por todos los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá. En la última semana, más exactamente a partir del día 14 de abril, los trapos rojos cambiaron su sentido. Han pasado de las fachadas, puertas y ventanas de las viviendas a las manos de desplazados, desempleados y trabajadores informales que se toman las vías de la ciudad exigiendo el apoyo del gobierno durante la cuarentena.
Los manifestantes desobedeciendo el mandato gubernamental de quedarse en casa, han protagonizado una fuerte jornada de bloqueos, cacerolazos y confrontaciones con la Policía en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santafé. Las causas de este estallido social van más allá de la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19, obedeciendo a elementos estructurales de la sociedad colombiana.
Una primera razón, se encuentra en la profunda desigualdad social existente en Colombia. El país ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de desigualdad siendo su ingreso distribuido de la siguiente manera: el 1% de sus habitantes es dueño del 20% de los ingresos económicos nacionales mientras el 40% sobrevive con menos de 12.000 pesos al día. Por otra parte, en Colombia perdura una política elitista y colonial que desprecia a su pueblo, ya que en palabras de William Ospina “aquí siempre existió la tendencia a dejar a las muchedumbres en la pobreza y en el abandono, y correr a esconder a los pobres cuando el mundo venía a visitarnos”. Esto ha configurado una forma de gobierno que niega los derechos humanos de los pobres y promueve acciones de control estatal a sus espacios y actividades. Para la política tradicional las clases populares son una amenaza a la seguridad y no ciudadanos que gocen de los beneficios de la democracia.
Aunque desde los primeros días de la cuarentena fue lanzado por la alcaldía el programa Bogotá Solidaria en Casa para atender a las personas más vulnerables de la ciudad, consideramos que persisten elementos elitistas en esta estrategia. Las clases populares han señalado esta contradicción diciendo a las autoridades: “si no nos mata el coronavirus nos mata el hambre”. Este grito cuestiona la existencia de un lenguaje de clase media sintetizado en la frase “quédate en casa” que ignora, por un lado, las condiciones de hacinamiento y pésima infraestructura de las viviendas, el trabajo informal y la configuración de tejidos comunitarios de supervivencia con base en los paisanos, familiares, compadres y vecinos. Todos estos factores motivan la salida de las personas de sus casas, siendo más adecuado decir, como lo propone Raúl Zibechi, quédate en tu barrio.
Por otra parte, evidencia los errores de una estrategia de donación de dinero y alimentos sin intermediarios, ya que con la buena intención de limitar el clientelismo fue desconocido el papel que tienen las organizaciones populares en la priorización de los recursos a los más necesitados. Las demoras en la entrega de los apoyos económicos o mercados obedecen a esta concepción. Se ignora que son los líderes sociales y no los funcionarios del DANE quienes conocen el territorio.
Los gobiernos –nacional, distrital y local– y los ciudadanos en general deben escuchar la movilización de las banderas rojas, extrayendo de allí valiosos aprendizajes sobre la cuarentena y la acción política.
Uno de ellos consiste en comprender que la voluntad de vivir es una fuente vigorosa de poder político. El deseo de vida ha llevado a los habitantes de las periferias a desafiar las adversidades, el dolor y la muerte, enseñándonos que es la vida y no la acumulación de dinero y poder el valor supremo de la humanidad. También, nos recuerdan la posición central que deben tener las clases populares en los planes, programas y acciones de las instituciones estatales. Dicha política desde abajo no debería preocupar a los demás grupos sociales –en espacial a las clases medias–, ya que como señala Enrique Dussel “la mera reproducción de la vida del pobre exige tales cambios que, al mismo tiempo, produce el desarrollo civilizador de todo el sistema. Afirmación de vida de la víctima es crecimiento histórico de la vida toda de la comunidad. Es a través de la solución de las insatisfacciones de los oprimidos, los últimos, que los sistemas históricos han progresado”.
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