Los campesinos e indígenas continúan con las movilizaciones a pesar del anuncio de los transportistas de levantar el paro nacional
Los grupos indígenas y organizaciones sociales de Ecuador han decidido mantener las protestas por el alza del precio de las gasolinas decretada por el Ejecutivo. A media tarde de este sábado, había 47 militares retenidos por grupos indígenas en Alausí, en la provincia de la sierra andina de Chimborazo. A la vez, la confederación indígena Conaie ha enviado un comunicado donde declara el estado de excepción en sus territorios ante la “brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública” y en “ejercicio de su derecho a la autodeterminación”.
Los militares están retenidos hasta que el Gobierno derogue el decreto en el que se suprime la ayuda estatal a la gasolina diésel y extra. Son nueve oficiales y 38 voluntarios, confirman fuentes militares. También hay cinco policías. Tenían la misión de reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur, que está bloqueada en varios puntos, según recoge el diario local El Comercio. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial.
A diferencia de los transportistas, quienes anunciaron este viernes el levantamiento del paro nacional, el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares ya habían asegurado que continuarán con las movilizaciones y con la convocatoria de huelga general para el próximo 9 de octubre hasta que el presidente Lenín Moreno rectifique y reinstaure el subsidio a los combustibles.
“Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, juventud estudiosa, jubilados y amas de casa a unirnos este miércoles 9 de octubre a la gran huelga nacional y paro del pueblo para combatir el paquetazo neoliberal con el cual premiaron a la oligarquía y al FMI en contra de los trabajadores y el pueblo”, ha convocado Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores, por escrito. El bloqueo de carreteras, la falta de transporte público y los enfrentamientos con las autoridades se han mantenido este sábado, aunque en un ambiente menos violento, hasta la retención de los militares, que durante las dos primeras jornadas de las protestas.
Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción en todo el país para desplegar a policías y militares en los puntos más conflictivos con el objetivo de impedir el cierre de carreteras por parte de los manifestantes. “Con estado de excepción o sin estado de excepción, no nos van a amedrentar las amenazas de prisión para los luchadores sociales que buscamos un cambio”, ha advertido el colectivo que representa a indígenas y trabajadores, en referencia a los 350 arrestados en dos días y la detención de varios dirigentes de los transportistas. La paralización de servicios públicos en Ecuador está castigada en el Código Penal con hasta tres años de cárcel.
Como los transportistas, las organizaciones sociales están en contra de que se retire el subsidio estatal a las gasolinas diésel y extra, aprobado por el Gobierno con el fin de que el Fisco se ahorre 1.400 millones de dólares anuales. La medida, que está en vigor desde el jueves pasado, y que ha sido ratificada en varias ocasiones por el Ejecutivo es parte de un paquete de ajustes económicos con los que el mandatario ecuatoriano quiere corregir las estrecheces fiscales que han ido asfixiando su gestión desde hace casi dos años y medio.
Además del paquete de incentivos fiscales para los sectores productivos, la propuesta de Moreno introduce nuevas modalidades de contratación laboral temporal que también han inquietado a las organizaciones sindicales. Sin embargo, el punto de mayor fricción es la eliminación de la ayuda estatal al consumo de gasolinas. “No permitiremos el alza de los pasajes”, han reprochado los manifestantes. “Nuestra lucha va mucho más allá del paquetazo; es también por un gobierno popular que atienda las necesidades de las mayorías”. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, ha reconocido que se está estudiando una “revisión técnica al alza” de los pasajes de transporte público interurbano e interprovincial.
Pese al anuncio del cese de movilizaciones de los gremios transportistas, el servicio no se ha normalizado completamente en varias ciudades del país. En Quito y en Guayaquil, las dos más pobladas, aún había rutas internas suspendidas y la venta de billetes no se ha restablecido para todas las líneas. Además, el municipio de la capital ha emitido un comunicado aclarando que los precios de los billetes aún no han sido modificados oficialmente, para contrarrestar el encarecimiento irregular que ya ha comenzado a detectarse.
Guayaquil 5 OCT 2019 – 18:42 COT
Ecuador: crece la bronca con Moreno y el FMI
El movimiento indígena, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores de Ecuador convocaron a un paro nacional, mientras mantienen las movilizaciones en todo el país. Exigen que el presidente, Lenin Moreno, dé marcha atrás con la liberación del precio de combustibles y las medidas de ajuste que impulsó su gobierno , con el aval del FMI. Todavía rige el estado de excepción, decretado por Moreno, para que las Fuerzas Armadas contengan la protesta social.
Continúan las movilizaciones y cortes de calles y rutas en todo el territorio ecuatoriano. La protesta social desembocará en un jornada de paro nacional anunciada para el miércoles próximo, según informó el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio. “Las organizaciones sociales ratificamos la convocatoria para la gran huelga nacional el próximo 9 de octubre, sin dejar de renunciar a las actividades que se están dando en las diferentes provincias”, expresó en diálogo con Telesur. Por su parte, el presidente de la FUT, Mesías Tatamuez, subrayó la indignación del pueblo ecuatoriano contra las medidas anunciadas por Moreno y planteó que ese paquetazo es un premio a empresarios, a la banca, y cumple las recetas del Fondo Monetario Internacional.
En el mismo sentido se manifestaron los pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). “Hemos convocado a la movilización nacional indefinida. Hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional”, explicó el presidente de la agrupación Jaime Vargas. Pero ese no es el único reclamo que tienen los pueblos originarios ecuatorianos. “La Conaie protesta también contra la minería, la explotación petrolera y en defensa del derecho a la justicia indígena, por la educación intercultural bilingüe”, aseguró Vargas.
El martes Lenin Moreno decretó la liberación del precio de los combustibles, lo que generó aumentos de hasta el 123 por ciento. El precio del galón (casi 4 litros) de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina “extra”, la de mayor consumo en el país, aumentó de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción. La medida generó movilizaciones en todo el país, que fueron fuertemente reprimidas por la policía. El saldo hasta el momento, según datos oficiales, es de 379 detenidos.
Desde el miércoles se desarrolló un paro de transporte que fue levantado en el día de ayer, luego de que entidades representantes del sector entregaran un petitorio al gobierno para que permita el aumento de tarifas. De esa manera buscan aliviar los efectos de la suba en el precio de los combustibles. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, había indicado que se analizaba recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para lograr un equilibrio en el precio. El Ejecutivo controla el costo de pasajes de autobuses interprovinciales, mientras que el de los urbanos y de taxis corresponde a los municipios.
El líder de la Conaie, la mayor organización ancestral del país, se mostró molesto por la decisión de los transportistas. “No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va por ese camino”, afirmó Jaime Vargas. Las agrupaciones de pueblos originarios están en coordinación con estudiantes, jubilados, campesinos, agricultores y artesanos, así como sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales, aseguró Vargas.
Desde el viernes rige en Ecuador el estado de excepción, decretado por Lenin Moreno. El líder de la Conaie aseguró que no sienten temor por lo que podría generar esta medida. “Los que creen que están bien, tendrán miedo, pero los que sentimos que están atropellando nuestros derechos, con o sin estado de excepción, la resistencia continúa”, subrayó.
La Asamblea Nacional espera que el ejecutivo envíe en breve el proyecto de ley donde se determinen nuevos ajustes, entre ellos una reforma tributaria y laboral. Una vez ingresado, el proyecto será tratado por la Asamblea donde Moreno perdió la mayoría por su ruptura con los legisladores de Revolución Ciudadana, que responde a Rafael Correa. Desde este partido ya manifestaron que no apoyará la reforma económica. “Nuestro partido jamás se prestará para retroceder en derechos en contra de los trabajadores”, afirmó el legislador Juan Lloret. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el proyecto que ingresará con carácter de urgente. En caso de no obtener su aprobación, la Constitución permite al ejecutivo publicar la ley mediante un decreto.
Página12
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