Introducción
Las discusiones electorales suelen desarrollarse alrededor de promesas, liderazgos o identidades políticas. Sin embargo, desde la economía política y la historia económica, la cuestión fundamental no consiste en determinar si los objetivos perseguidos por un programa de gobierno son deseables, sino en establecer si los instrumentos propuestos poseen la capacidad real de alcanzarlos. La experiencia histórica demuestra que numerosas propuestas gubernamentales fracasan no porque sus metas sean equivocadas, sino porque existe una contradicción entre los resultados que prometen y los mecanismos que pretenden utilizar para producirlos (Polanyi, 1944/2017; Hirschman, 1958). En consecuencia, el análisis riguroso de un programa económico exige trascender la valoración política inmediata para examinar su consistencia interna, su coherencia teórica y su correspondencia con la evidencia empírica disponible.
El programa denominado “Colombia Patria Milagro” se presenta como una propuesta orientada a reconstruir la prosperidad económica, fortalecer la seguridad, recuperar la confianza institucional, transformar el campo, mejorar el acceso a la salud, ampliar las oportunidades educativas y elevar el bienestar general de la población. Tales objetivos difícilmente podrían ser cuestionados en una sociedad que enfrenta elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, concentración de la riqueza, rezagos territoriales y persistentes déficits en la garantía de derechos sociales (DANE, 2024b; World Bank, 2024a). No obstante, el análisis económico exige evaluar si los instrumentos planteados guardan correspondencia con dichos objetivos.
Una lectura integral del programa permite identificar una tensión estructural. Mientras se propone incrementar la capacidad de respuesta del Estado en ámbitos tan diversos como la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, el desarrollo rural, la atención a las mujeres y la modernización productiva, simultáneamente se plantea reducir el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte, disminuir la carga tributaria sobre el sector productivo, vender activos públicos, desarrollar una amplia estrategia de desregulación económica y generar un ahorro estructural equivalente al 3,1 % del producto interno bruto. Lejos de constituir medidas complementarias, estas propuestas responden a concepciones diferentes y, en varios aspectos, contradictorias sobre el papel del Estado en el proceso de desarrollo (Chang, 2002; Rodrik, 2011).
La hipótesis que orienta este ensayo sostiene que el programa económico de la denominada “Colombia Patria Milagro” (De la Espriella, 2026) no enfrenta principalmente un problema de viabilidad financiera, sino una contradicción teórica más profunda. Mientras sus objetivos de crecimiento, prosperidad, seguridad y bienestar requieren mayores capacidades estatales, inversión pública estratégica, coordinación institucional y fortalecimiento de la demanda agregada, los instrumentos seleccionados para alcanzarlos descansan en una lógica de austeridad fiscal, reducción estatal, disminución tributaria y ampliación de los espacios de autorregulación del mercado. Esta tensión reproduce una paradoja recurrente en la historia económica contemporánea. Se pretende alcanzar resultados asociados a experiencias de desarrollo lideradas por Estados fuertes mediante herramientas que históricamente han tendido a restringir la capacidad de intervención estatal necesaria para producir dichos resultados (Evans, 1995; Wade, 2004; Chang, 2002).
La relevancia de esta contradicción se hace más evidente cuando se examinan las referencias internacionales utilizadas para justificar las metas económicas propuestas. El programa plantea como objetivo alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 7 % anual y menciona como referentes los casos de Corea del Sur y Singapur. Sin embargo, la evidencia histórica disponible muestra que ninguno de estos países construyó sus procesos de transformación económica mediante estrategias de reducción estatal o austeridad permanente. Por el contrario, ambos casos estuvieron caracterizados por elevados niveles de planificación económica, intervención pública, financiamiento estatal, protección selectiva de sectores estratégicos, expansión masiva de la educación e importantes inversiones en infraestructura física y tecnológica (Amsden, 1989; Wade, 2004; Rodrik, 2011). El denominado milagro asiático no surgió de la retracción del Estado, sino de su fortalecimiento como agente coordinador del desarrollo.
La experiencia comparada también permite cuestionar uno de los supuestos implícitos más importantes del programa, según el cual la reducción del tamaño del Estado constituye una condición necesaria para acelerar el crecimiento económico. La evidencia histórica e internacional muestra que los procesos más exitosos de desarrollo han estado asociados no a la retracción del Estado, sino al fortalecimiento de sus capacidades económicas e institucionales.
Una situación similar puede observarse en materia tributaria. Según las estadísticas más recientes de la OCDE, Colombia registró en 2023 una relación impuestos-producto interno bruto de 22,2 %, mientras que el promedio de la organización alcanzó 33,9 % (OECD, 2025b). Esto significa que el Estado colombiano dispone de una capacidad de recaudo significativamente inferior a la de las economías desarrolladas. En consecuencia, cualquier propuesta orientada a disminuir aún más la tributación enfrenta una pregunta fundamental que el programa no responde de manera satisfactoria. ¿Cómo financiar simultáneamente mayores inversiones en seguridad, salud, educación, infraestructura, desarrollo rural y modernización productiva reduciendo al mismo tiempo la principal fuente de ingresos del Estado?
La discusión central, por tanto, no consiste en determinar si Colombia necesita crecer, fortalecer su seguridad, mejorar su sistema educativo o transformar su estructura económica. Tales objetivos constituyen necesidades ampliamente reconocidas. El verdadero debate radica en establecer si los instrumentos propuestos poseen la capacidad real de producir esos resultados o si, por el contrario, reproducen una concepción económica que atribuye al mercado funciones que la experiencia histórica ha demostrado insuficientes para resolver los desafíos estructurales del desarrollo (Polanyi, 1944/2017; Evans, 1995; Rodrik, 2011). Desde esta perspectiva, el análisis del programa “Colombia Patria Milagro” permite examinar una cuestión mucho más amplia sobre los límites de la austeridad como estrategia de crecimiento y sobre la persistencia de una visión económica que continúa proponiendo la reducción de las capacidades estatales en contextos donde precisamente dichas capacidades constituyen una condición necesaria para el desarrollo.
El mito del Estado sobredimensionado
Uno de los pilares argumentativos del programa consiste en afirmar que Colombia requiere una reducción sustancial del tamaño del Estado para recuperar el crecimiento económico, ordenar las finanzas públicas y liberar recursos hacia la actividad privada. Esta idea posee una larga tradición dentro de la economía ortodoxa y parte de una premisa aparentemente simple. Cuanto menor sea la participación estatal en la economía, mayores serán los incentivos para la inversión privada, la eficiencia económica y la generación de riqueza. Sin embargo, cuando esta hipótesis es contrastada con la evidencia histórica e internacional, sus fundamentos resultan considerablemente más débiles de lo que suele sugerir el debate político (Polanyi, 1944/2017; Chang, 2002; Rodrik, 2011).
La primera dificultad consiste en definir qué significa realmente que un Estado sea demasiado grande. En el discurso político esta afirmación suele presentarse como una verdad evidente, aunque pocas veces se explica con precisión qué indicadores permiten sostenerla. El programa propone reducir el tamaño del Estado colombiano hasta en una cuarta parte, fusionar entidades públicas, disminuir la burocracia y generar un ahorro estructural equivalente al 3,1 % del producto interno bruto. Sin embargo, antes de discutir la conveniencia de tales medidas resulta indispensable preguntarse si la evidencia empírica muestra efectivamente que Colombia posee un aparato estatal sobredimensionado (Evans, 1995; Wade, 2004).
Los datos disponibles sugieren una conclusión distinta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el empleo público colombiano representa aproximadamente el 12 % del empleo total. Esta cifra se encuentra muy por debajo de la observada en varias de las economías más desarrolladas del mundo. El promedio de la OCDE se sitúa alrededor del 18 %, de modo que Colombia no supera el estándar de la organización: se ubica claramente por debajo de él. Los países nórdicos marcan el extremo de lo posible, no el promedio. En Noruega el empleo público supera el 30 % de la fuerza laboral, en Suecia alcanza cerca del 29 %, en Dinamarca se aproxima al 28 %, en Finlandia supera el 24 % y en Francia ronda el 21 %. Incluso países caracterizados por altos niveles de competitividad internacional, innovación tecnológica y productividad mantienen proporciones de empleo estatal significativamente superiores a las colombianas (OECD, 2025a).
Estos datos son relevantes porque muestran que la capacidad institucional de una economía moderna no depende de la reducción permanente de su aparato público. Por el contrario, los países con mejores indicadores de desarrollo humano, innovación, educación y bienestar social son precisamente aquellos que disponen de mayores capacidades estatales para intervenir en la economía, financiar bienes públicos y garantizar derechos sociales (Evans, 1995; Rodrik, 2011).
La situación resulta aún más evidente cuando se examina el gasto social. De acuerdo con la base de datos Social Expenditure Database de la OCDE, el gasto social público promedio de los países miembros supera actualmente el 21 % del producto interno bruto. Francia destina más del 31 %, Finlandia cerca del 29 %, Alemania alrededor del 26 % y Dinamarca más del 25 %. Colombia, por el contrario, registra niveles cercanos al 15 % del PIB, ubicándose entre los más bajos de toda la organización (OECD, 2024a). La diferencia con el promedio de la OCDE supera los seis puntos porcentuales del producto, lo que equivale aproximadamente a más de 100 billones de pesos anuales a precios actuales.
Esta comparación resulta fundamental porque permite cuestionar una de las premisas centrales del programa. Si los países que lideran los indicadores de desarrollo humano, productividad, innovación y bienestar mantienen Estados sociales considerablemente más robustos que el colombiano, resulta difícil sostener que el principal obstáculo para el desarrollo nacional sea un exceso de gasto social o una sobredimensión de las capacidades públicas. La evidencia apunta en una dirección diferente. Podría objetarse que esta correlación se explica al revés, esto es, que los países se dotan de Estados mayores porque ya son ricos y demandan más bienes públicos, según la ley de Wagner. La secuencia histórica, sin embargo, desmiente esa lectura: en los casos asiáticos la inversión pública en educación e infraestructura precedió al despegue del ingreso en lugar de seguirlo, lo que sugiere causa y no mero acompañamiento. Colombia enfrenta más bien un déficit histórico de inversión pública en áreas estratégicas para el desarrollo (OECD, 2024a; Evans, 1995).
La propia estructura tributaria confirma esta interpretación. En 2023 Colombia registró una presión fiscal equivalente al 22,2 % del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, situado en 33,9 % (OECD, 2025b). La diferencia, cercana a 199 billones de pesos anuales, revela una capacidad de movilización de recursos significativamente inferior a la de las economías desarrolladas y permite dimensionar las restricciones que enfrenta el Estado para financiar procesos sostenidos de transformación productiva, infraestructura, innovación y garantía de derechos.
En consecuencia, la discusión sobre la reducción de impuestos no puede analizarse de manera aislada. Una economía que recauda once puntos porcentuales del PIB menos que el promedio de las economías desarrolladas enfrenta restricciones objetivas para financiar infraestructura, investigación científica, educación superior, salud pública, sistemas de cuidado y desarrollo territorial. Reducir aún más la capacidad de recaudo implica profundizar un problema estructural que ya existe (OECD, 2025b).
La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa la composición de la tributación colombiana. Los informes de la OCDE sobre América Latina muestran que cerca del 49 % de los ingresos tributarios de la región provienen de impuestos al consumo, mientras que en los países desarrollados la participación de los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio es considerablemente mayor (OECD, 2024b). Esto significa que una parte significativa de la carga fiscal ya recae sobre consumidores, trabajadores y hogares de ingresos medios, mientras los instrumentos asociados a la tributación progresiva conservan una participación relativamente reducida. En este contexto, disminuir la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos sin fortalecer mecanismos progresivos alternativos puede incrementar la dependencia de impuestos regresivos y profundizar las desigualdades distributivas (Atkinson, 2015; Stiglitz, 2012).
La experiencia histórica latinoamericana también ofrece importantes lecciones sobre las consecuencias de las estrategias orientadas a la reducción del Estado. Entre las décadas de 1980 y 1990 gran parte de la región implementó programas de ajuste estructural inspirados en las recomendaciones del denominado Consenso de Washington. Estas reformas promovieron privatizaciones masivas, reducción del gasto público, liberalización comercial y financiera y disminución de la intervención estatal. Aunque lograron estabilizar variables macroeconómicas afectadas por la crisis de deuda, los resultados en términos de crecimiento fueron considerablemente menos favorables (CEPAL, 2024; Rodrik, 2011).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha documentado que el crecimiento promedio anual de la región pasó de aproximadamente 5,5 % entre 1950 y 1980 a cerca de 2,7 % entre 1990 y 2023 (CEPAL, 2024). En otras palabras, las décadas posteriores a las reformas liberalizadoras no produjeron la aceleración económica que sus defensores habían anticipado. Por el contrario, América Latina continuó exhibiendo elevados niveles de desigualdad, especialización productiva limitada y persistentes dificultades para converger hacia los niveles de ingreso de las economías desarrolladas.
La evidencia acumulada después de la crisis financiera internacional de 2008 reforzó estas conclusiones. Investigaciones desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional mostraron que los multiplicadores fiscales utilizados para justificar programas de austeridad habían sido sistemáticamente subestimados. En numerosos casos, cada dólar recortado del gasto público produjo contracciones económicas superiores a las inicialmente previstas debido a sus efectos sobre el empleo, el consumo y la inversión privada (Blanchard & Leigh, 2013). El propio FMI reconoció posteriormente que la austeridad podía generar costos económicos significativamente mayores que los estimados en los modelos convencionales (IMF, 2012).
El caso de Grecia constituye uno de los ejemplos más ilustrativos. Entre 2010 y 2015 el país implementó algunos de los programas de ajuste fiscal más severos de la historia reciente. Durante ese período el producto interno bruto acumuló una contracción cercana al 25 %, el desempleo superó el 27 % y el desempleo juvenil alcanzó niveles cercanos al 60 % (IMF, 2012). Aunque múltiples factores contribuyeron a la crisis, la experiencia se convirtió en uno de los principales referentes internacionales sobre los límites de la austeridad como estrategia de recuperación económica.
Estas evidencias adquieren especial importancia para Colombia porque el crecimiento económico depende de algo más que la reducción de costos empresariales. Según las cuentas nacionales del DANE, el consumo final de los hogares representa aproximadamente dos terceras partes del producto interno bruto nacional (DANE, 2024a). Esto significa que la expansión económica depende en gran medida de la capacidad de los hogares para consumir bienes y servicios. Cuando el gasto público financia infraestructura, salud, educación, transferencias o inversión territorial, no solamente genera empleo directo, sino que también incrementa ingresos y demanda agregada, estimulando mercados que posteriormente atraen inversión privada (Keynes, 1936/2006; Kalecki, 1971).
La historia económica muestra que los procesos exitosos de desarrollo raramente surgieron de la simple retracción del Estado. Alemania construyó su competitividad industrial mediante una extensa red de instituciones públicas de formación técnica e innovación. Finlandia transformó su estructura productiva a través de fuertes inversiones estatales en educación y tecnología. Corea del Sur financió su industrialización mediante banca pública, crédito dirigido y planificación económica (Amsden, 1989; Wade, 2004). Incluso Estados Unidos desarrolló buena parte de sus innovaciones estratégicas a través de inversión pública en investigación, universidades y programas tecnológicos asociados inicialmente a la defensa nacional (Mazzucato, 2015; NSF, 2024).
La evidencia comparada conduce así a una conclusión distinta a la planteada por el programa. La cuestión central para el desarrollo colombiano no parece consistir en reducir las capacidades estatales existentes, sino en fortalecer aquellas que permitan ampliar la productividad, diversificar la estructura económica, reducir desigualdades territoriales y sostener procesos de transformación productiva de largo plazo. La experiencia histórica de las economías exitosas muestra que el desarrollo no ha sido el resultado de Estados más pequeños, sino de Estados más capaces (Evans, 1995; Wade, 2004; Chang, 2002).
La contradicción fiscal: menos impuestos, menos Estado y más promesas de gasto
Si la reducción del tamaño del Estado constituye el fundamento administrativo del programa, la propuesta tributaria representa su principal soporte económico. A lo largo del documento se plantea la necesidad de disminuir cargas sobre el sector productivo, simplificar la estructura tributaria, reducir regulaciones, adelgazar el aparato estatal y generar un ahorro estructural equivalente al 3,1 % del producto interno bruto. Paralelamente, se anuncian nuevas intervenciones en seguridad, salud, educación, infraestructura, desarrollo rural, atención a las mujeres, vivienda y cultura. Esta combinación de objetivos plantea una pregunta elemental desde la teoría de las finanzas públicas. ¿Cómo puede ampliarse simultáneamente la acción estatal mientras se reducen de manera estructural las fuentes que la financian? (Hirschman, 1958; Rodrik, 2011).
La relevancia de esta pregunta aumenta cuando se examina la estructura fiscal colombiana. Como se ha señalado, el Estado dispone de una capacidad de recaudo considerablemente inferior a la observada en las economías desarrolladas. En consecuencia, cualquier propuesta orientada a reducir ingresos tributarios debe explicar cómo financiará simultáneamente mayores compromisos en seguridad, infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo sin profundizar las restricciones fiscales ya existentes.
La situación resulta aún más significativa cuando se observa la composición del recaudo. Mientras las economías desarrolladas financian una parte importante de sus ingresos mediante impuestos directos sobre la renta y el patrimonio, América Latina continúa dependiendo en gran medida de impuestos indirectos asociados al consumo. Los informes tributarios de la OCDE muestran que cerca de la mitad de los ingresos fiscales de la región provienen de impuestos sobre bienes y servicios (OECD, 2024b). En consecuencia, una proporción importante de la carga tributaria ya recae sobre hogares, trabajadores y consumidores. Esto significa que cualquier reducción adicional de los impuestos empresariales o de renta, si no es compensada mediante mecanismos progresivos alternativos, tiende a profundizar una estructura fiscal regresiva donde quienes poseen menores ingresos terminan aportando proporcionalmente más recursos al sostenimiento del Estado (Atkinson, 2015; Stiglitz, 2012; Piketty, 2014).
Esta realidad adquiere una dimensión particularmente problemática cuando se consideran las metas de ahorro fiscal incluidas en el programa. El documento plantea generar un ahorro equivalente al 3,1 % del producto interno bruto mediante reducción del tamaño estatal, eliminación de programas considerados ineficientes, reorganización institucional y venta de activos. Para comprender la magnitud de esta cifra resulta útil traducirla a valores concretos. Con un producto interno bruto cercano a los 1.700 billones de pesos, el ahorro propuesto equivale aproximadamente a 53 billones de pesos anuales. Se trata de una suma superior al presupuesto anual de sectores estratégicos como agricultura, ciencia y tecnología, cultura, ambiente y vivienda combinados.
Desde una perspectiva estrictamente contable, reducir el gasto puede parecer una estrategia razonable para equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, la economía no funciona como una contabilidad doméstica. Lo que para una familia representa ahorro puede convertirse para una economía nacional en reducción de ingresos, disminución del empleo y contracción de la actividad productiva. Este principio, formulado inicialmente por John Maynard Keynes durante la Gran Depresión, continúa siendo uno de los hallazgos fundamentales de la macroeconomía moderna. Cuando todos los actores intentan ahorrar simultáneamente, la demanda agregada se contrae, las ventas disminuyen, la inversión se desacelera y el crecimiento económico se debilita (Keynes, 1936/2006; Kaldor, 1966; Kalecki, 1971).
La evidencia empírica acumulada durante las últimas décadas ha confirmado reiteradamente este fenómeno. Tras la crisis financiera internacional de 2008, numerosos gobiernos europeos implementaron programas de consolidación fiscal basados en recortes del gasto público bajo el supuesto de que la disciplina presupuestal restauraría la confianza de los mercados y estimularía la inversión privada. Sin embargo, investigaciones posteriores desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional concluyeron que los multiplicadores fiscales utilizados para justificar estas medidas habían sido sistemáticamente subestimados. En muchos casos, cada dólar recortado produjo caídas del producto superiores a las inicialmente previstas debido a la reducción del empleo, del consumo y de la inversión privada (Blanchard & Leigh, 2013; IMF, 2012).
El caso de Grecia constituye probablemente el ejemplo más conocido. Entre 2010 y 2015 el país aplicó uno de los programas de austeridad más severos de la historia contemporánea. Durante ese período el producto interno bruto se redujo aproximadamente un 25 %, el desempleo general superó el 27 % y el desempleo juvenil alcanzó niveles cercanos al 60 % (IMF, 2012). Aunque la crisis griega respondió a múltiples factores, la experiencia se convirtió en una referencia obligada para demostrar que la reducción acelerada del gasto público no garantiza por sí misma la recuperación económica.
Portugal, España e Italia experimentaron procesos similares, aunque menos extremos. En todos los casos la consolidación fiscal permitió mejorar ciertos indicadores presupuestales, pero produjo costos significativos en crecimiento, empleo e inversión. La principal lección derivada de estas experiencias consiste en que la sostenibilidad fiscal no depende únicamente de reducir gastos. También depende de preservar la capacidad de crecimiento de la economía. Una reducción excesiva de la inversión pública puede terminar deteriorando precisamente la base productiva que genera los ingresos tributarios futuros (Blanchard & Leigh, 2013; IMF, 2012).
Esta relación adquiere especial importancia en Colombia debido a la estructura de su economía. Según las cuentas nacionales del DANE, el consumo final de los hogares representa aproximadamente entre el 65 % y el 70 % del producto interno bruto (DANE, 2024a). Esto significa que el principal motor de la actividad económica nacional no son las exportaciones ni la inversión extranjera, sino el mercado interno. Cuando el Estado financia infraestructura, salud, educación, investigación o transferencias sociales, esos recursos no desaparecen. Se transforman en salarios, contratos, consumo, producción y demanda para miles de empresas que operan en los mercados nacionales y regionales (Keynes, 1936/2006; Kalecki, 1971).
Desde esta perspectiva, la afirmación según la cual el crecimiento económico puede acelerarse simultáneamente mediante reducción del gasto, disminución de impuestos y contracción institucional requiere una demostración empírica particularmente sólida. La experiencia internacional ofrece escasos ejemplos exitosos de esta combinación. De hecho, las economías que han logrado procesos sostenidos de convergencia hacia mayores niveles de ingreso suelen haber incrementado sus capacidades fiscales durante las fases de transformación productiva (Evans, 1995; Wade, 2004).
Corea del Sur constituye un ejemplo ilustrativo. Durante las décadas de industrialización acelerada, el Estado no redujo su capacidad de intervención. Por el contrario, expandió progresivamente los instrumentos de financiamiento público, fortaleció la planificación económica y utilizó recursos fiscales para apoyar sectores estratégicos (Amsden, 1989; Wade, 2004). Algo similar ocurrió en Japón durante el período de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial y en Finlandia durante su transición hacia una economía intensiva en conocimiento (Evans, 1995; Chang, 2002). En ninguno de estos casos el crecimiento fue impulsado por una reducción drástica de la capacidad estatal para recaudar e invertir.
La contradicción fundamental del programa emerge precisamente en este punto. Mientras los objetivos propuestos exigen mayores inversiones en seguridad, salud, educación, infraestructura y desarrollo rural, los mecanismos de financiación planteados apuntan hacia una reducción de la capacidad fiscal necesaria para sostener dichas inversiones. La tensión no es simplemente presupuestal. Es una contradicción de economía política. Se pretende ampliar los resultados asociados a la acción pública mientras se restringen los instrumentos que permiten producirlos (Rodrik, 2011; Evans, 1995).
La discusión, por tanto, no debe reducirse a una disputa entre gasto y ahorro. El problema central consiste en determinar qué tipo de estructura fiscal requiere una estrategia de desarrollo para una economía caracterizada por elevados niveles de desigualdad, heterogeneidad productiva y rezagos territoriales. La evidencia histórica muestra que los países que lograron transformar sus estructuras económicas no lo hicieron debilitando sus capacidades fiscales, sino fortaleciendo su capacidad para movilizar recursos hacia objetivos estratégicos de largo plazo (Chang, 2002; Wade, 2004; Evans, 1995). Desde esta perspectiva, la principal debilidad del programa no radica en la magnitud de sus aspiraciones, sino en la incompatibilidad existente entre los objetivos que declara y los instrumentos fiscales que propone para alcanzarlos.
Los límites de la economía de la oferta
Una de las premisas fundamentales que atraviesa el programa económico de la denominada “Colombia Patria Milagro” consiste en asumir que el crecimiento económico depende principalmente de la ampliación de los incentivos para la inversión privada. La reducción de regulaciones, la simplificación administrativa, la disminución de impuestos, la flexibilización institucional y la reducción del tamaño del Estado aparecen presentadas como mecanismos capaces de liberar las fuerzas productivas de la sociedad y acelerar el crecimiento económico. Detrás de estas propuestas subyace una concepción específica del desarrollo según la cual los mercados poseen una capacidad intrínseca para asignar eficientemente los recursos y la función principal del Estado consiste en remover obstáculos que interfieren con dicho proceso. Desde esta perspectiva, la prosperidad sería esencialmente el resultado de una expansión de la oferta agregada impulsada por mayores niveles de rentabilidad privada (Friedman, 1962/2002; Hayek, 1944/2006).
Sin embargo, el principal problema de esta interpretación no es ideológico sino empírico. Cuando se examinan los procesos históricos que permitieron a diversas economías transitar desde condiciones de atraso relativo hacia posiciones de liderazgo industrial, tecnológico y productivo, resulta difícil encontrar evidencia que respalde la idea de que la liberalización económica, la reducción estatal o la disminución de la regulación hayan constituido los motores fundamentales de dichas transformaciones. Por el contrario, la experiencia comparada revela una regularidad histórica notablemente distinta. Las economías que lograron procesos exitosos de industrialización tardía resolvieron el problema del desarrollo mediante la construcción deliberada de capacidades estatales orientadas a coordinar inversiones, reducir incertidumbres, financiar procesos de innovación y transformar estructuras productivas existentes (Evans, 1995; Wade, 2004; Chang, 2002).
Esta constatación resulta especialmente relevante porque obliga a distinguir entre crecimiento económico y transformación estructural. El crecimiento puede producirse temporalmente por aumentos en los precios internacionales, ciclos de crédito o expansiones coyunturales del consumo. El desarrollo, en cambio, implica modificaciones sostenidas de la estructura productiva, incrementos permanentes de productividad, diversificación económica y ampliación de capacidades tecnológicas. La historia económica demuestra que estos procesos rara vez emergen de manera espontánea a partir de señales de mercado. Requieren instituciones capaces de movilizar recursos hacia actividades cuyos beneficios se materializan en horizontes temporales mucho más amplios que aquellos considerados por la rentabilidad privada inmediata (Hirschman, 1958; Rodrik, 2011).
La experiencia de Asia oriental constituye probablemente la evidencia más contundente en esta dirección. Corea del Sur pasó de registrar niveles de ingreso comparables a los de numerosas economías latinoamericanas y africanas durante la década de 1960 a convertirse en una de las principales potencias industriales del mundo. Sin embargo, este proceso no fue resultado de una estrategia de laissez-faire. Durante las décadas decisivas de industrialización, el Estado controló segmentos fundamentales del sistema financiero, dirigió el crédito hacia sectores estratégicos, protegió industrias nacientes, coordinó inversiones y subordinó parcialmente la asignación de recursos financieros a objetivos de transformación productiva definidos políticamente. Como documentó Alice Amsden, buena parte del éxito industrial surcoreano descansó precisamente en la capacidad estatal para disciplinar al capital y orientar la acumulación hacia sectores considerados prioritarios para la estrategia nacional de desarrollo (Amsden, 1989).
La misma lógica aparece en experiencias aparentemente muy diferentes. El proceso japonés de posguerra se apoyó en la capacidad del Ministerio de Comercio Internacional e Industria para coordinar inversiones, promover innovación y proteger sectores estratégicos durante períodos prolongados (Johnson, 1982). Singapur desarrolló una de las estructuras de planificación económica más sofisticadas del capitalismo contemporáneo, conservando un papel decisivo del Estado en vivienda, infraestructura, ordenamiento territorial e inversión estratégica (Rodrik, 2011). Finlandia transformó una economía basada en recursos naturales en una economía intensiva en conocimiento mediante fuertes inversiones públicas en educación, ciencia y tecnología (Evans, 1995). Incluso Estados Unidos, frecuentemente presentado como paradigma del capitalismo liberal, construyó buena parte de su liderazgo tecnológico mediante programas estatales de investigación científica, innovación militar y financiamiento público de tecnologías que posteriormente fueron apropiadas por el sector privado (Mazzucato, 2015).
La regularidad observada en estos casos no consiste simplemente en la presencia del Estado. Lo verdaderamente relevante es la función económica que desempeñaron las instituciones públicas. En todos ellos el Estado actuó como mecanismo de coordinación frente a fallas estructurales de mercado asociadas a incertidumbre, riesgos tecnológicos, externalidades de aprendizaje y horizontes temporales incompatibles con la lógica de rentabilidad inmediata. El desarrollo aparece así no como la consecuencia automática de mercados libres, sino como el resultado de procesos institucionales capaces de modificar deliberadamente las condiciones bajo las cuales opera la acumulación.
Este punto adquiere una importancia decisiva porque permite comprender una de las principales limitaciones del programa analizado. La propuesta asume que la reducción de regulaciones incrementará automáticamente la inversión y que mayores niveles de inversión producirán crecimiento económico. Sin embargo, esta secuencia causal ignora una pregunta fundamental. ¿Por qué invertirían las empresas en nueva capacidad productiva si no existen mercados suficientemente dinámicos para absorber la producción adicional?
La respuesta a esta pregunta constituye precisamente uno de los aportes centrales de la tradición keynesiana. La principal contribución de Keynes no consistió simplemente en defender el gasto público, sino en demostrar que la inversión no es una variable autónoma capaz de impulsar por sí sola el crecimiento económico. Las decisiones de inversión dependen de expectativas de rentabilidad futura y estas expectativas se construyen a partir de la evolución esperada de la demanda. Las empresas no invierten porque los impuestos disminuyan. Invierten cuando esperan vender. La rentabilidad futura depende menos de la reducción de costos que de la existencia de compradores capaces de adquirir la producción generada (Keynes, 1936/2006).
Autores posteriores como Kalecki, Kaldor y Minsky profundizaron esta interpretación mostrando que la acumulación capitalista enfrenta permanentemente un problema de realización. La producción puede expandirse indefinidamente desde el punto de vista técnico, pero encuentra límites cuando la capacidad de consumo crece más lentamente que la capacidad productiva. En consecuencia, la demanda agregada no constituye una variable secundaria. Representa una condición estructural para la rentabilidad y, por tanto, para la propia inversión privada (Kalecki, 1971; Kaldor, 1966; Minsky, 1986/2008).
Esta discusión resulta particularmente relevante para Colombia. Según las cuentas nacionales del DANE, el consumo final de los hogares representa aproximadamente entre el 65 % y el 70 % del producto interno bruto nacional (DANE, 2024a). Ningún otro componente posee una participación comparable en la estructura de demanda. Esto significa que el crecimiento económico colombiano depende fundamentalmente de la capacidad de compra de los hogares, del empleo, de los salarios y de los ingresos disponibles para el consumo. La expansión del mercado interno constituye, por tanto, una condición central para la sostenibilidad de cualquier proceso de crecimiento.
La evidencia reciente resulta consistente con esta interpretación. Durante 2023 la economía colombiana registró una desaceleración significativa asociada a la caída del consumo privado, el endurecimiento de las condiciones financieras y la pérdida temporal de capacidad adquisitiva derivada de la inflación. El crecimiento económico descendió hasta 0,7 %, uno de los registros más bajos de las últimas décadas fuera de contextos de crisis extraordinaria. Posteriormente, la recuperación gradual de los salarios reales, la moderación de la inflación y la mejora del consumo permitieron una recuperación progresiva de la actividad económica (DANE, 2024a; Banco de la República, 2025). La trayectoria observada confirma que la dinámica de la demanda continúa desempeñando un papel central en la evolución del crecimiento nacional.
La experiencia internacional ofrece evidencias similares. Tras la crisis financiera de 2008, numerosas economías desarrolladas implementaron programas masivos de estímulo orientados a sostener el empleo, el consumo y la inversión. Estados Unidos movilizó recursos fiscales de magnitud histórica tanto durante la crisis financiera como durante la pandemia de COVID-19. China mantuvo durante décadas elevados niveles de inversión pública en infraestructura, energía, transporte y urbanización. Diversos estudios de la CEPAL muestran que los períodos de mayor crecimiento latinoamericano coincidieron con fases de expansión de la demanda interna, incremento del empleo y fortalecimiento de la inversión pública (CEPAL, 2024).
La consecuencia analítica de estas evidencias es profunda. La reducción de impuestos y regulaciones puede incrementar márgenes de rentabilidad potencial, pero no garantiza por sí misma la expansión de la inversión. La inversión depende de expectativas de demanda futura. La demanda depende del empleo, los salarios, la distribución del ingreso y la inversión pública. A su vez, estos factores dependen de capacidades institucionales y fiscales que el propio programa propone reducir. En otras palabras, la estrategia económica termina debilitando varios de los mecanismos que históricamente han permitido sostener procesos de crecimiento de largo plazo.
La contradicción aparece entonces en un nivel más profundo que el estrictamente fiscal. No se trata simplemente de una discusión sobre cuánto debe gastar el Estado o cuánto debe recaudar. El problema radica en la teoría del desarrollo implícita en el programa. Mientras la evidencia histórica muestra que las transformaciones productivas exitosas estuvieron asociadas a procesos de construcción institucional, coordinación económica e inversión pública estratégica, la propuesta analizada descansa en la expectativa de que la reducción estatal permitirá generar por sí misma las condiciones para el crecimiento. Mientras la macroeconomía contemporánea muestra que la inversión responde a la expansión de mercados y de la demanda efectiva, el programa supone que la acumulación puede ser impulsada principalmente mediante incentivos tributarios y regulatorios.
Por esta razón, la principal limitación de la estrategia propuesta no radica en la insuficiencia de sus metas, sino en la inconsistencia de los mecanismos seleccionados para alcanzarlas. Los países que hoy son presentados como ejemplos de prosperidad construyeron capacidades estatales precisamente durante las etapas en las cuales lograron acelerar su desarrollo. Las empresas invierten cuando esperan encontrar mercados dinámicos y consumidores con capacidad adquisitiva suficiente. La innovación requiere instituciones, financiamiento y horizontes de largo plazo. La transformación productiva exige coordinación económica. La evidencia histórica y la teoría macroeconómica convergen así en una misma conclusión. El crecimiento sostenido no surge de la simple retracción del Estado ni de la expansión automática de los incentivos privados. Surge de la articulación entre capacidades públicas, inversión productiva, innovación tecnológica y demanda efectiva. Allí reside la principal debilidad conceptual del programa económico analizado.
Desarrollo, desigualdad y concentración
La discusión sobre el desarrollo económico suele concentrarse en variables agregadas como el crecimiento del producto interno bruto, la inversión o la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que ninguna de estas variables resulta suficiente para comprender las trayectorias reales de transformación económica. Las sociedades no se desarrollan únicamente porque producen más riqueza, sino porque construyen instituciones capaces de distribuir oportunidades, ampliar capacidades humanas, democratizar el acceso a activos productivos y convertir el crecimiento económico en bienestar social (Polanyi, 1944/2017; Evans, 1995; Rodrik, 2011). Por esta razón, el análisis de cualquier estrategia de desarrollo exige examinar no solamente sus efectos sobre la producción, sino también sus consecuencias sobre la estructura distributiva de la sociedad.
Este aspecto adquiere una importancia particular en Colombia. Según el Banco Mundial y el DANE, el país continúa ubicándose entre las naciones más desiguales de América Latina. El coeficiente de Gini de ingresos monetarios se situó alrededor de 0,54 en 2023, mientras que las zonas rurales registran niveles de pobreza monetaria superiores al 40 % (DANE, 2024b; World Bank, 2024a). A ello se suma una elevada concentración de la propiedad rural, profundas brechas educativas y una persistente desigualdad territorial que limita las posibilidades de movilidad social de amplios sectores de la población (CEPAL, 2023; DANE, 2015). En este contexto, cualquier propuesta de desarrollo debe responder a una pregunta fundamental. ¿De qué manera las políticas económicas propuestas contribuyen a reducir estas desigualdades estructurales o, por el contrario, tienden a reproducirlas?
La respuesta resulta especialmente relevante cuando se observan las propuestas relacionadas con educación, desarrollo rural, privatización de activos públicos y política tributaria. Aunque presentadas como iniciativas independientes, todas ellas comparten un mismo supuesto implícito. El crecimiento económico generado por la expansión de la inversión privada terminaría produciendo beneficios generalizados para el conjunto de la sociedad. Esta idea posee una larga tradición en la economía ortodoxa y suele expresarse mediante distintas formulaciones de la denominada teoría del derrame. Según esta perspectiva, la acumulación de capital genera prosperidad que posteriormente se distribuye hacia el resto de la población mediante empleo, innovación y expansión de mercados (Friedman, 1962/2002).
Sin embargo, la evidencia histórica disponible ofrece escaso respaldo a esta hipótesis cuando opera sin mecanismos complementarios de redistribución e intervención pública. De hecho, gran parte de los procesos exitosos de desarrollo se caracterizaron precisamente por la construcción de instituciones destinadas a evitar que la acumulación económica derivara en procesos excesivos de concentración (Atkinson, 2015; Piketty, 2014; Stiglitz, 2012).
La educación constituye un primer ejemplo de esta dinámica. El programa plantea fortalecer esquemas de mérito, ampliar créditos educativos y profundizar mecanismos competitivos de acceso a la educación superior. A primera vista, estas propuestas parecen orientadas a premiar el esfuerzo individual y ampliar oportunidades. No obstante, la evidencia internacional muestra que los sistemas educativos basados predominantemente en competencia individual tienden a reproducir desigualdades previas cuando las condiciones de origen son profundamente desiguales (OECD, 2024c).
Los informes de movilidad social de la OCDE muestran que en países con altos niveles de desigualdad inicial las trayectorias educativas se encuentran fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico (OECD, 2024c). En Colombia, los estudiantes pertenecientes a hogares de mayores ingresos obtienen sistemáticamente mejores resultados en pruebas estandarizadas, presentan menores tasas de deserción y acceden en mayor proporción a instituciones de educación superior. Esta situación no responde únicamente a diferencias de esfuerzo individual. Refleja desigualdades acumuladas en nutrición, calidad educativa, acceso a tecnologías, condiciones habitacionales y capital cultural familiar (OECD, 2024c; World Bank, 2024a).
Por esta razón, los países con mayores niveles de movilidad social han construido sistemas educativos sustentados en una fuerte financiación pública. Finlandia destina cerca del 6 % de su producto interno bruto a educación, Noruega supera el 6,5 %, mientras Dinamarca mantiene niveles similares. Alemania, aunque combina instituciones públicas y privadas, financia de manera mayoritaria el acceso universitario y mantiene costos significativamente inferiores a los observados en sistemas basados en endeudamiento estudiantil (UNESCO, 2024; OECD, 2024c). En estas economías la educación superior es concebida como una inversión social destinada a ampliar capacidades productivas nacionales y no exclusivamente como una inversión privada financiada por los hogares.
La experiencia estadounidense ofrece una advertencia relevante. La expansión de sistemas de crédito educativo permitió aumentar la cobertura universitaria, pero también produjo una deuda estudiantil superior a 1,7 billones de dólares hacia 2024, afectando especialmente a las generaciones más jóvenes (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2024). Numerosos estudios han mostrado que el endeudamiento educativo prolongado retrasa decisiones de inversión, adquisición de vivienda y formación de patrimonio familiar. La educación financiada mediante crédito amplía acceso, pero también traslada riesgos desde el Estado hacia los individuos.
Una problemática similar aparece en el ámbito rural. El programa plantea ampliar la frontera agrícola, desarrollar la Altillanura como gran plataforma productiva y fortalecer la propiedad rural. Sin embargo, la historia económica demuestra que los procesos exitosos de transformación agraria no se fundamentaron exclusivamente en la expansión productiva, sino en la democratización del acceso a los activos productivos (Amsden, 1989; Wade, 2004; Chang, 2002).
Japón, Corea del Sur y Taiwán implementaron profundas reformas agrarias durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En Corea del Sur, hacia finales de la década de 1950, aproximadamente dos tercios de las tierras agrícolas habían sido redistribuidas a pequeños productores. En Taiwán se establecieron límites estrictos a la concentración de la propiedad y se promovió la creación de una amplia base de pequeños propietarios rurales (Amsden, 1989; Wade, 2004). Estas reformas no fueron concebidas únicamente como mecanismos de justicia social. Constituyeron instrumentos económicos destinados a ampliar mercados internos, incrementar productividad agrícola y crear condiciones para la posterior industrialización.
La diferencia con América Latina resulta significativa. Según datos de la FAO y la CEPAL, la región continúa exhibiendo algunos de los niveles más elevados de concentración de la tierra en el mundo (FAO, 2024; CEPAL, 2023). Colombia representa uno de los casos más extremos. El último Censo Nacional Agropecuario mostró que una pequeña proporción de explotaciones controla una parte sustancial de la superficie productiva nacional, mientras millones de pequeños productores operan en condiciones de limitada escala económica (DANE, 2015). En estas circunstancias, la expansión de la frontera agrícola sin transformaciones sustanciales en la estructura de acceso a activos puede favorecer principalmente a actores con mayor capacidad de inversión, profundizando dinámicas preexistentes de concentración.
La discusión sobre los activos públicos conduce a una problemática similar. El programa plantea la venta de activos considerados improductivos como mecanismo para fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, esta propuesta ignora una diferencia fundamental entre ingresos extraordinarios y capacidades económicas permanentes.
Durante las décadas de 1980 y 1990 numerosos países implementaron amplios procesos de privatización. América Latina obtuvo ingresos fiscales significativos mediante la venta de empresas públicas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía, infraestructura y transporte. No obstante, diversos estudios del Banco Mundial, la CEPAL y organismos nacionales de control han mostrado que los beneficios fiscales obtenidos fueron frecuentemente temporales, mientras que la pérdida de flujos permanentes de ingresos y de instrumentos de política pública produjo efectos de largo plazo más complejos (World Bank, 2024b; CEPAL, 2024).
Argentina constituye uno de los casos más estudiados. Las privatizaciones permitieron aliviar restricciones fiscales durante un período determinado, pero redujeron significativamente la capacidad estatal para intervenir en sectores estratégicos. Fenómenos similares fueron observados en distintos países de la región. La cuestión central no consiste en determinar si una empresa pública genera utilidades inmediatas, sino en evaluar su papel dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Infraestructura energética, transporte, recursos naturales y sistemas de comunicación cumplen funciones que trascienden la lógica de rentabilidad financiera de corto plazo (Rodrik, 2011; Evans, 1995).
La experiencia internacional reciente parece reforzar esta conclusión. Incluso economías consideradas altamente liberalizadas mantienen una significativa participación estatal en sectores estratégicos. Noruega conserva control público sobre una parte sustancial de sus recursos energéticos. Singapur participa activamente en múltiples sectores económicos mediante fondos soberanos y empresas públicas. Francia, Alemania y Estados Unidos han fortalecido mecanismos de intervención estatal en áreas relacionadas con transición energética, innovación tecnológica y seguridad económica (Mazzucato, 2015; Rodrik, 2011).
Estas dinámicas convergen finalmente en una cuestión distributiva más amplia. El crecimiento económico no garantiza por sí mismo mejoras equivalentes para todos los grupos sociales. Thomas Piketty ha demostrado que, cuando la rentabilidad del capital crece sistemáticamente por encima de la tasa de crecimiento económico, la riqueza tiende a concentrarse progresivamente (Piketty, 2014). Anthony Atkinson, Joseph Stiglitz y Branko Milanovic han documentado procesos similares en múltiples economías desarrolladas y emergentes durante las últimas décadas (Atkinson, 2015; Stiglitz, 2012; Milanovic, 2016).
La evidencia disponible muestra que una parte creciente de la riqueza mundial se encuentra concentrada en segmentos relativamente reducidos de la población. Informes recientes de organismos internacionales indican que los niveles de concentración patrimonial observados actualmente en numerosas economías son comparables a los registrados a comienzos del siglo XX (Piketty, 2014; Milanovic, 2016). Este fenómeno no constituye únicamente un problema distributivo. También genera efectos sobre la dinámica económica. Cuando una proporción creciente del ingreso se concentra en grupos con altas tasas de ahorro, la expansión del consumo y de la demanda agregada tiende a debilitarse (Stiglitz, 2012).
En Colombia esta problemática adquiere una dimensión particular debido a la coexistencia de elevados niveles de desigualdad con una fuerte dependencia del mercado interno como motor de crecimiento. Una estrategia orientada principalmente a fortalecer los incentivos para la acumulación privada sin mecanismos robustos de redistribución corre el riesgo de ampliar la capacidad de acumulación de determinados sectores sin generar necesariamente mejoras proporcionales para el conjunto de la sociedad. La historia económica muestra que los mercados son extraordinariamente eficientes para asignar recursos bajo determinadas condiciones, pero considerablemente menos eficaces para distribuir oportunidades de manera equitativa (Polanyi, 1944/2017; Stiglitz, 2012).
Las experiencias exitosas de desarrollo no eliminaron esta tensión. La gestionaron mediante sistemas tributarios progresivos, educación pública de calidad, reformas agrarias, protección social, inversión en infraestructura y políticas orientadas a democratizar el acceso a capacidades productivas. Estas instituciones no fueron añadidos posteriores al crecimiento económico. Constituyeron condiciones necesarias para hacerlo sostenible (Evans, 1995; Rodrik, 2011; Atkinson, 2015).
Desde esta perspectiva, las propuestas educativas, rurales, patrimoniales y tributarias del programa no representan debates sectoriales independientes. Expresan una determinada concepción del desarrollo según la cual la expansión de la inversión privada terminará irradiando bienestar hacia el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la evidencia histórica acumulada durante más de un siglo de experiencias de industrialización, modernización y crecimiento económico sugiere una conclusión distinta. Las sociedades que lograron combinar prosperidad con cohesión social no lo hicieron esperando que el crecimiento resolviera por sí mismo las desigualdades existentes. Lo hicieron construyendo instituciones capaces de intervenir deliberadamente sobre ellas. La diferencia entre ambas estrategias constituye, en última instancia, una de las principales líneas divisorias entre las concepciones ortodoxas y heterodoxas del desarrollo económico (Polanyi, 1944/2017; Chang, 2002; Rodrik, 2011).
Conclusión
La principal debilidad del programa no radica en la ambición de sus objetivos, sino en la contradicción existente entre los resultados que promete y los instrumentos que propone para alcanzarlos. Pretende construir una sociedad más segura, más educada, más próspera y con mayores oportunidades, mientras reduce la capacidad fiscal, institucional y regulatoria necesaria para producir dichos resultados. Aspira a reproducir experiencias históricas de desarrollo asociadas a Estados fuertes utilizando herramientas inspiradas en la reducción del papel del Estado. Promete crecimiento acelerado en una economía cuyo principal motor es la demanda interna, mientras privilegia políticas que pueden debilitarla. Ofrece prosperidad para todos, pero minimiza los mecanismos redistributivos que históricamente han permitido convertir el crecimiento en bienestar colectivo.
La historia económica es contundente. Las trayectorias mejor documentadas de transformación productiva no se construyeron sobre austeridad permanente, debilitamiento institucional ni reducción sistemática de capacidades públicas. Donde la liberalización acompañó al crecimiento —Chile suele citarse como ejemplo—, lo hizo apoyada en instituciones públicas sólidas y conservando en manos del Estado activos estratégicos como Codelco, no prescindiendo de ellos. Las economías que hoy lideran la productividad, la innovación y el bienestar social construyeron Estados capaces de financiar educación, investigación, infraestructura, transformación productiva y cohesión territorial. El desarrollo nunca fue el resultado espontáneo del mercado. Fue una construcción política, institucional y económica deliberada.
La pregunta fundamental, entonces, no es si Colombia necesita crecer. La pregunta es quién crecerá, cómo crecerá y para quién crecerá. ¿Puede una economía superar sus desigualdades reduciendo los instrumentos destinados a corregirlas? ¿Puede ampliarse la prosperidad debilitando las capacidades públicas que la hacen posible? ¿Puede construirse una sociedad más equitativa esperando que la concentración de riqueza termine distribuyéndose por sí sola? ¿Puede un Estado hacer más con menos cuando históricamente ha hecho menos porque ha tenido menos?
La verdadera discusión no enfrenta crecimiento contra redistribución ni Estado contra mercado. Enfrenta dos concepciones distintas del desarrollo. Una confía en que la prosperidad descenderá desde la acumulación hacia la sociedad. La otra reconoce que las sociedades más prósperas fueron precisamente aquellas que construyeron instituciones capaces de distribuir oportunidades antes de que la concentración económica las volviera inaccesibles para la mayoría. La evidencia histórica disponible permite preguntarse cuál de estas dos visiones ha demostrado realmente su capacidad para transformar naciones.
*Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte; con Posdoctorado en Sociología de la Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte, Brasil. Especialista en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derechos Humanos y DIH de la Universidad Externado de Colombia. Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana; Docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle – Bogotá.
https://orcid.org/0000-0002-2258-3927
Ilustraciones: La ilustración de Koivo. “Una hermosa contradicción”, https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-ilustracion-de-koivo-una-hermosa-contradiccion/
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