La disputa global que vive la humanidad entre caos climático y buen vivir, entre capitalismo verde, o financiarización de la naturaleza, y decrecimiento, entre soberanía popular y capitalismo voraz, tiene cada vez más expresiones en nuestro territorio, tanto en el conjunto del país como en partes específicas del mismo. Explotaciones petróleras en territorios de comprobada fragilidad ambiental, desvío de ríos, inundaciones de amplios y fértiles territorios rurales, sembrados de monocultivos, fumigaciones con agrotóxicos de reconocidas secuelas negativas para la tierra y el aire, etcétera, son parte de esta realidad.
Paso a paso, con la anuencia estatal y de quienes controlan el gobierno, enfrentando la voluntad popular, el llamado “capitalismo verde” hace su aparición entre nosotros. “Capitalismo verde” que llega de la mano de grandes conglomerados internacionales, avalado y potenciado por la Ocde, como protección de inversores y capitales de todo tipo.
Reorganización del capital, y apuesta de las élites transnacionales por los “mercados verdes” que también busca ahondar el sometimiento financiero de los “países del sur”, pretendiendo profundizar el coloniaje en países como el nuestro, para ampliar su circuito de negocios mediante el endeudamiento externo. La COP 21 de Naciones Unidas ha facilitado esta pretensión corporativa al ratificar que la salida a la actual crisis climática obliga a una transición programada hacia el “capitalismo verde”, de la mano del cual llega y se profundiza la producción de agrocombustibles, demandante de grandes cantidades de tierra y agua bajo la forma de monocultivos, con los cuales también amplían el desplazamiento de comunidades campesinas y étnicas. Como es conocido, estos agrocombustibles son cultivados de manera intensiva con agrofertilizantes derivados del petróleo y responsables en gran medida de la contaminación del planeta. Con todo esto, la producción alimentaria local, las tradiciones y ritmos locales, quedan arrasados
Un segmento adicional del “capitalismo verde” es el de las titularizaciones por pagos indemnizatorios a la contaminación atmosférica, con la cual han abierto un segmento rentable en los mercados de capitales globalizados. Estamos ante el empleo de tecnologías genéticas que atentan contra el ciclo natural de la vida vegetal. Los árboles genéticamente modificados plantean nuevos retos a la contaminación planetaria. Conseguir más bienes en menos tiempo transgrediendo el ciclo de elaboración de bienes por la naturaleza se convierte en un requisito ineludible en la agricultura contemporánea para adecuarse a las exigencias de la intensificación productiva en las industrias tecnológicamente desarrolladas y al ritmo frenético de la circulación de mercancías en el comercio mundial.
En nuestro territorio
En Colombia, esta disputa global se expresa, de una parte, en la imposición de la política minero energética y los agronegocios a través de una legislación para el despojo de facto y la represión y judicialización de las protestas sociales ante los múltiples conflictos económicos, socioambientales y culturales generados por los megaproyectos. Y, de otra, en las resistencias sociales como expresión organizada y argumentada de “víctimas del desarrollo” contra la imposición del modelo neoliberal extractivista y por la defensa de la vida y el territorio.
El Plan de Desarrollo de Santos garantiza el control de nuestros territorios por parte de las Corporaciones transnacionales Endesa, Enel, Emgesa, Pacific Rubiales, Emerald Energy, Estatal Hydrochina, entre otras. Para tal efecto, se impone una legislación para el despojo de las comunidades al declarar de utilidad pública los territorios que sean necesarios para los “Proyectos de Interés Nacional y Estratégico” –Pines– como los del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena convirtiéndolo en una gran hidrovía para la movilización de petróleo, carbón, contenedores, cereales (maíz, trigo y soya). Incluye, además, la construcción de 17 hidroeléctricas a lo largo del río hasta Honda, entre ellas, 7 más para el Huila: Guarapas, 140 MW y Chillurco 180 MW (en Pitalito), Oporapa 280MW (en Oporapa), Pericongo 80 MW (en Timaná), El Manso 140 MW (en Neiva), Veraguas 130 MW (en Aipe), Bateas 140 MW (en Villavieja).
Además, pretenden imponer 50 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas –PCH– en el Huila con la inversión de capital privado por incorporar al Sistema Interconectado Nacional para exportación. Actualmente, ya han radicado 14 solicitudes ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM– para Licenciamiento Ambiental que afectan las cuencas de los ríos Bache (3 PCH), Las Ceibas, Cabrera, Venado, Narváez, Bedón, La Plata, Páez, Suaza, Guarapas, Naranjo, Aipe.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de las “Rondas Colombia 2012 y 2014”, asignó 12 áreas de exploración petrolera en el Huila concesionada a nueve compañías transnacionales, entre ellas, a la multinacional francocanadiense Alange Energy Corp en la Cuenca del río Las Ceibas. El bloque denominado VSM 16 (Valle Superior del Magdalena), incorpora a los municipios de El Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná que afectan las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza con el uso de la técnica de extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales (pozos profundos) denominada fracking o fracturación hidráulica. El gobierno autorizó una licencia ambiental global a la empresa Emerald Energy para la construcción de tres plataformas multipozo al interior del Campo de Producción Gigante, y la construcción de líneas de flujo que podrán transportar agua, gas y crudo afectando el Páramo de Miraflores.
En el Huila, además, están socializando el denominado Plan Cambio Climático 2050 cuya prioridad es la privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los centros urbanos y las cabeceras municipales” –enajenación de los acueductos comunitarios–, “el suministro de riego para la producción agroindustrial” –Zidres– y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena en cantidades estimadas de alrededor de 20.000 megavatios” –Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena–.
Los Acueductos Comunitarios que son construcciones sociohistóricas en torno a la gestión del agua, que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas y territorios de comunidades negras, y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país están siendo objeto de liquidación y privatización al servicio de las corporaciones transnacionales para que continúen invadiendo nuestros territorios a través del Plan de Privatización del río Magdalena (más represas) la explotación de Petróleo a través del fracking y los agronegocios, atentando contra la naturaleza pública de los mismos.
* Apartes, reorganizados, del documento “Agenda mínima, movimiento regional por la defensa del territorio y la vida ¡Ríos vivos!”
Fuente: http://www.quimbo.com.co/
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