Un sistema educativo excluyente y privatizado se despliega en Colombia, programas como Ser Pilo Paga profundizan este modelo que pone a competir a los estudiantes del país entre sí ¿existen alternativas a esto, es posible otro modelo de educación en el país?
“Todo proyecto pedagógico
es un proyecto de sociedad.”
Nicolás Arata
Durante el primer semestre del 2018, como en ocasiones similares, la educación es caballito de batalla de las distintas candidaturas electorales que para todo tienen solución, pero sin embargo en la práctica, una vez en las butacas del Estado, poco o nada concretan a favor de las mayorías. Conscientes de esta realidad y de próximos debates invitamos a todos y a todas, en especial a los jóvenes, a sumarse a la discusión. ¿Cuál es la escuela, la universidad y la educación que requerimos para el país que deseamos?
Estado de la educación en Colombia
En los últimos treinta años, dos grandes posiciones político-pedagógicas han antagonizado posturas dentro del campo educativo. La primera, combina argumentos filosóficos neoliberales y neoconservadores para sostener que toda sociedad debe regirse por los principios del mercado. En ella la misión de la educación es formar individuos competentes, capaces de procesar el enorme flujo informacional de nuestra época, desplegar sus competencias en el mercado laboral y fomentar en las nuevas generaciones la sensibilidad por el consumo de bienes y servicios. La segunda, emana de un corpus heterogéneo de tradiciones donde abrevan las teorías críticas, las perspectivas desescolarizantes, las posiciones nacional-populares y otras. Su perspectiva reivindica la educación como un proceso emancipatorio, a la escuela como un derecho humano inalienable y al aprendizaje como un proceso social y colectivo.
La visión imperante en Colombia es la primera, recordemos que desde la ley 30 de 1994 se viene perfilando una re-definición de la universidad colombiana, en ajuste al marco de la globalización, la privatización, la desregulación y el conocimiento orientado hacia el mercado. Igualmente los artífices de este ajuste educativo ven la educación no como un derecho sino como un gasto del Estado, y como Señala Julián de Zubiría Samper1, los ministros del ramo “desconocen por completo los fundamentos de la pedagogía”. Esto lo refuerza la profesora argentina Adriana Puigross (2016)2, al recordar que una de las principales causas de la crisis educativa latinoamericana es el modo en que el sistema neoliberal ha permeado nuestras políticas y prácticas pedagógicas y de ello en nuestro país, el programa “Ser Pilo Paga” (SPP) se ha convertido en la herramienta más sofisticada de los últimos gobiernos para realizar este ajuste privatizador.
Quisiera detenerme en esta propuesta promovida desde hace varios años por el Ministerio de Educación, ya que ilustra con claridad tres de las teorías explicativas de las causas de los problemas educativos, explicados por la profesora Puigross:
1. La necesidad neoliberal de convertir la educación pública en un espacio para el mercado: según los profesores Leopoldo Múnera y Andrés Felipe Mora, con las cifras presentadas en su investigación sobre la educación superior, luego de tres años de vigencia del programa SPP, entre 2015 y 2018, SPP alcanza aproximadamente a 40.000 estudiantes gastando ya 3,32 billones de pesos en su financiación, mientras que las universidades públicas que incluyen a más de 500.000 estudiantes, solo recibieron 3,38 billones de pesos3 (Ver gráfico 1).
Ahora, si comparamos estas cifras con la cantidad destinada a las universidades privadas, que reciben subsidiados con este programa, tenemos que la gran mayoría –84 por ciento de los estudiantes beneficiarios– van a parar a estas universidades, como la Universidad del Norte con (3.366 estudiantes entre 2015 y 2017) la Universidad de los Andes (1.906 estudiantes), Universidad Javeriana (2.574 estudiantes) y la Universidad Pontificia Bolivariana (1.804 estudiantes) concentrando el 94% de los recursos financieros destinados a SPP (ver gráfico 3). Por otro lado, apenas un 16 por ciento ingresan a universidades públicas, las cuales reciben un escaso 6 por ciento de los recursos, esto teniendo en cuenta que la matrícula de un estudiante de la Universidad de los Andes le cuesta al Estado 27 millones de pesos al año, mientras en la Universidad Nacional alcanza a 5 millones de pesos.
Esta financiación del programa SPP, a costa de la desfinanciación de la educación pública (gráfico 2), parte de una concepción de la educación no como un derecho, sino como un gasto que debe ser reducido a fin de mantener en pie otras políticas más importantes para el gobierno, legitimando la participación del subsidio a la demanda por intermediación del sistema financiero, al estilo chileno, que termina entregando los recursos públicos a una educación privada, perjudicando a las clases medias y populares, y cargando la financiación de la educación a las familias como usuarias de un simple servicio disponible en el mercado.
2. La profecía de “no puede aprender”. SPP está basado en la selección de los “mejores” de los colegios públicos, entendiendo por mejores a todos aquellos que tienen el mejor puntaje en las Pruebas de Estado, ampliamente criticadas por ser reduccionistas y, además, por ser un factor coercitivo en las aulas de clase, pues sus estándares impiden procesos pedagógicos alternativos. De este modo, la política pública dominante potencia el constante entrenamiento de los estudiantes para la Prueba de Estado, logrando con ello que la educación esté al servicio del examen y no al contrario. De esta manera, promocionan a quienes tuvieron este puntaje, dando a entender que quien es pilo (inteligente) puede acceder a la educación superior, y el que no accede es porque no tiene la suficiente inteligencia.
Esto es grave hasta lo inimaginable, principalmente porque individualiza la responsabilidad del desempeño académico en los estudiantes, olvidando las pésimas condiciones de la educación pública; al igual que todo lo que ocurre en los contexto sociales y económicos de los estudiantes que acceden a ella en primaria y bachillerato, perpetuando las desigualdades y fomentando la meritocracia en un régimen social amplio, supuestamente democrático. Por ejemplo los beneficiarios del programa SPP se concentran en Bogotá, Antioquia, Santander, Atlántico y Valle del Cauca, los territorios de nuestro país con un menor índice de Pobreza multidimensional4.
De nuevo aparece aquí la lógica neoliberal vestida de oveja, se premia a los “mejores” sin hacer caso de las desigualdades territoriales, de género, etnia y clase social que hay detrás de estas condiciones, promocionando la imagen de que si no estudian es porque no quieren o por perezosos. El Estado, al ocuparse de los “pilos”, deja al margen a todos los demás, olvidándolos para siempre, construyendo un modelo de educación excluyente al que acceden los que pueden, porque son “pilos” o tienen dinero, y no como derecho fundamental de todos los que habitan una nación.
3. Por último, mediante este programa puede verse la gran disputa entre enseñanzas universitarias y necesidades laborales. Por lo regular, las desigualdades sociales en la educación tienden a proyectarse en desigualdades en el mercado laboral, con esto en Colombia la probabilidad de que el nivel educativo de los hijos sea el mismo del que han tenido sus padres de familia se ubica entre el 70 y el 80 por ciento5.
Las universidades privadas buscan cada vez con mayor énfasis producir egresados listos para ocupar puestos importantes en las principales empresas del país, mientras que la universidad pública trata de ajustarse a las demandas sociales y del mercado, con bajísimos presupuestos. El sueño de los adolescentes de los sectores populares no es acceder a una universidad dedicada a la búsqueda del conocimiento, deslegitimada por los medios de comunicación y con pésima infraestructura, sino lograr que la educación les permita ascender en la escala social y económica pues, finalmente, la educación es, en el imaginario de los sectores populares de nuestro país, solo un medio para “ser alguien en la vida”; las cifras expuestas en el primer punto lo reafirman, los pilos han optado, en pleno derecho y con libertad, por instituciones privadas6.
Para finalizar este apartado, vale decir que con el boom del posacuerdo y el énfasis en educación para la paz, parece existir una intención en dirección contraria, manifiesta claramente en el Plan decenal de educación 2017-2026: “Un acuerdo nacional para construir paz y nación desde la educación”. Sin embargo, el ideal de paz permanece etéreo, lo que obliga a la pregunta por: ¿qué acciones concretas, qué pautas pedagógicas, se implementarán a nivel estructural para repercutir desde las políticas públicas y los movimientos sociales a una educación que aporte para que la sociedad camine hacia la paz con justicia y equidad?, aporte necesario de precisar pues la paz deseada se queda en discursos insulsos y moralistas que los profesores deben dictar una vez a la semana en la famosa Cátedra de paz.
Un marco alternativo desde el cual construir
Frente al despliegue avasallante del mercado, en las últimas décadas también se alzaron múltiples voces a nivel internacional reivindicando que otro mundo es posible. El Foro Mundial de Educación (FME) fue, en el marco de este proceso, el principal catalizador global desde donde expresaron un rechazo al proyecto educativo neoliberal, postulando una plataforma político-pedagógica alternativa. A su vez, actuando como una base desde donde repensar las relaciones entre educación pública, educación popular y educación ciudadana, la que es importante rescatar y difundir pues es poco conocida en los debates en las políticas de educación y las organizaciones populares de nuestro país.
El FME surgió en 2001 como un espacio de intercambio y diálogo en torno a la educación en el marco del Foro Social Mundial; sus ediciones del 2001, 2003 y 2004 tuvieron lugar en Porto Alegre. La cuarta edición sesionó de manera simultánea en Caracas (Venezuela), Bamako (Mali) y Karachi (Pakistán). El título del Foro de Caracas tuvo como impronta un viejo y perdurable anhelo latinoamericanista: La integración americana y la lucha por un proyecto educativo emancipador, tratando de salirse de los parámetros de las pruebas Pisa impuestas desde el norte. Luego en Nairobi (Kenia) –durante 2007– se aprobó la plataforma mundial de la educación donde se cifran los grandes principios articuladores del FME7. Y después foros subsiguientes en Belém do Pará (Brasil) 2009, Dakar (Senegal) 2011, y Montreal (Canadá) 2016.
En cada Foro fue elaborado un documento conjunto –verdaderos manifiestos pedagógicos– como resultado de un enorme trabajo colectivo en el que intervenían los relatores que participaron en cada uno de los grupos y espacios a fin de sintetizar y reflejar en el mismo el conjunto de las ideas debatidas. Después de 17 años, las cartas expresan la reivindicación de la educación popular y pública como un derecho inalienable de los pueblos, así como modelos institucionales y pedagógicos alternativos. A propósito de ello, Moacir Gadotti afirmó: “Nunca hubo en la historia de la educación mundial un movimiento popular tan grande en favor del derecho a la educación como el organizado por el FME”.
Desafíos y perspectivas:
La ilustración del caso “Ser pilo paga”, nos proyecta varias luces respecto a los retos que tiene la educación en Colombia: el primero, entender que el presupuesto de la nación se debe invertir en las instituciones públicas, y además, debe incrementarse; no es coherente buscar paz efectiva y congelar el presupuesto desfinanciar la educación pública en beneficio de la privada. El segundo, reconocer con rigurosidad la desigualdad en la que vivimos en el país y lograr, como señala la profesora Puigros respecto a Latinoamérica, no una unidad pero sí una articulación a través de la cual se conozcan y respeten las necesidades particulares de las comunidades y sobre ellas crear los proyectos de clase y escuela. Como dijeron los docentes universitarios Andrés Felipe Mora y Leopoldo Múnera en el foro realizado el jueves 22 de febrero, titulado: “Análisis actual de la Educación Superior en Colombia: ‘El programa ser pilo paga aumenta la financiación, pero sin combatir las desigualdades, se necesita un modelo de financiación que combata todas las desigualdades’”.
Unido a lo anterior, es necesario retomar el camino recorrido por los movimientos sociales de todo el globo en el FME, para generar debates y agendas políticas lo suficientemente claras, que permitan que las comunidades tengan autonomía sobre lo que es importante enseñar y aprender, todo esto dentro de una excelente calidad educativa. Por último, es crucial para toda nuestra sociedad entender que entrenar no es sinónimo de educar, y que enfocar 11 años de nuestra vida en lograr un buen puntaje en una prueba, de la cual dependerá nuestro futuro, es la descripción de una utopía horrible que no debería estar ocurriendo, pero que ha terminado por convertirse en nuestra cotidianidad.
Debemos prender las alarmas sobre el peligro en el que se hunde el derecho a la educación superior en nuestro país, por eso saludamos fervorosamente el Encuentro nacional de estudiantes de la educación superior a realizarse los días 17, 18 y 19 de marzo en la Universidad Nacional de Colombia–Sede Bogotá. Invitamos a todos y a todas a entrar en el debate.
1 Julián de Zubiría Samper en su artículo del 17 de Octubre del 2017 en la revista Semana
2 https://www.youtube.com/watch?v=LMJqWXBBnm4
3 Munera & Mora (2018) Ser pilo paga: desigualdad, desfinanciamiento y privatización de la educación superior en Colombia
4 Ibídem Múnera & Mora (2018)
5 Ibídem. Múnera & Mora (2018)
6 http://www.semana.com/educacion/articulo/ser-pilo-paga-universidades-privadas-reciben-dinero-de-ser-pilo-paga/479620
7 Plataforma mundial educación 2007 Nairobi http://www.forummundialeducacao.org/?page_id=1735
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