El 6 de abril fue testigo de otra jornada de huelgas y manifestaciones de la misma importancia que la del 28 de marzo y, según los sindicatos, 2 millones de personas en las calles. Muchos bloqueos y acciones espectaculares, como una pancarta desplegada desde lo alto del Arco del Triunfo. Lo más espectacular es sin duda el número y la masividad de las manifestaciones en muchas ciudades pequeñas y medianas. Espectacular es también el persistente rechazo a la reforma de Macron en el 80% de la población trabajadora y la inmensa mayoría de las clases populares.
Pero, aislado, Macron espera que el movimiento social vaya aflojando poco a poco, aunque cuando si bien en las últimas semanas ha disminuido, ha generado una crisis política en el país.
Estas últimas semanas las huelgas de reconducción se han disminuido de forma clara, tanto entre los trabajadores y trabajadoras de la recogida y tratamiento de residuos como en las refinerías y en la SNCF. Sólo en la industria eléctrica y de gas (IEG) se mantiene un movimiento de cortes selectivos. Desde principios de marzo, los sectores que echaron un pulso para bloquear la economía poniendo en ello todas sus fuerzas llamaron a los demás sectores a unirse a ellos, no queriendo renovar los episodios de huelgas por delegación [ser los únicos que hacían huelga en nombre del resto]. Pero en muchos sectores la gente asalariada acumula dificultades objetivas reales -como también ocurre en la juventud escolarizada – y a ello se une la opción de la intersindical convocar un día de huelga semanal, alineándose con los sectores menos movilizados a riesgo de no actuar como motor para construir huelgas renovables con los sectores más combativos. Esta opción respondía claramente a un compromiso con la posición de la dirección confederal de la CFDT, comprometida con la intersindical en el rechazo de los 64 años, la convocatoria de huelgas, manifestaciones e incluso bloqueos, pero opuesta a una táctica de paralización de la vida económica del país. Hasta el día de hoy, la amplia unidad sindical, posibilitada por el rechazo popular a los 64 años, y que ha contribuido a consolidar este rechazo, ha tenido como corolario esta moderación en la confrontación. Ello no impide la multiplicación de bloqueos y huelgas en las que, a menudo, se mezclan equipos de CGT, Solidaires, FO, FSU y CFDT, contribuyendo a mantener, más allá de las jornadas nacionales, un clima de movilización prolongada.
La parálisis política del gobierno le ha llevado desde hace diez días a jugar claramente la carta de la represión policial, de la violencia; también la carta de la denuncia de la extrema izquierda violenta. En este movimiento, Macron aparece, con Darmanin, como el defensor del orden para reconfortar a un electorado vacilante, esperando también sembrar la división en la intersindical y reducir el apoyo inquebrantable a la movilización e incluso a los bloqueos en el seno de la población.
En relación a estos dos últimos puntos el fracaso es total, pero Darmanin continua dando aliento a la represión, legitimando toda su violencia, así como el uso de armas y municiones de guerra. Esta opción por alimentar la espiral de la violencia, que se manifestó en Sainte Soline el 23 de marzo y en las cargas contra las manifestaciones sindicales, refuerza la determinación en el seno del movimiento. Al rechazo de la injusticia social de los 64 años, al rechazo de la violencia institucional del 49.3, se añade ahora el rechazo de la violencia policial. Este rechazo ha provocado la protesta de varias asociaciones, entre las que destaca la Liga de Derechos Humanos, que estuvo en el centro de la denuncia del comportamiento policial en Sainte Soline, aportando pruebas [grabación de comunicaciones] del bloqueo de los servicios de emergencia por parte de la policía. La LDH también ha iniciado una campaña para prohibir los BRAV-M [brigada antidisturbios motorizada] y las armas de guerra. Iniciativa democrática que ha impulsado al ministro del Interior, Gérald Darmanin, a dar un paso que ningún ministro del Interior se había atrevido a dar: amenazar directamente a la LDH, diciendo que examinaría las subvenciones que se le conceden.
Bajo Macron y Darmanin, los deslices para poner en tela de juicio derechos democráticos y sociales básivos que existen desde hace décadas, tanto sobre la declaración y prohibición de manifestaciones como, incluso, sobre el derecho de huelga se suceden de un día a otro.
Frente a las poderosas huelgas en las refinerías y en la recogida de basuras, el gobierno ha multiplicado las requisas de huelguistas para romper el movimiento. La ley francesa permite las requisas en caso de “perturbación manifiesta del orden público”. El prefecto de Seine Maritime requisó al personal de las refinerías de Total Energies debido al “previsible aumento del tráfico durante el fin de semana de Pascua”.
El tribunal administrativo que ya había denunciado la prohibición de manifestaciones en el último minuto, ha juzgado ahora que estas requisas “constituyen una violación grave y manifiestamente ilegal del derecho de huelga”.
Evidentemente, el gobierno está probando hasta dónde puede llevar la interpretación de las leyes y quiere preparar el terreno para dos nuevas leyes presentadas por los republicanos en el Senado que limitan el derecho de huelga en las refinerías y en el transporte público. En el registro de los derechos democráticos, Los Republicanos, la Rassemblement National y los diputados de Macron acaban de adoptar, en primera lectura acelerada, en el Senado y la Asamblea Nacional, una ley para los Juegos Olímpicos que, bajo el pretexto de la seguridad, establece de forma permanente dispositivos de control, filtrado y vigilancia masiva en los espacios públicos y el transporte mediante videovigilancia con herramientas algorítmicas de análisis de los comportamientos, que pueden ser almacenadas. Francia se situaría así a la vanguardia de las nuevas técnicas que podrían constituir, sin mucha dificultad, nuevas herramientas contra los derechos de reunión, manifestación y para la criminalización de las acciones en los edificios públicos.
Así pues, en los últimos días, la movilización contra la reforma de las pensiones se han desplazado hacia las cuestiones de los derechos democráticos, pero, al mismo tiempo, el movimiento se encuentra polarizado por la decisión que adopte [sobre la validación de la Ley] el Consejo Constitucional del 14 de abril. Esta institución, cuyos miembros son nombrados por los presidentes de la República y de la Asamblea Nacional y el Senado, actúa como censor de las leyes, juzgando su conformidad total o parcial con las normas constitucionales, y el 14 de abril el Consejo dará a conocer su decisión sobre la ley de financiación de la Seguridad Social, que contiene los ataques a las pensiones y el aumento de la edad de jubilación a los 64 años. También decidirá si lanza o no un Referéndum de Iniciativa Compartida sobre la propuesta de limitar la edad de jubilación a un máximo de 62 años, como proponen los representantes electos del NUPES. Si el Consejo ratifica la ley, dándole un barniz de legitimidad, podrá ser promulgada por Macron.
Sin embargo, Macron no se libraría del problema. La primera cuestión será evidentemente la del movimiento social y su capacidad para superar este nuevo obstáculo y hacerlo manteniendo su unidad. Pero para Macron, continúa en el aire la continuidad de su mandato durante los años que le quedan del quinquenato.
En cuanto al diálogo social con los sindicatos, después de haber despreciado a las direcciones sindicales, la primer ministro, Elisabeth Borne, no tiene los capacidad pedirles que acepten la reforma de 64 años y, al mismo tiempo, que inicien una nueva etapa de concertación social. Ni siquiera la CFDT está dispuesta a hacerlo, dada la relación de fuerzas que ha construido el movimiento. Borne tampoco tiene los medios para encontrar una alianza mayoritaria estable en la Asamblea Nacional, como le ha pedido Macron. Los Republicanos, debilitados por su posición sobre las pensiones, no tienen ningún interés en ser un parche para el gobierno de Borne. Probablemente, sus días están contados y ella misma no cree en su futuro en este cargo. Ahora bien, es difícil que la situación cambie con un cambio de primer ministro.
Por su parte, la Intersindical ha convocado a una nueva jornada de movilización para el 13 de abril, pero sin plantear otra perspectiva para el movimiento que la espera de las decisiones del Consejo Constitucional. Para revitalizar la relación de fuerzas, sería necesario fijar plazos concretos, como una manifestación nacional o la preparación de una nueva ola de huelgas renovables.
Existe otro problema que se hace cada vez más evidente. Si, en pocas palabras, el movimiento es un movimiento de clase, que reúne en la acción o en el apoyo a la gran mayoría de la gente asalariada con, en el fondo, un rechazo a seguir pagando la existencia de un sistema que agrede a las clases trabajadoras, en el movimiento no emerge la expresión de reivindicaciones que vayan más allá de la cuestión de los 64 años. La amplia dinámica creada por la unidad de todos los sindicatos tiene como límite inmediato la imposibilidad de ir más allá de la cuestión de los 64 años, con la CFDT incluso dando por buena la reforma de Touraine de 2014 que conduce a los 43 años [necesarios para obtener una pensión completa]. En consecuencia, la intersindical no plantea ninguna reivindicación sobre la financiación de las pensiones, como el fin de las exenciones y el aumento de las cotizaciones patronales, ni, por supuesto, la vuelta derogación de la reforma de Touraine y a la de Woerth en 2010 que impuso la jubilación a los 62 años.
Del mismo modo, tampoco existe una base intersindical común a nivel confederal sobre las demás cuestiones sociales urgentes, muy presentes en las manifestaciones, entorno a las prestaciones por desempleo o la lucha por los salarios y contra la carestía de la vida.
La Intersindical nacional constituye un punto de apoyo en las ciudades pero también limita la extensión de la plataforma de las intersindicales a nivel local. Esto podría parecer una cuestión secundaria que no ha impedido el desarrollo de una enorme movilización, sin duda, sin precedentes. Pero todo el mundo comprende que la relación de fuerzas de clase sólo puede mantenerse si, en la conciencia de quienes participan en el movimiento o lo apoyan, se plantea claramente la cuestión de a quién nos enfrentamos. La cuestión de los 64 años no es el capricho de un autócrata delirante, es una opción política de clase que corresponde a los intereses de los grupos capitalistas que han llevado a cabo reformas idénticas en los demás países europeos. Se trata, pues, de cuestionar la distribución de la riqueza y las opciones hechas en interés de los capitalistas, opciones hechas en Europa por los partidos que apoyan el liberalismo, incluida la extrema derecha de partidos afines a la RN, como los Fratelli d’Italia de Meloni, que aplica la jubilación total a los 67 años en el marco de las exigencias presupuestarias de la Unión Europea. No se puede combatir el engaño de un RN defensor de las pensiones sin basar el movimiento en una plataforma que cuestione las opciones capitalistas del gobierno y plantee reivindicaciones acordes con los intereses de las clases trabajadoras. Ausente del movimiento, silenciosa sobre cualquier plataforma política de defensa de las pensiones, aparte del natalismo y las medidas antiinmigración, el RN se posiciona para recoger los frutos de una movilización social que, objetivamente, apunta a los capitalistas.
Macron y Darmanin, por el contrario, no cesan de tejer líneas hacia los republicanos y la extrema derecha mientras criminalizan y demonizan a los NUPES. Además, en una elección parcial en Ariège, la segunda vuelta vio un frente común del partido de Macron, Los Republicanos y RN trás de un candidato socialista opuesto al NUPES para derrotar a la candidata de France insoumise.
Evidentemente, la situación también se ve dificultada por la ausencia de construcción de un frente común social y político en el seno de este movimiento, por la ausencia incluso, fuera de la Asamblea Nacional, de una amplia iniciativa política unitaria que permita impulsar el debate y presentar propuestas unitarias para construir en las ciudades y a nivel nacional estructuras unitarias sobre las cuestiones sociales y democráticas del momento, en fase con la movilización social.
La fuerza del movimiento y las decenas de miles de militantes que lo estructuran tendrán quizás la fuerza de superar estos obstáculos en las próximas semanas.
9/04/2023
Traducción: viento sur
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