Medio año después de la estrepitosa derrota de la propuesta constitucional, un nuevo proceso constituyente ha arrancado en Chile. Esta vez las reglas serán muy distintas, y si el anterior proceso fue el de los movimientos sociales y los candidatos independientes, este podría bautizarse como el de la vuelta de los partidos políticos tradicionales.
El nuevo proceso constituyente contará con tres fases. En la primera, en la que nos hallamos actualmente, una comisión de 24 “expertos” designados por el Congreso y el Senado el pasado mes de enero, elaborará un borrador constitucional, que será la piedra angular del texto. En la segunda, 50 personas elegidas por la ciudadanía chilena integrarán el Consejo Constitucional, órgano constituyente que debatirá sobre el borrador redactado por los expertos. Y en la tercera, el texto aprobado por el Consejo será sometido a un referéndum previsto para noviembre de 2023 que determinará si finalmente Chile consigue deshacerse de la constitución vigente, redactada por los colaboradores de Augusto Pinochet.
Varios puntos se deslizan sobre esta nueva hoja de ruta que merecen ser tenidos en cuenta. El primero es que los partidos políticos tradicionales han recuperado el control sobre el proceso constituyente, el cual habían perdido con la elección de la Convención Constitucional de 2021. En aquella elección, las listas de independientes, los movimientos sociales y la izquierda alternativa dieron un golpe sobre la mesa, y las dos grandes coaliciones, de centroizquierda y centroderecha solo sumaron 62 de los 155 escaños del órgano constituyente.
Estos resultados dieron un protagonismo inusitado a voces que hasta el momento habían tenido poco que decir en la política chilena, relegando a un segundo plano a los partidos que habían gobernado el país desde la vuelta de la democracia. La coalición de centroizquierda, heredera de la histórica Concertación, era un actor más entre los grupos abiertos a reformar la carta magna, mientras que la derecha quedó completamente aislada en la Convención al no llegar al tercio de los escaños que le hubiera dado poder de veto —muchas normas requerían un apoyo de dos tercios para aprobarse—. El movimiento popular que había llenado las calles en 2019 se había trasladado a las urnas dando un golpe de gracia a la política tradicional.
Sin embargo, el entusiasmo inicial se fue sustituyendo poco a poco por la apatía y el rechazo hacia los nuevos constituyentes hasta llegar al 4 de septiembre de 2022, cuando la ciudadanía chilena rechazó tajantemente el texto constitucional. Aquí se llegó a un punto crítico en el que el futuro de la constitución quedaba totalmente en el aire. Ni el presidente Gabriel Boric, desacreditado por la derrota de la propuesta que había apoyado, ni el movimiento popular tenían la capacidad de liderar otro proceso tras la contundente victoria del “Rechazo”. Así que, en este contexto, fueron los partidos políticos quiénes a través de las dos cámaras, Congreso y Senado, tomaron las riendas del proceso.
La constitución de los “expertos”
El nuevo acuerdo aprobado en ambas instituciones plasma a la perfección la realidad del nuevo proceso chileno. Ya no será la ciudadanía, sino los partidos a través de los “expertos” elegidos por las dos cámaras quienes marquen el rumbo de la discusión constituyente. Ante el ruido generado durante el anterior proceso, los partidos le imprimen una dosis de orden y expertise para combatir las principales acusaciones que se hicieron contra el hacer de la Convención. Y de paso, se aseguran el control de buena parte del diálogo constituyente.
Los números de las dos grandes coaliciones en el Congreso y el Senado contrastan con los de la Convención Constitucional. Entre ambas, suman 90 de los 155 escaños del Congreso y 42 de 50 asientos la cámara alta, lo que les ha asegurado elegir a casi todos los expertos que redactarán el borrador que servirá de base a la nueva carta magna. Las primeras consecuencias de esta nueva aritmética ya se empiezan a ver, y la presidencia de las cuatro comisiones y del propio Comité de Expertos están en manos de los dos grandes conglomerados políticos. Una imagen radicalmente distinta a la pluralidad que se vivió en la anterior Convención Constitucional.
El segundo punto que hay que señalar es que se acabó una conquista importante y poco tenida en cuenta en el anterior proceso: el folio en blanco. El folio en blanco se refiere a que la propuesta constitucional partía de cero y no tenía ningún otro texto de referencia. Ahora sí habrá un texto que estructurará el debate que tengan los constituyentes electos por la ciudadanía: el borrador elaborado por el Comité Experto.
Este hecho supone de facto que serán expertos elegidos por las dos grandes coaliciones quienes pongan la primera piedra sobre el nuevo edificio constitucional chileno. Una especie de tutela que si bien no garantiza que el texto de los expertos vaya a quedar intacto —se pueden eliminar artículos e incluir otros nuevos— sí servirá de guía, y seguramente de estructura, a la nueva carta magna.
El tercer gran punto de este acuerdo, y al que se ha dedicado mucha menos atención, es el sistema electoral que regirá la elección del Consejo Constitucional. Una decisión más relevante incluso que el Comité de Expertos, que probablemente permitirá a la coalición de centroderecha asegurarse su influencia en el proceso.
Los 50 miembros del Consejo serán elegidos con el sistema electoral del Senado chileno, lo que da una ventaja considerable a los partidos de la derecha. Los diputados se eligen en circunscripciones regionales, lo que infrarrepresenta mucho a las regiones más pobladas, Valparaíso y la Región Metropolitana de Santiago, principales feudos de la izquierda.
Por, Jaime Bordel Gil
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