El antropólogo especializado en economía es un destacado defensor del decrecimiento. Su premisa es clara: reconocer la gravedad de la crisis climática implica aceptar la necesidad de transformar radicalmente nuestras economías.
Jason Hickel, antropólogo especializado en economía, es un destacado defensor del decrecimiento, la teoría que argumenta que si queremos proteger nuestro bienestar y la salud del planeta debemos abandonar nuestra obsesión capitalista con el crecimiento económico. Recientemente acaba de publicar Menos es más. Cómo el decrecimiento salvará el mundo (Capitán Swing, 2023) Su premisa es clara: reconocer la gravedad de la crisis climática implica aceptar la necesidad de transformar radicalmente nuestras economías.
El debate sobre desplazar la centralidad del crecimiento en nuestras economías está en pleno apogeo. Esto es un paso en la buena dirección, ¿no?
Por supuesto. Es fantástico que esté teniendo lugar un cambio en la manera en la que medimos la prosperidad; que ahora valoremos cuánta gente tiene acceso a una vivienda digna, o la esperanza de vida. Incluso ciertos economistas de la escuela clásica como Stiglitz afirman que el PIB, el valor de mercado de todo lo que se produce, presenta deficiencias para medir el bienestar. Sarskozy estableció una comisión estatal sobre este tema cuando era presidente de Francia.
Pero no creemos que esto sea suficiente. Si tu coche está punto de a punto de caer por un precipicio no basta con reducir la velocidad. Este enfoque no soluciona el problema subyacente: nuestro uso de la energía y de los recursos es mucho mayor de lo que nuestro planeta puede soportar. Hay que coger el toro por los cuernos, y esto es de lo que trata el decrecimiento.
En teoría deberíamos poder tener un desarrollo económico que combine el crecimiento del PIB con un menor consumo energético y un uso de los recursos más eficiente. Pero ¿podemos desvincular realmente el crecimiento de nuestros límites planetarios?
En teoría sí, pero en realidad no. La ciencia es muy clara a este respecto. A lo largo de los años hemos podido determinar que un mayor crecimiento implica un mayor uso de los recursos, incluso en un contexto de alta eficiencia. Y el Panel Internacional de Recursos de la ONU ha llegado a la misma conclusión.
Algunos de los países con rentas más altas han sido capaces de aumentar su PIB y reducir a la vez sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante el cambio hacia la energía solar y otras fuentes de energía renovables. Pero esta no es la cuestión. Debemos acelerar la reducción de nuestras emisiones. Nuestra sugerencia es reducir la producción de productos menos esenciales con tal de reducir el consumo de energía. Esto ya no es una visión minoritaria: el informe más reciente del IPCC también dice que los países industrializados deberían consumir mucha menos energía, y que esto no casa con una economía del crecimiento.
Algunos políticos, se muestran reservados ante el mensaje de la contracción económica o decrecimiento.
El objetivo no es la reducción del PIB; esto sería el resultado de unas intervenciones de emergencia para asegurar la habitabilidad del planeta. Si se fabrican menos todoterrenos, o menos jets privados, el PIB decrece. En Estados Unidos, si se pasa de un sistema de salud privado a uno público, el PIB decrecerá. Pero esto no tendrá un impacto negativo en nuestra sociedad, ni en nuestra sensación de bienestar.
Ahora mismo esta sensación de bienestar está bastante limitada en unos sectores amplios de nuestras sociedades debido a que la producción es profundamente antidemocrática. La gestionan y la determinan un pequeño grupo de accionistas cuyo objetivo es maximizar los beneficios, no dar respuesta a las necesidades humanas. El resultado es un sistema altamente ineficiente que utiliza demasiados recursos y, a la vez, fracasa a la hora de dar respuesta a las necesidades humanas. Esto es una economía irracional.
La moda rápida es un buen ejemplo de esto. Todos queremos algo que ponernos, pero a nadie le gustan las camisetas que se deshacen después del primer lavado. Si la economía fuera más democrática y se centrara en hacer frente a nuestras necesidades reales tendríamos mejores resultados, más sociales, y reduciríamos a la vez el consumo de energía. De verdad que no puedo imaginarme un mensaje positivo más poderoso que este.
En tu libro Menos es más hablas de reducir la producción de bienes que no sirvan al interés público. Pero ¿quién decide lo que es bueno o no para el interés público?
Los gobiernos pueden proveer servicios que haga innecesario el consumo de este tipo de objetos de lujo. Se ha demostrado una y otra vez que los servicios públicos distribuyen el bienestar con un consumo mínimo de energía y de materias primas, y que lo hacen de manera más barata que el sector privado. Si dispone de un transporte público barato y de calidad, la gente lo prefiere: es más barato y más cómodo que el coche. También podemos reducir la desigualdad dentro de la sociedad gravando la riqueza y mediante impuestos progresivos, por ejemplo. Al fin y al cabo, el punto de partida del decrecimiento es la reducción del consumo de los ricos.
El economista e historiador francés Thomas Piketty dice que reducir el poder adquisitivo de los ricos es la mejor manera de luchar contra el cambio climático. Debemos también iniciar una conversación democrática sobre los ámbitos a reducir. No puede ser tan difícil dar con regulaciones razonables para poner coto a la industria altamente contaminante de la moda rápida, por ejemplo. Al fin y al cabo, ya tenemos límites de velocidad y estándares de emisiones para los coches.
Si no podemos tener un diálogo sobre lo que queremos producir como sociedad y cómo queremos usar nuestros recursos, ¿para qué queremos democracia? En mis clases, le pido frecuentemente a mi alumnado que identifique los sectores más destructivos y menos necesarios. Siempre me dan los mismos ejemplos. Todo el mundo es capaz de identificar los productos problemáticos.
Desde la perspectiva de la justicia social, ¿es mejor legislar para hacer que ciertas cosas sean totalmente inaccesibles, o deberíamos centrarnos en gravar los productos y las actividades contaminantes, de tal forma que continuaran siendo accesibles para aquellas personas dispuestas a pagar por ellas (y capaces de permitírselo)?
Examinemos el sector de la aviación, por ejemplo. Es evidente que no estamos haciendo ningún progreso en lo que respecta a la búsqueda de un modo de volar con emisiones cero, así que tendremos que reducir nuestros desplazamientos en avión. ¿Pero cómo hacerlo de manera justa? Podría proponerse lo siguiente: que la gente pague el precio de mercado para el primer vuelo que tomen en un año. Cualquier vuelo posterior conllevaría una tasa que se incrementaría exponencialmente, de tal forma que resultara cada vez más caro volar más que esto.
Esto es bastante razonable, ya que la mayoría de la gente que se desplaza en avión es muy rica. Todo el mundo debería poder visitar a un familiar enfermo, por ejemplo. No estoy a favor de restricciones simplistas que aplican un único modelo a situaciones muy diversas, o de tipos impositivos únicos, porque esto implica que las personas pobres son las que soportan principalmente el impacto de las medidas, mientras que los ricos apenas se ven afectados.
Es justo aquí donde recae la tensión de una transición justa. Nos esforzamos para redistribuir mejor los ingresos y gravar la contaminación y las emisiones de CO₂, pero, pese a eso, todavía nos encontramos con que hay personas que se pueden permitir comprar cosas y otras que no. Esto quiere decir que necesitamos medidas adicionales.
Exacto. El impuesto sobre hidrocarburos en Francia afectaba de manera desproporcionada a la gente más pobre, así que las protestas de los chalecos amarillos estaban totalmente justificadas. Nos encontramos una y otra vez con que si las políticas climáticas no son sociales, fracasan. La propuesta política de los ecosocialistas sobre decrecimiento aborda esta cuestión de frente.
Reivindicamos un sistema de salud gratuito, subvenciones de agua y energía gratuitas para todas las familias, y una opción pública para el acceso a alimentos sanos y de calidad. Los servicios públicos son esenciales en la transición hacia una situación de poscrecimiento, ya que eliminan el vínculo entre crecimiento y bienestar. Así es como podemos garantizar que todo el mundo tenga acceso lo que necesita para vivir una buena vida sin tener que producir cada vez más en el sector privado.
En tu libro hablas también sobre el trabajo garantizado. ¿Cómo funcionaría?
Todo llamamiento al decrecimiento debería empezar por el trabajo garantizado. Todos sabemos que el sector privado no va a reaccionar con suficiente rapidez ante los elementos necesarios de una transición verde: la construcción de una infraestructura de energía renovable, la expansión del transporte público, la adaptación de los hogares para hacerlos más eficientes a nivel energético. Un programa de trabajo garantizado para la protección del medioambiente permitiría movilizar a las personas necesarias para llevar a cabo estas labores.
Lo que es fantástico es que hemos hecho encuestas y entre el 60 y el 70 por ciento de las personas responden con entusiasmo ante esta idea. La gente quiere participar en proyectos sociales importantes. Preferirían hacer este tipo de trabajo antes que generar beneficios para una empresa. El trabajo garantizado permite también tener una conversación racional sobre la economía. Ahora mismo es imposible hablar sobre reducir el sector de la aviación porque la gente quiere saber qué ocurriría con los empleos del sector.
¿Deberían estos trabajos enmarcarse dentro del sector público? Todas estas áreas que mencionas están altamente privatizadas.
Esto es un problema porque sí, deberían ser empleos públicos. La distribución y la implementación de los empleos verdes deberían hacerse de la forma más descentralizada y democrática posible. Debería ser la población local la que decida lo que precisa en su zona. Si una comunidad necesita mejores cuidados, o ayuda para restaurar un ecosistema forestal cercano, el empleo puede movilizarse en torno a estas cuestiones. La financiación viene del gobierno central, pero puede administrarse de manera descentralizada. Excepto en el caso de proyectos nacionales como la infraestructura energética, claro.
En el caso de la COVID-19 los gobiernos reaccionaron con rapidez para construir una infraestructura de testeo y vacunación enorme. ¿Hemos aprendido algo de esto?
Sí. Tal y como dijo el sociólogo francés Bruno Latour, hemos descubierto que la economía tiene un freno de emergencia. Sabemos que, en principio, es posible cerrar sectores que son nocivos menos necesarios. Y hemos aprendido que el gobierno puede reorganizar la producción de modo que las cosas que necesitamos sean producidas con una celeridad extrema. Puedes pedirles a las empresas que fabriquen mascarillas; también puedes pedirles que fabriquen aerogeneradores. También hemos aprendido que tipo de trabajo es esencial, y podemos aplicar este conocimiento a la crisis climática. ¿Qué empleos necesitamos proteger ante todo? Los empleos en el sector de la salud, la producción alimentaria… Una vez más, cosas muy evidentes para todo el mundo.
Esta entrevista apareció originalmente en De Helling.
Este artículo (o entrevista) forma parte de un extenso archivo que sigue el rastro del diálogo actual sobre modelos económicos basados en el poscrecimiento, las medidas políticas del poscrecimiento y el significado subyacente de superar el paradigma económico basado en el crecimiento. Puedes leer más ensayos y entrevistas al respecto de activistas e intelectuales como Jason Hickel, Kate Raworth, Tim Jackson y Maria Mazzucato aquí.
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