3. Concentración y centralización del capital financiero en Colombia (1845-2008)
Desde la época de la Nueva Granada, en cabeza del general Tomas Cipriano de Mosquera, se aplicaron medidas para vincular al país con el trabajo productivo y los flujos económicos y culturales del comercio internacional. En su primer mandato (1845-1849), Mosquera introdujo un manejo racional en la circulación monetaria. Ante un número desmesurado de monedas (columnario español, peseta sevillana, macuquina, amén de las emitidas en Bogotá y Popayán, únicas ciudades que tenían casa de moneda y el privilegio de emisión y circulación) que provocaban confusión, en 1846 impuso como principio la Ley 0,900 para las monedas de plata y de oro, y unificó valor y peso. Con esta simplicidad se derrotó la anarquía y se solucionó un problema que por décadas enervó a los granadinos (Víctor Paz Otero, El demente exquisito, La vida estrafalaria de Tomás Cipriano de Mosquera, Bogotá, 2004). Pasaron los años, vinieron más medidas.
Con la creación del Banco Nacional y la promulgación de la Constitución de 1886 se pusieron bases reales para el sistema financiero. Si bien el circulante, monedas de oro y plata, satisfacía las principales necesidades, la situación de las guerras internas y el crecimiento del comercio aumentaban la obsolescencia del sistema de intermediación financiera. Las primeras instituciones del sector fueron creadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Eran bancos privados al estilo europeo que descontaban “letras de cambio” contra bancos ingleses, a cuenta de mercancías de exportación como café y oro, lo que las hacía vulnerables a los cambios de precios en Londres y Nueva York.
Con el siglo XX surgieron bancos y cajas de ahorro en las capitales de departamento que emitían bonos y cédulas para captar los escasos recursos monetarios. Y aparecieron las primeras instituciones hipotecarias con el fin de crear y movilizar recursos para financiar la actividad agrícola con destino a la exportación y los primeros esfuerzos industriales. Los bancos oficiales, el Nacional (1885) y el Central (1905), sucumbirían ante la escasa credibilidad generada entre los agentes económicos privados, y los malos manejos de los gobernantes para financiar las guerras y los gastos de su gestión. Esos bancos terminaron integrando el Banco de Bogotá a finales de los años 1920.
La experiencia bancaria de 1880 a 1920 no logró consolidar un sistema financiero fuerte. Las leyes fueron pocas (Ley 57 de 1887 y Ley 51 de 1918) y limitadas a aspectos puntuales de la actividad financiera, como encaje y monto de créditos, lo cual condujo a un gran desorden de la actividad y asimismo a la quiebra de algunos de los primeros bancos importantes que existieron. Ilustrativo resulta el caso del Banco López, y con ello la desaparición de una de las grandes fortunas de principios del siglo XX.
Mayor estructura
El sistema bancario, a cargo de la Misión Kemmerer de 1923, definió las secciones: cuentas corrientes, depósitos de ahorro, sección fiduciaria, sección hipotecaria y negocios de comercio exterior. La misión económica, encabezada por Edwin Walter Kemmerer, fue contratada por el gobierno del ingeniero Pedro Nel Ospina (1922-1926), hijo de ex presidente, representante de la élite antioqueña, a finales de 1922, con el fin de darle orden al manejo fiscal, la moneda y la banca. Con base en las recomendaciones de la Misión, se reorganizó el Banco Central. La Ley 5 creó el Banco de la República, con funciones de banco central de emisión, encargado de unificar y convertir los varios tipos de dinero que circulaban, cambiándolos por billetes emitidos por el banco central. Y se estableció una reserva de oro del 60 por ciento para respaldar los billetes en circulación. Adicionalmente, el banco controlaría el crédito y la circulación monetaria, centralizaría las reservas de oro e intervendría en el mercado externo de valores. Además, se estableció la Superintendencia Bancaria para fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos bancarios, comerciales, hipotecarios y de fomento.
La crisis económica mundial de 1929-1933 tuvo graves repercusiones en la estructura financiera. El cierre del mercado internacional interrumpió la colocación de títulos en el exterior, disminuyendo la principal fuente de recursos. Problemas como deterioro de la calidad de los activos, deflación, iliquidez, reducción de las reservas internacionales, caída en la cotización de títulos de deuda y los principales productos de exportación acumularon sus efectos para debilitar la banca comercial e hipotecaria. Para superar la crisis y los desequilibrios del sector financiero, se requirió que el Estado interviniera. El Banco Central hipotecario, capitalizado con recursos del Emisor, fue creado para liquidar la cartera mala. El Emisor terminó absorbiendo varios bancos hipotecarios. Institucionalmente, el derrumbe se compensó con la fundación de la Caja de Crédito Agrario y Minero. La crisis restringió por mucho tiempo el crédito de largo plazo.
A finales de los 40 y ante la debilidad del mercado financiero, el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), nieto de Mariano Ospina Rodríguez –presidente de la Confederación Granadina (1857-1861)– y sobrino de Pedro Nel Ospina, creó las sociedades de capitalización (Ley 66 de 1947) en apoyo de la formación de capitales para la inversión productiva. En paralelo, la banca comercial se especializó en el nicho de cuentas corrientes y crédito a corto plazo.
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