Que la escuela es un ingrediente imprescindible en la transformación de órdenes sociales, políticos y económicos intolerables es un aforismo bastante potente para quienes creemos en la educación como herramienta vital en la transformación de las sociedades; pero es también una máxima empleada por políticos y servidores públicos cuando quieren ganarse la aprobación de estratégicos grupos humanos para intereses particulares. Son intereses de una u otra naturaleza que se disputan en la escuela un lugar estratégico en la consolidación de proyectos productivos, culturales y socio-políticos de todos los matices. La escuela es entonces un escenario de disputa.
Este elemento indica en esencia que la escuela no es ajena a la vida de las sociedades y que todos los acontecimientos, las relaciones de poder, las condiciones de vida, las amenazas u oportunidades que caracterizan los contextos afectan de modo directo al mundo escolar. Esto sencillamente porque quienes van a la escuela son actores directos en la vida social y no individuos que, puertas adentro de las instituciones, puedan blindarse de las realidades que habitan con otros. ¿Quiénes se disputan la escuela? Desde sectores empresariales, pasando por organizaciones comunitarias y hasta actores armados.
A propósito de ello, las agendas educativas nacionales dejan cada vez más claramente la injerencia del sector productivo y empresarial en los proyectos educativos. Para muestra de un botón, tenemos la reforma que avanza a la Ley 30 de 1992 (Educación Superior), como esfuerzos por estandarizar las llamadas competencias laborales para incorporarlas al mundo escolar, lo mismo que los vínculos cada vez más simbióticos de la escuela con instituciones de formación técnica, que delegan la formación para el trabajo que de manera descarada se nombra también como preparación para el desarrollo humano. Este entremetimiento es cada vez más fuerte y todo parece indicar que la empresa privada define el horizonte de los sistemas educativos en un afán por expandir los intereses anclados a un modelo de desarrollo de naturaleza neoliberal-globalizado, que, al contrario de aportarles a la justicia y la equidad social, amplía la brecha entre incluidos y excluidos.
En igual sentido se ven iniciativas como la jornada única, paliativa a los desórdenes estructurales que hacen que la mayoría de los jóvenes, al salir de su escuela, se encuentren con realidades en las cuales los conocimientos que brinda la institución escuela no sirven para la interrelación con los actores armados que se disputan el control de sus territorios. Esta jornada única se sustenta desde la cobertura, pero deja a quienes impartirían estos conocimientos en las lógicas laborales que tienen gran parte de responsabilidad de la inequidad social que sostiene la lógica estructural del conflicto, privatización de la educación y reducción de las responsabilidades del Estado, teniendo maestros con contratos de 10 meses y viendo cómo las salas de profesores se llenan de revistas de catálogo para suplir las necesidades económicas que con sueldos de maestros no logran sustituir, en lugar de estar consultando material que permita tener un mejor ejercicio docente.
Ahora bien, en el espacio educativo confluyen otras, aparte de esta problemática económica, como las conflictividades urbanas en las que la violencia armada organizada tiene un lugar importante en las dinámicas escolares. Decimos entonces que la escuela se ve afectada por la violencia armada, afectación que tiene dos matices fundamentales en la vida escolar: por un lado, la escuela recibe la influencia de esta expresión violenta, pero, por otro, tal expresión puede ser afectada también por la escuela.
En primer lugar, ocupémonos de hurgar en la primera afirmación. Cuando decimos que la escuela recibe la influencia directa de la violencia armada, son conocidos los ataques físicos a escuelas del país y del mundo; la amenaza y el asesinato de estudiantes, de docentes, la presencia de grupos armados en las Instituciones Educativas (IE) para solicitar listas de estudiantes con problemas de comportamiento, el manejo de la justicia en las escuelas por parte de estos grupos, la integración de algunos estudiantes o niños y jóvenes en edad escolar a estos grupos de manera forzada o voluntaria1, el uso de estudiantes en el microtráfico de armas y drogas en las IE, como informantes, para el comercio sexual2, el levantamiento de límites barriales; la deserción escolar, estimulada por la violencia; confrontaciones armadas en los barrios a cualquier hora del día, robos en las IE, etcétera.
De las 7.515 personas víctimas de minas antipersonales en Colombia, entre 1990 y 2008, 722 corresponden a niños. De igual manera, se ha conocido recientemente que el Ejército ejecutó a decenas de menores de edad a los que se hizo aparecer como miembros de guerrillas para obtener prebendas de sus superiores3.
Algunos informes internacionales también son ilustrativos al respecto. Unicef, en su informe “Educación y conflicto, una crisis encubierta”4, ofrece datos reveladores para el caso de Colombia:
* Con frecuencia, las escuelas son el escenario de reclutamientos forzosos.
* Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos. Los adolescentes desplazados colombianos de 12 a 15 años que todavía cursan primaria son dos veces más numerosos que los no desplazados de la misma edad. Esto indica que los desplazados ingresan tardíamente en la escuela primaria, repiten grados con mayor frecuencia y desertan con más facilidad.
- Sólo el 51 por ciento de los jóvenes desplazados internos asisten a la escuela secundaria, en comparación con el 63 de los jóvenes no desplazados.
- Las personas se unen a grupos armados por muchas razones: la pobreza, el desempleo, la hostilidad, el resentimiento y la falta de oportunidades5.
- El desplazamiento ha sido durante mucho tiempo una característica de la violencia armada en Colombia. Más de la mitad de los desplazados corresponde a menores de 18 años.
La información que aquí se ofrece parece ser desoladora, como también lo son las medidas implementadas para hacerle frente al fenómeno de violencia y su impacto en la población más joven y en la escuela misma. Todo parece indicar que la angustia y la impotencia que conflictividades de esta envergadura despiertan nos remiten a tomar consideraciones exclusivas de seguridad con un alto componente policivo, pues, hay presencia de fuerza armada en las IE; se hacen las famosas “requisas pedagógicas”, empleadas por la policía en los colegios, con el consentimiento de algunas directivas; se instalan cámaras de video en algunos colegios (como el Distrital Delia Zapata, de la localidad de Suba, en Bogotá). Además, hay iniciativas para hacer de jóvenes estudiantes un recurso de apoyo al servicio de informantes (como ocurrió con una propuesta del anterior gobierno nacional) y actualmente cursa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto para disminuir la edad en la cual se le pueden imputar cargos a un adolescente, como si con estas medidas se solucionará el problema estructural que hace que estos jóvenes carezcan de otras opciones de vida.
Igualmente, las estructuras criminales aprovechan estas condiciones para establecer cadenas de tráfico y sicariato con jóvenes que, al no encontrar en la educación una salida a sus necesidades diarias, se ven compelidos a tener unos minutos de gloria y no toda una vida de privaciones.
Nuestra sociedad requiere urgentemente unas medidas complementarias de las de seguridad, para atender a una problemática con características que también son económicas, políticas y culturales. En este sentido, cobra relevancia el segundo matiz de afectación entre escuela y violencia armada, que nos interroga por la capacidad que la educación tiene para afectar positivamente los conflictos asociados a la violencia armada.
Cabe resaltar la necesidad de cualificar acciones en materia de formación ciudadana y cultura política, aspectos pedagógicos relacionados con el respeto a la diferencia, a la pluralidad y asimismo a una educación en paz. No es posible construir agendas programáticas en materia de convivencia si no tenemos en cuenta el lugar de la escuela en esta búsqueda. No podemos seguir pensando que el sector empresarial puede definir el futuro de nuestros sistemas escolares. Necesitamos proyectos educativos pedagógicos alternativos: “Como proyecto social, cultural y político, debe nacer de las comunidades para la solución alternativa de sus necesidades. PEPAs6”, con un componente socio-cultural importante, que logre impactar desde los planes de estudio, hasta los procesos de formación y acompañamiento psicosocial a docentes y estudiantes, pasando por incentivos de carácter recreativo, deportivo, económico, promoción de buenos hábitos y buenas prácticas.
Se necesitan proyectos educativos que transformen las acciones de carácter individualista y potencien la comunidad y la confianza en el otro, el respeto a la vida y la dignidad, proyectos que no se resuelvan únicamente con agendas de cobertura y gratuidad, aunque sí las contemple para lograrlo. El enfoque de calidad educativa deberá ser revisado a la luz de estas necesidades, y el momento indicado es ahora, precisamente cuando estamos ad portas de los comicios electorales locales y regionales que definirán los futuros planes de gobierno en cada región del país.
Por ello, es preciso, dentro de las múltiples tareas de la inmediatez de la cotidianidad escolar, sumarle en este momento el estudio de las propuestas de gobierno de los presentes candidatos, para empezar el proceso investigativo respecto a si el fin de las políticas públicas responde a los intereses de la mayoría que convive en el conflicto.
Para ello, apoyándonos en las leyes mismas con que se controla la cotidianidad escolar, tomaremos como punto de movilización social la Ley 131 de 1994, en la cual, cuando se le da un voto, más que a una persona se le está dando a un proyecto de gobierno que en la mayoría de los casos es poco implementado en el momento de estar en el poder, y de acuerdo a su articulado se estaría en condiciones de realizar procesos de “revocatoria del mandato” por el incumplimiento del programa de gobierno: es un mecanismo de participación popular en los términos de esta Ley (artículo 2).
Pero esto no se puede implementar desde una sola vía; se hace necesario que en los espacios escolares estos reclamos que se hacen a la estructura política nacional tengan eco en las prácticas sociales en su interior. No podemos seguir teniendo asignaturas como democracia y derechos humanos implementadas, desde lógicas verticales y autoritaritas, en las cuales muchas veces la concentración y el autoritarismo de los poderes que encarnan algunas de sus figuras sirven para pasar de entornos democráticos a espacios dictatoriales en los que la última palabra se da desde la imposición y no desde la construcción a partir de la diferencia y el disenso.
Es entonces la escuela nuestra más potente oportunidad de transformación, y el actual panorama político una posibilidad para hacerlo factible.
* Movilización Social por la Educación, mesa Bogotá.
** Instituto Popular de Capacitación (IPC), Medellín.
1 Se calcula que en Colombia alrededor de 10.000 a 13.000 se encuentran vinculados a algún grupo armado. Seminario Niñez en conflicto armado y violencia armada organizada. Febrero 17 de 2001. Corporación Paz y Democracia.
2 En los barrios de Medellín se ha detectado una preocupante modalidad de trata de personas que esconde toda una red de comercio sexual, dominada por peligrosas estructuras armadas. Agencia de Prensa IPC. Septiembre 29 de 2010, consultar en www.ipc.org.co/agenciadeprensa.
3 El derecho a la educación: asignatura pendiente y máximo desafío en países en conflicto. Esperanza Cerón. Coordinadora Área Educación Ciudadana de la Corporación Viva la Ciudadanía-Secretaría Técnica Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
4 Ver informe completo en: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1—–&x=64116 educación y conflicto: Una crisis encubierta: conflictos armados y educación.
5 Según datos de la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical (ENS), en 2010, 44 de cada 100 desempleados en Colombia son jóvenes (con edades entre 14 y 26 años), y son también el segmento de la población con la mayor tasa de desempleo. En los barrios pobres de las grandes ciudades, estas tasas pasan del 50 por ciento, fenómeno que explica el éxito de las estrategias de reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos criminales.
6 Paradojas y desafíos, Itinerario de la Mesa de Bogotá en la Movilización Social por la Educación, p. 26, Construcción Colectiva.
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