Financiarización de la economía
Hacia la primera mitad de los 70 se tomaron decisiones institucionales que cambiaron radicalmente la estructura financiera del país. La primera de ellas se enmarca en “Las cuatro estrategias” del gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), que para canalizar recursos de largo plazo hacia la construcción de vivienda ideó el sistema de las Upac (Unidades de Poder Adquisitivo Constante), origen de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. El nuevo sistema de activos financieros garantizaba una tasa de interés por encima del índice de inflación, dando lugar a la indización de la economía colombiana.
La financiarización perversa de la economía y la imposición de políticas neoliberales en Colombia se remontan a esa década. Bajo la influencia intelectual y la asesoría de Ronald Mckinnon en la formulación de la política económica, los principios orientadores del nuevo modelo fueron la libertad económica y el fortalecimiento de un mercado nacional de capitales. Según el diagnóstico, los mercados de los factores (tierra, trabajo y capital) funcionaban ineficientemente por la ausencia de un mercado de capitales, y el intervencionismo estatal en cuanto, de acuerdo con tal diagnóstico, éste produce fragmentación y privilegios para los grandes negocios.
El puntal de la estrategia de desarrollo propuesta por Mckinnon fue la reforma financiera. El mercado financiero libre sería el ejemplo más virtuoso de la eficiencia y por tanto debía convertirse en el sector líder del desarrollo. Una vez en marcha la reforma financiera, se debían implementar dos estrategias complementarias: liberalización del comercio exterior y reforma fiscal. La primera, porque era superfluo controlar las importaciones, así como innecesario manejar el sistema de precios relativos para buscar transferencias de recursos entre sectores. El tipo de cambio, además, debía ser flexible y ajustado a las necesidades de la liberalización y la competencia en el mercado internacional. La segunda, para eliminar todo subsidio o exención discriminatoria.
Las sugerencias fueron acogidas integralmente por el gobierno del presidente López Michelsen (1974-1978), elegido por una amplia mayoría de los sectores populares, esperanzados por la trayectoria de liberal de izquierda del mandatario y desencantados luego por el viraje ortodoxo, a favor de las poderosas oligarquías domésticas y del capital financiero transnacional, que orientó su “plan de desarrollo”.
De orientación neoliberal –como le diríamos hoy–, la reforma financiera eliminó el crédito de fomento proveniente de emisión y lo obligó a depender de recursos captados en el mercado, redujo los encajes y las inversiones forzosas, y liberó las tasas de interés, que empezaron a crecer sin límite. La reforma fortaleció al sector financiero del país y le permitió crecer a una tasa cuatro veces superior respecto al PIB total. La contribución relativa del sector financiero respecto al total de la economía, que a principios del siglo XX no superaba el 3 por ciento, había alcanzado una participación del 8 a principios de los años 1960; en la década del 70 aumentó a 18 por ciento. (ver gráficos 1 y 2).
Aparecen los dineros calientes
En 1976 entró a jugar un nuevo factor que alteró el funcionamiento económico: la bonanza del comercio exterior. Este nuevo fenómeno se explica por la doble bonanza cafetera y de las exportaciones ilegales. Así aparecían en sociedad las élites mafiosas del narcotráfico, favorecidas por la liberalización financiera, que pronto entraron en alianzas con el poder terrateniente, dando lugar al fenómeno que hoy se conoce como narcoparamilitarismo, sustento del modelo de acumulación capitalista de las décadas siguientes. En el breve lapso de un año, las reservas internacionales netas aumentaron en más de 600 millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 113 por ciento; para 1977 crecieron un 57 adicional y para 1978, después de aumentar en 35,6, las reservas internacionales bordearon el nivel de los 2.500 millones de dólares.
En efecto, el cultivo y la exportación de marihuana, al tiempo que numerosos laboratorios empezaban a producir cocaína, generó una continua y creciente entrada de divisas al país. Con el fin de captar estos recursos y orientarlos a los circuitos financieros legales, el gobierno de López implementó el mecanismo denominado “ventanilla siniestra” del Banco de la República. Este es el nombre con que se conoció el lugar donde cambiaban sus divisas las empresas e individuos del sector servicios, entre los cuales se camuflaban los nuevos empresarios clandestinos.
Entre 1976 y 1979 se detuvo el avance de la reforma financiera. Por las presiones monetarias derivadas de la bonanza cafetera y las exportaciones ilegales, se impusieron medidas monetarias restrictivas. Pero la especulación siguió un peligroso curso, haciendo que el sistema se inflara más allá de sus posibilidades reales. El encaje bancario ascendió al ciento por ciento y fueron controladas las tasas de interés. No obstante, el auge financiero fue incontenible y muchas empresas introdujeron innovaciones para escapar a los nuevos controles gubernamentales.
En el marco de un grave deterioro de los derechos humanos, provocado por el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), el sector financiero, favorecido por la flexibilización del control oficial y el ingreso de recursos de la economía subterránea, registró un crecimiento espectacular, y el sector financiero se apoderó de muchas de las grandes empresas industriales del país cuyos activos se encontraban desvalorizados por la crisis económica, conformando inmensos conglomerados financiero-industriales.
La formación de conglomerados financieros con extensiones en otros sectores económicos y las olas especulativas posteriores a la bonanza cafetera crearon un ambiente propicio para el manejo irresponsable del mercado de valores, imposible de controlar por las instituciones de vigilancia del Estado. A ello se sumó la extensión del sistema financiero nacional a los mercados extranjeros, particularmente a Panamá, cuyo atractivo era la operación al margen de las limitaciones legales impuestas en Colombia para contener la entrada de divisas, legales e ilegales, durante los años de bonanza.
En junio de 1982, la crisis industrial se transmitió a las firmas financieras que encabezaban los conglomerados. Así, en junio de 1982 se derrumbaron una tras otra las mayores empresas financieras del país, arrastrando consigo a los incautos ahorradores. El deterioro de los índices de rentabilidad y calidad de la cartera destaparon una crisis general del sistema de intermediación de recursos financieros. Las principales entidades afectadas por la crisis fueron los bancos comerciales privados, las corporaciones financieras y algunas compañías de financiamiento comercial. Mediante extremas medidas de nacionalización y liquidación de algunas de ellas, al Estado le correspondió salvar las entidades comprometidas. Diseñado para atender los requerimientos de insolvencia del sector financiero, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), creado por la Ley 117 de 1985, terminó con la incertidumbre.
El tráfico de sustancias ilegales al exterior, factor importante de la llamada “economía subterránea”, constituyó una explicación del auge financiero en las administraciones de López Michelsen y Turbay Ayala. En continuación de esta protección estatal, la administración de Betancur (1982-1986) planteó una relación más abierta entre narcotráfico y Estado, ofreciendo la posibilidad de incorporar dineros ‘calientes’ en la economía legal. La amnistía tributaria de 1983 (Leyes 9 y 13) favoreció la integración de los dineros del narcotráfico al sector financiero legal. Un elemento adicional a esta crisis y evolución del sistema financiero colombiano es su tendencia a la concentración: el número de entidades financieras se reduce de 111 en 1980 a 99 en 1986.
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