Perfil
En el panorama global, la oligarquía financiera emerge desde los 70 como la facción del capital con mayor poder e influencia sobre el Estado, la economía y la sociedad. Así lo constata el papel jugado por el grupo Sarmiento Angulo (entre las 100 personas más millonarias del mundo) en la declaratoria del régimen de excepción del Gobierno para conjurar el paro del sector de la justicia y declarar ilegal a DMG y las ‘pirámides’. Unido al poder histórico de los terratenientes y la globalización transnacional del capital, configura en conjunto el actual régimen financiero-terrateniente-transnacional que domina y explota hoy a la clase trabajadora y los sectores populares en Colombia.
De la crisis financiera y monetaria global, la oligarquía colombiana tampoco aprende. Se prevé que en 2009, el déficit fiscal de Colombia (gobierno nacional central) estará cerca de un 3,5 por ciento. Este hecho implicará un mayor endeudamiento externo del país, que para 2008 alcanzó 43.000 millones de dólares (pública y privada). El déficit del gobierno colombiano y su financiamiento anima la tendencia especulativa de la economía; de hecho, el 63 por ciento de la deuda es contraída internamente para beneficio del capital financiero que opera en el mercado nacional. La deuda es un disparador del gasto público y carburante de la inflación (en el fondo, un impuesto para los consumidores); el servicio de la deuda representa anualmente un 12 por ciento del PIB (alrededor del 30 por ciento del presupuesto nacional). De acuerdo con el CONFIS, el saldo de la deuda total del sector público no financiero representa para 2008 el 42 por ciento del PIB.
Para 2009, la administración Uribe estimó en 2.400 millones de dólares los requerimientos de financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal, comercial y de capitales de Colombia. En este monto se incrementará la deuda externa colombiana mediante la venta de bonos de deuda pública externa (por mil millones de dólares), y por los créditos que desembolsarán el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (por 1.400 millones de dólares). Estos recursos externos se destinan en su mayoría al servicio de la deuda, al financiamiento de la ‘seguridad democrática’ y también a alimentar la fronda de contratistas privados con el Estado a través de obras de infraestructura. Este “crecimiento al debe” refleja la debilidad de una economía ficticia y especulativa a la que le espera la suerte de las demás pirámides financieras en desmoronamiento de manera de inevitable.
Si las vías formales de financiamiento externas no funcionan, el gobierno Uribe cuenta con un plan B. En el contexto del Estado de conmoción, Uribe decretó a finales de 2008 la amnistía y la libre entrada de los capitales mafiosos que los narcoparamilitares mantienen en el exterior (práctica común que viene de los gobiernos de López Michelsen y Belisario Betancurt). Así se cierra el círculo de un régimen político y económico de carácter especulativo financiero, terrateniente y trasnacional.
Quiebra de los fondos de pensiones privadas
El total de los fondos de pensiones y cesantías administrados en Colombia registró una pérdida de 2,4 billones de pesos (2,4 millones de millones) entre octubre de 2007 y octubre de 2008, esto es, se esfumó “el 1,8 por ciento de las inversiones provenientes del ahorro pensional de los trabajadores. En contraste, en el mismo período, los establecimientos financieros obtuvieron utilidades por 677.560 millones de pesos.
En Argentina acaba de ocurrir lo mismo: el saqueo que las Administradoras de Fondos de Jubilación Privadas ejercen sobre los aportes de los trabajadores. En octubre de 2007, los clientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones Privadas (AFJP) tenían en conjunto 96.601 millones de pesos. De aquel momento a septiembre de 2008 aportaron 11.141,5 millones. Sin embargo, el Fondo no subió a 107.742,5 millones de pesos sino que se hundió a 94.442,6 millones. En ese caso, la pérdida nominal fue de 13.299,3 millones de pesos, pérdida que golpeó directamente a las personas que se jubilaron por una AFJP, sobre todo si contrataron rentas vitalicias. Esto obligó al Estado argentino a reversar las políticas neoliberales en materia de seguridad social, que campeaban alegre y corruptamente por América Latina desde los 80, y volvieron al Sistema Previsional Solidario.
Se dio fin así al régimen de jubilación privada. Ante el fracaso del sector privado, la nueva ley regresa a un único sistema previsional estatal. Dicho de otra manera, la ley le devuelve al Estado la administración y la garantía de las pensiones. La iniciativa fue aprobada en el Congreso por abrumadora mayoría, con más de dos tercios de los votos en ambas Cámaras. La ley creó un Consejo de Evaluación que estará compuesto por dos miembros de asociaciones de jubilados, tres representantes de centrales sindicales, dos de organizaciones empresariales, dos de cámaras bancarias, un senador, un diputado, un funcionario de Jefatura de Gabinete y otro de la administradora nacional de la seguridad social. “El dinero que administrará el Estado se utilizará para inversiones de largo plazo de mano de obra intensiva y para sostener la economía en el período que viene”, afirmó Amado Boudou, primer titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
- El G20 está conformado por Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá (antiguo G7), al que han integrado a la presidencia de la Unión europea, Rusia, Australia, México, Brasil, Argentina, Arabia Saudí, Suráfrica, Corea del sur, India, China, Turquía e Indonesia. El conjunto de estos Estados representa el 65% de la población mundial y contribuye con 80% del PIB mundial. En su alianza comparten “los principios del libre mercado, el régimen de libre comercio e inversión, y los mercados financieros efectivamente regulados en cuanto fomentan el dinamismo, la innovación y el espíritu emprendedor que son esenciales para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza”.
- Le definieron como algunas de sus funciones: regular las relaciones monetarias entre los países, mantener proporciones permanentes en las cotización de las diversas monedas; distribuir créditos entre sus miembros, al objeto de garantizarles el fondo necesario de dinero mundial, y no permitir déficits en sus balanzas de pago. En los procedimental, las decisiones del Fondo se adoptan de acuerdo con la magnitud de los aportes monetarios, circunstancia que lo convirtió en instrumento del imperialismo norteamericano. En efecto, el FMI siguió una política que favorecía de manera sistemática la ortodoxia del libre mercado, la empresa privada transnacional y el comercio libre mundial, lo cual le convenía a la economía estadounidense pero no necesariamente al mundo en general.
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