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El gobierno Petro ha propuesto una política exterior activa que podría transformar el rol internacional de Colombia, pero que enfrenta grandes retos derivados de la ausencia de líneas de acción concretas y del descuido de la carrera diplomática y consular.

Convertir a Colombia en una potencia mundial para la vida es el objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del Presidente Gustavo Petro y, como lo dejó claro desde su campaña en 2022, la política exterior es central para ello. No es posible esa transformación sin que Colombia se posicione como un actor protagónico en discusiones sobre cambio climático, transición energética y política antidrogas, dado que son temas en los que el país tiene recursos, experiencia y aprendizajes que pueden incidir positivamente en la configuración de nuevas agendas internacionales.

Durante su campaña, además, el Presidente fue explícito en la importancia de temas como el fortalecimiento de la integración regional, el restablecimiento de relaciones con Venezuela, la alianza con Estados Unidos para trabajar en asuntos de seguridad y drogas, las políticas frente a la migración, el cambio climático, el respeto por los derechos humanos y la carrera diplomática y consultar. En su primer año de gobierno, se han observado algunas decisiones y acciones que son coherentes con lo propuesto y otras que han sido bastante cuestionadas por ir en contravía de las expectativas generadas.

El Plan Nacional de Desarrollo, Colombia potencia mundial de vida, muestra que la política exterior es un eje transversal, antes que un tema puntual, apareciendo de manera explícita en tres frentes de acción: 1) cambio de paradigma del fenómeno de las drogas ilícitas; 2) luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad; 3) hacia una política exterior feminista con liderazgo del país en temas de género.

Desde este documento, además, se hace un llamado a la comunidad internacional para luchar contra la deforestación, revisar la política de drogas, atender los flujos migratorios, propender por la equidad de género, buscar la resolución pacífica de los conflictos, garantizar la seguridad alimentaria y comprometerse con la agenda 2030. Así, se reconoce el carácter global de estos asuntos no solo en términos de su alcance sino en la construcción de alternativas para atenderlos, por lo que la política exterior también se enfoca en la diversificación geográfica y la profundización de la integración regional, sin desconocer el peso que tiene Estados Unidos para el hemisferio y para la agenda, especialmente en el tema de drogas.

Se plantea entonces una política exterior activa, que refleja un entendimiento por parte del Gobierno de la importancia de articularla con la política interna en aras de alcanzar metas concretas. Una de las primeras decisiones en ese sentido, fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela: desde el 10 de agosto de 2022; ambos países han retomado el trabajo conjunto en temas como comercio, migración, seguridad y cooperación. De igual forma, tanto Colombia como Venezuela han ofrecido sus buenos oficios para la búsqueda de soluciones a los conflictos que les afectan: por el lado de Colombia, ha intentado servir de mediadora en los diálogos entre gobierno y oposición; y, por el lado de Venezuela, ha ofrecido su apoyo en los diálogos con el Eln.

En esa misma línea, ha habido un mayor acercamiento a América Latina insistiendo en la necesidad de reabrir y fortalecer espacios de coordinación y cooperación, como la Celac y Unasur, desde donde se deben abordar cuestiones relevantes para la región como el cambio climático y la deforestación, la atención a la población migrante, la resolución pacífica de las controversias y la política internacional de drogas ilícitas. Esto, por supuesto, no ha significado un distanciamiento o una ruptura con Estados Unidos, la prioridad en la política exterior colombiana, como lo deja claro la visita que realizó el Presidente Petro durante el mes de abril a Washington, San Francisco y Nueva York, y las reuniones sostenidas con distintos actores de la sociedad civil, grupos de connacionales, congresistas y, finalmente, con el Presidente Biden.

El cambio climático y la deforestación ha sido uno de los temas centrales de la Cumbre de la Otca que dejó como resultado la Declaración de Belém do Pará del 9 de agosto de 2023. En este documento, los países firmantes reconocen la necesidad de integrar la Amazonía, combatir la pobreza y las desigualdades, y promover el desarrollo sostenible para poder hacer frente a cuatro desafíos comunes: crisis climática, pérdida de biodiversidad, contaminación y deforestación. En ello, se traza una hoja de ruta de 14 puntos que toca temas como el fortalecimiento institucional, la seguridad, la protección de bosques y ecosistemas, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades campesinas como productores de conocimiento. Sin embargo, las propuestas y los compromisos no parecen tener las suficientes herramientas para ser llevadas a la práctica, dando cuenta de las dificultades de los Estados miembros para llegar a acuerdos mucho más específicos.

Desarrollo sostenible, diálogo político y multilateralismo no son asuntos exclusivos a tratar con América Latina y fueron algunos de los ejes de la visita de la Vicepresidenta Francia Márquez a Etiopia, Kenia y Sudáfrica que, según datos de Cancillería, dejó como resultado 18 acuerdos de cooperación en temas diversos como turismo sostenible, desarrollo sostenible y comercio justo. Este acercamiento, enmarcado dentro del ejercicio de la cooperación Sur-Sur, le permite a Colombia explorar la posibilidad de contar con nuevos socios que pueden ser cruciales en el intercambio de conocimiento y experiencia en temas como resolución de conflictos, procesos de reconciliación, desarrollo sostenible y comercio justo, así como en la construcción de futuras alianzas alrededor de debates más álgidos sobre asuntos globalmente relevantes como las alternativas frente al cambio climático y la política antidrogas.

La diversificación no solo es en términos geográficos sino también temáticos. De allí que el país haya empezado a trabajar de cara a una política exterior feminista desde el inicio de este gobierno, aunque esta siga en construcción. Desde el viceministerio de Asuntos Multilaterales se abrió un espacio participativo dentro de Cancillería para que organizaciones de mujeres con distintas orientaciones presentaran sus perspectivas y contribuyeran a la elaboración de las directrices de dicha política. Los lineamientos generales que surgieron de estos ejercicios derivaron en explicitar la necesidad de buscar una política exterior feminista, pacifista, participativa e interseccional orientada a la equidad de género, la visibilización del rol de las mujeres en la sociedad y la promoción de la equidad de género en cuestiones centrales para Colombia como Derechos Humanos y debates sobre el régimen internacional de drogas.

Ahora bien, la política antidrogas ha sido uno de los temas más recurrentes en el discurso internacional del actual gobierno. Así lo dejó claro el Presidente Petro durante su intervención en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022 al señalar la necesidad de moverse hacia una aproximación diferente, que permita entender el problema de las drogas ilícitas desde un paradigma distinto al prohibicionista y que incorpore otras dimensiones humanas en la problemática. En el mismo sentido se puede interpretar la intervención de la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, en el debate general del 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en la que señala la necesidad de propender por el bienestar de las comunidades con una nueva política antidrogas que, además, incorpore un enfoque de género que permita atender a las mujeres ubicadas en los eslabones más débiles de la cadena de producción.

De manera coherente con los objetivos de fortalecer los escenarios multilaterales y favorecer la resolución pacífica de las controversias, el Gobierno reestructura su equipo de agentes ante la CIJ en el litigio ante Nicaragua. El 14 de julio de 2023 la Corte emite un fallo favorable para Colombia, en el que se reconoce la inviolabilidad de la plataforma continental de 200 millas náuticas. El reto ahora es llegar a acuerdos con Nicaragua para aplicar los tres fallos hasta ahora emitidos, en lo que se esperaría contar con toda la fortaleza y experticia del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras agencias del Estado colombiano.

Este no es el único reto que enfrenta la política exterior colombiana. La agenda propuesta por la actual administración nacional es ambiciosa en la medida en que pretende transformar el rol internacional de Colombia al buscar una participación activa en temas clave, diversificar las relaciones bilaterales y fortalecer la participación en escenarios multilaterales. En ello, la carrera diplomática y consular juega un papel fundamental, ya que su profesionalización y su fortalecimiento resultan cruciales para que ese cambio pueda darse de manera efectiva.

Y es este, tal vez, uno de los puntos más flojos que hasta ahora ha tenido el Gobierno. Su promesa en campaña apuntó a que el 50 por ciento de los Embajadores jefes de misión fueran de carrera, llegando apenas al 31 por ciento según las cifras que maneja la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular. De acuerdo con la misma organización gremial, el gobierno también ha incumplido su promesa de fortalecer la carrera diplomática al promover los nombramientos políticos en cargos diferentes al de Embajador, e incluso nombrar en estos cargos a personas que no cumplen con los requisitos mínimos, como se ha señalado en el caso del actual Embajador de Colombia en México. Esto, por supuesto, no significa que dentro del abanico de Embajadores políticos que se han nombrado no haya grandes aciertos como Luis Gilberto Murillo en Estados Unidos. Desde la misma Cancillería también se han denunciado deficiencias en la atención a connacionales en el exterior debido a problemas técnicos y a la falta de formación de algunos funcionarios ajenos a la carrera diplomática y consular.

Así las cosas, la política exterior del gobierno actual arroja un balance positivo en términos de los propósitos que se ha trazado, pero de grandes retos a la hora de proponer líneas de acción concretas. Especialmente porque decidir y actuar en asuntos como cambio climático y drogas ilícitas no es algo que se pueda hacer de manera unilateral y sin articulación con la política interna. Colombia debe mantener su asociación estratégica con Estados Unidos, al tiempo que profundiza su integración con América Latina y diversifica sus relaciones bilaterales.

* Profesora del Departamento de Relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.


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Información adicional

Autor/a: Carolina Cepeda Másmela*
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico desdeabajo N°305, 18 de agosto-18 de septiembre de 2023

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