Ecuador: ¿un país maniatado frente a la crisis?

– Recomendaciones de política, en el ámbito nacional y regional

Enfrentar los efectos de la crisis internacional no puede ser un pretexto para marginar el tratamiento de la crisis estructural del país. Tampoco la crisis puede provocar un reencuentro con la senda del Consenso de Washington, en cualquier de sus matices, esperando que ahora si funcione dicha receta.

Esto conduce a proponer una estrategia de transición para enfrentar la crisis sin perder la vista en el largo plazo, que está plasmado en la Constitución del 2008. Es decir tendrá que potenciar las capacidades domésticas y repensar la forma en que se participa en el actual contexto internacional, preparándose para construir una lógica diferente e inteligente de inserción internacional, resolviendo los retos internos. Un nuevo perfil de especialización productiva debe contar con un adecuado sostenimiento interno. Y este nuevo perfil necesariamente deberá orientarse hacía una economía post-extractivista, que sea menos dependiente de exportaciones primarias y, por ende, menos depredadora de la mano de obra y de la Naturaleza.

Para ello es necesario aplicar políticas estructurales de redistribución de la riqueza y los ingresos, así como de expansión de las capacidades de los individuos y las comunidades.  Ecuador está conminado a robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico. Este sería una especie de prerrequisito para conformar un sistema productivo competitivo y abierto a la competencia con el exterior. Desde esta premisa debe definirse una estrategia de inserción en el mercado mundial priorizando los esfuerzos de integración regional. Abrir nuevos mercados para cada vez más y nuevos productos, es tan importante como asegurar el mayor valor interno de retorno  en los productos exportados. En esta línea hay que replantearse una estrategia que contemple tanto la sustitución de importaciones, como la diversificación (en productos y en destino), y también la sustitución y diversificación de las exportaciones. En este empeño no hay espacio para aventuras aperturistas a ultranza y que, a la postre, constituyen un freno para la misma capacidad de competir en el mercado mundial, como sucede con los Tratados de Libre Comercio, sea el de inspiración norteamericana o europea, que en el fondo tienen muchas similitudes.

Sin pretender agotar el listado de medidas necesarias, aquí se mencionan apenas las que se consideran más importantes:

– Empleo: Garantizar los actuales empleos asoma como indispensable. Esto implica mantener en funcionamiento el actual aparato productivo, reorientándolo hacia la satisfacción de la demanda interna e incluso externa, en medio de la crisis. En particular, fortalecer la producción nacional, protegida temporalmente con una serie de medidas arancelarias y para arancelarias, cobra mucha fuerza. Para hacerlo hay que asegurar adecuadas líneas de crédito de la banca pública y privada para financiar sobre todo las actividades de las unidades productivas pequeñas y medianas.

Lo anterior llevaría a priorizar aquellas inversiones que permitan aumentar los niveles de empleo de calidad y los ingresos, propiciando la flexibilidad del capital y no la del trabajo, en tanto vía que conduce a su depredación. Así, por ejemplo, no se debería autorizar la distribución de utilidades en las empresas mientras no se consiga un incremento salarial que deberá ser definido en función de cerrar la brecha entre ingresos y canasta básica familiar. Además, una parte de dicha alza debería hacerse en participación de los trabajadores dentro del capital empresarial; este mecanismo debería emplearse espacialmente para aquellas empresas que no puedan financiar la totalidad del incremento salarial.

La política de compras públicas orientada a fortalecer la capacidad productiva de las unidades productivas medianas y pequeñas, así como de cooperativas, comunidades y asociaciones de productores debe ser un pilar de la producción y generación de empleo.

– Soberanía alimentaria: El país requiere políticas que propicien la transformación y el dinamismo de la agricultura. Para lograrlo, la única opción es un cambio de rumbo profundo a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Aquí hay que garantizar el financiamiento y los subsidios exclusivamente para los pequeños y medianos productores agrícolas, que son la base de la soberanía alimentaria. No se puede seguir protegiendo y entregando cuantiosos beneficios a importadores de agroquímicos, comercializadores y grandes productores de alimentos. Por el contrario, hay que disminuir las presiones sobre la balanza de pagos, provocadas por la importación de agroquímicos. Como complemento de este esfuerzo en el sector agropecuario, hay que forzar la modificación de los patrones de consumo para reorientar masivamente la demanda hacia productos agropecuarios ecuatorianos.

Una revisión integral de la estructura de la tenencia de la tierra, con una real y profunda reforma agraria, asoma como indispensable para conseguir una distribución de la riqueza orientada a potenciar el aparato productivo. En este punto aflora con fuerza la posibilidad de introducir un impuesto a las tierras improductivas. Dar marcha atrás en la decisión gubernamental de no revertir los manglares ocupados ilegalmente por empresas camaroneras es otra tarea pendiente.

– Soberanía energética: En la búsqueda de una transformación de la estructura energética, la demanda nacional de derivados de petróleo debe satisfacerse con la refinación interna. No es posible que un país productor y exportador de petróleo como Ecuador no cubra su demanda de derivados y que tenga que importarlos. La construcción de una nueva refinería en la costa ecuatoriana (sin afectar zonas ecológica y socialmente frágiles) debe ser impulsada decididamente.

En el subsector eléctrico hay mucho por hacer. Para empezar es conveniente atraer inversiones extranjeras destinadas a la construcción de los proyectos hidroeléctricos que requieren un mayor volumen de capital. Disminuir el uso de combustibles fósiles para generar electricidad es cada vez más imperioso. El país dispone de un potencial hidroenergético capaz de conseguir el autoabastecimiento. Entre tanto hay que acelerar la revisión de los términos en que se recibe electricidad sobre todo de Colombia y también de Perú.

La soberanía energética, que debe propiciar una economía post-petrolera, conduce a potenciar las distintas fuentes energéticas existentes procurando vincularlas de manera activa a las demandas del aparato productivo y de la sociedad en su conjunto, sin priorizar la atención en pocos grupos monopólicos y oligopólicos, o en los mayores conglomerados urbanos. Este esfuerzo, a su vez, debe orientarse por la disponibilidad de los recursos energéticos domésticos, preferentemente de los renovables: energía eólica, energía solar y fotovoltaica, energía geotérmica, energía mareomotriz. Pero, atención, no se trata simplemente de que una oferta creciente satisfaga cualquier tipo de consumo; éste también debe ser revisado y reajustado a las disponibilidades de energéticos renovables y limpios.

Entonces, un consumo eficiente es otro de los retos del momento, al igual que el combate frontal al contrabando de combustibles. Un tema pendiente, relacionado con esta dependencia externa, se refleja en los elevados subsidios a los derivados del petróleo, que se venden en el mercado doméstico (se estima que estos subsidios bordean los 2.500 millones de dólares). Estos subsidios constituyen un tema políticamente conflictivo, pero que no puede posponerse más.

– La Iniciativa I T T: Ecuador, reclamando el principio de la corresponsabilidad, propone dejar el crudo en tierra a cambio de una compensación internacional, abre al país una oportunidad inédita para ejercer un liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático. Más allá de todos los beneficios ambientales incuantificables, hay otros que se derivarían de la buena imagen de un país dispuesto a “sacrificar” parte de sus potenciales recursos petroleros. El éxito de esta Iniciativa, llevada a nivel de política pública, contribuiría a favorecer el turismo. Esa buena imagen también podría representar mayores posibilidades para obtener cooperación internacional e incluso, en la medida que el gobierno lidere un manejo ambiental coherente, Ecuador podría transformarse en un líder mundial en el campo ambiental, con indudables y no fácilmente estimables repercusiones positivas en otros ámbitos.

– Política social: Un manejo diferente y diferenciador en lo económico exige también cambios en lo social, que no se agotan en el campo de la simple racionalidad económica de las políticas sociales. En este punto se registran importantes avances en los últimos dos años del primer gobierno del presidente Rafael Correa. Sin embargo, es notorio el divorcio que existe, por ejemplo, entre las políticas productivas en el agro y la satisfacción de la alimentación de los sectores mayoritarios.

En tiempos de crisis se priorizaran las inversiones sociales en educación y salud, vivienda popular y carreteras, que son actividades que generan mucho empleo. Por igual, la investigación y el desarrollo tecnológico no pueden minimizarse, si lo que se quiere es preparar una base productiva más sólida y sustentable.

– Política fiscal: Tradicionalmente Ecuador ha tenido una escasa capacidad recaudatoria en relación a su PIB. Esto ha supuesto una importante limitación respecto al papel redistribuidor del Estado en las últimas décadas. La función de redistribución es aún más importante cuando se trata de un país donde su estructura productiva y financiera genera altas tasas de desigualdad y elevados y preocupantes niveles de pobreza. Debido a la gravedad de las condiciones de desigualdad y pobreza en la que vive la población ecuatoriana (muy alejada del Buen Vivir), ni en el corto plazo se pueden descuidar políticas redistributivas que alivien tales situaciones de injusticia social.

La estructura impositiva también debe respetar otros principios de equidad vertical para que no tenga efectos contraproducentes. Por la parte del gasto, también se deben llevar a cabo políticas progresivas y redistributivas. A medida que se establece un tipo impositivo creciente por niveles de renta, se asegura mayor progresividad en el pago de impuesto.

El principal desafío de la política tributaria es el aumento de la recaudación sin pérdida redistributiva (en el propio pago de impuestos) mediante un cambio de tendencia en la composición de la estructura impositiva: mayor capacidad recaudatoria por impuestos directos (sobre la renta de las personas y los beneficios de las empresas, sobre el patrimonio), y rediseño de los impuestos indirectos (IVA e ICE) para hacerlos más progresivos o al menos no tan regresivos.

Con el fin de conseguir una suerte de protección a la liquidez interna, se podría inclusive incrementar el impuesto a la salida de capitales, que está fijado en el 1%. Una revisión de los contratos petroleros, procurando maximizar los ingresos del Estado, es otro trabajo inconcluso aún.

– Estado, mercado y sociedad: Esta estrategia no podrá llevarse a cabo con una reforma aislada del Estado y de los mercados. La versión simplista respecto del papel del Estado gira fundamentalmente en torno a la amplitud de su intervención directa y la dirección de la política macroeconómica. Pero la dinámica del desarrollo nacional no es solo una cuestión económica sino también política, tanto como social y cultural.

Si el Estado por sí solo no es la solución, mucho menos lo será el mercado. El subordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y a la egolatría individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, hay que promover, como lo dispone la Constitución de Montecristi, una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. Se busca construir una sociedad con mercado, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores. El primer paso concreto será expedir una ley que combata las prácticas monopólicas y oligopólicas tan presentes en la economía ecuatoriana.

– Economía solidaria: El objetivo es elevar el nivel de vida de todos los habitantes, de impregnar equidad social, de género, étnica, intergeneracional y regional a todas las  acciones de política económica. Este esfuerzo debe atender principalmente a los más pobres (sin criterios clientelares, por cierto). Lo que se busca es que la política económica sea parte consustancial de una estrategia alternativa y no solo un elemento más, aislado del contexto de transformaciones que son indispensables.

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. S busca una economía diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Su requiere construir productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria.

Se persigue una economía que garantice el derecho de propiedad bien habida. Pero sobre todo el derecho a la propiedad de quienes nada o muy poco tienen. Esta nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero a su vez establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos recursos desde una óptica sustentable, con la necesidad de disponer de mecanismos de regulación y control ciudadano en la prestación de los servicios públicos. Busca ampliar la base de productores y propietarios en un esquema que articule activa y equitativamente a todos los segmentos productivos.

La redistribución de la riqueza (de la tierra, por ejemplo) y la distribución del ingreso, con criterios de equidad, así como la democratización en el acceso a los recursos económicos, como son los créditos, están en la mira de esta economía solidaria.

– Integración regional: A nivel regional, desde donde en realidad se debería disputar el sentido histórico de los cambios globales, las propuestas afloran con creciente intensidad. Las propuestas regionales, como el Banco del Sur y el SUCRE, debería ser la antesala de un sistema monetario y financiero regional, la que debería ser complementada con su propio código financiero. Esta sería la base para una reorientación de los flujos comerciales de los países latinoamericanos y caribeños hacia la misma región.

Sin negar todos estos esfuerzos, muchos de ellos liderados por el gobierno ecuatoriano, todavía es más lo que se dice a nivel de los gobiernos de la región, que lo que realmente se hace. En medio de la actual crisis internacional habría mucho espacio para acciones conjuntas, que están esperando la respuesta política correspondiente por parte de los diversos gobiernos de la región.

– Rigidez cambiaria: La dolarización no fue la pócima milagrosa ofrecida. Esta, lejos de ayudar a resolver los problemas de la economía, los complicó más. El tipo de cambio rígido, sumado a la desmesurada apertura de la cuenta de capitales y a la ingenua liberalización comercial, ha aumentado peligrosamente la fragilidad de la economía.

Tan es así que ahora, en medio de la crisis internacional, cuando los países vecinos devalúan y el dólar se aprecia, los desequilibros de balanza de pagos pueden convertirse en una peligrosa trampa.

Salir de esta trampa, a la que pretenden transformarla en “la línea Maginot” del neoliberalismo, hay que enfrentarla con mucha responsabilidad. Para empezar se desechan los cuadros terroríficos pintados por los defensores de la dolarización si se produce su finalización. Eso sí, una desdolarización atropellada podría provocar graves problemas de diversa índole, incluso de tipo político.

Por eso ahora, cuando la posibilidad de sostener los ingresos en divisas de los años anteriores disminuye aceleradamente, no se puede esperar para que la dolarización -si es que se produce un cuadro de aguda iliquidez-, provoque una crisis similar a la argentina cuando su economía fue expulsada por la convertibilidad.

En síntesis, la crisis internacional y las medidas adoptadas por los centros de poder mundial condicionarán lo que suceda en Ecuador, ya sea en los impactos como en las posibles políticas que deban ser llevadas a cabo. Menospreciar este marco global y desconocer los graves problemas que arrastra la economía ecuatoriana sería un grave error. Por lo tanto, las políticas a aplicarse tendrán que enfrentar las demandas de una compleja época de transición, sentando las bases para la construcción democrática de una sociedad democrática.

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