El día que la Tierra no avisó que temblaría en Cali 

El sismo del 10 de agosto dejó 154 muertos y más de 45.000 familias damnificadas en Cali, pero no golpeó donde la geografía social del riesgo lo anticipaba. La “zona cero” se concentró en la Comuna 19, un sector de estratos medios-altos, por la coexistencia entre un suelo que amplificó las vibraciones sísmicas y edificaciones levantadas sobre él antes de que rigiese la norma de sismorresistencia de 1984. Ese hallazgo obliga a matizar la idea de que riesgo y desigualdad social son siempre equivalentes. A un mes de la tragedia, persisten las tensiones entre la solidaridad ciudadana y la responsabilidad del Estado, mientras la reconstrucción enfrenta riesgos de opacidad y la desgracia se vuelve, para algunos, oportunidad de figuración en redes sociales.

Amaneció temprano el 10 de agosto en el barrio San Cayetano de la Comuna 3. El sol radiante y el cielo desprovisto de nubes vaticinaban que sería otro de los días calurosos entre la secuencia ininterrumpida que, desde finales de julio, venían sucediéndose en la ciudad. Aquel lunes parecía ser un día donde el sol de plomo que estaba por desparramarse sobre Cali, muy poco contribuiría a paliar la bronca de miles de sus habitantes por una elección presidencial perdida y una posesión consumada entre pitos y fanfarrias, apenas tres días antes, en plena “capital de la resistencia”. Fue en este día reverberante de inicios de agosto, en el que casi podía palparse el sabor marroso y el letargo apático de la resaca electoral que algunos apenas estaban asimilando y otros ni siquiera habían empezado a conjurar, cuando sobrevino la catástrofe. 

A las 7:34 am la Tierra empezó a sacudirse y a rugir, a los treinta segundos llegó el paroxismo del sismo y se sostuvo durante una eternidad para luego ir atenuándose hasta extinguirse, junto con todo el movimiento, minuto y medio después de haber empezado. Dejó tras sí una estela de perros desbocados, vecinos exaltados, edificios caídos, centenar y medio de muertos de quienes aún no se tenía conocimiento. Hasta ese momento, y aunque se habían experimentado dos remezones en los últimos cincuenta años, para todos resultaba inverosímil la catástrofe pues las desgracias por cuenta de temblores eran infortunios propios del destino de los paisas en el Eje Cafetero o de los patojos en Popayán. 

El foco de la catástrofe

Tan solo tuvimos que tomar el celular y fijarnos en las redes sociales para vislumbrar la magnitud del acontecimiento: escombros donde antes había edificios, gritos, heridos, desaparecidos y un aire pesado, sobrecargado de polvo que empezó a sentirse, se extendió por varios días en toda la ciudad. Entonces Cali se sumió en un grave silencio. La ciudadanía ensimismada trató como pudo de afrontar los acontecimientos: algunos protagonizaron notables campañas de solidaridad y recolección de dinero, comida, artículos de primera necesidad para las víctimas del sismo; otros lo hicieron ayudando a conseguir techo para quienes lo perdieron todo; cientos de jóvenes de diversos orígenes sociales acudieron masivamente a los derrumbes para tratar de rescatar, por cuenta propia y asumiendo grandes riesgos, a conciudadanos poco afines que yacían entre los escombros y que quizás en circunstancias opuestas, nunca habrían hecho lo mismo por ellos. Actuaron bien. 

A la media mañana ya era suficientemente claro que el destino no había repartido de forma uniforme las desgracias sobre la ciudad y que incluso, contradiciendo todos los temores, había sido benévolo con segmentos urbanos de la ladera occidental (Nápoles, Alto Nápoles, Siloé, Meléndez) y del oriente de Cali (Distrito de Agua Blanca) acreedores de las mayores y más diversas vulnerabilidades sociales y ambientales. El sismo había elegido un lugar preciso donde manifestarse con plena ferocidad: una banda longitudinal de apenas dos kilómetros de ancho al occidente de la urbe, tendida sobre el piedemonte y sobre el abanico aluvial del río Cañaveralejo, en el corazón de la Comuna 19¹. 

Allí, en los barrios de San Fernando Viejo, San Fernando Nuevo, Cuarto de Legua-Guadalupe, Nueva Tequendama, El Refugio, Los Cámbulos, Pampalinda y El Lido, fue donde se concentró toda su furia. En esa pequeña porción de Cali, que apenas representa el 9% del área urbana, se acumularon 448 reportes de daños a edificaciones, 26 de los 49 colapsos totales y 51² de los fallecidos registrados inicialmente³; la “zona cero” de la catástrofe en Cali se había delineado sobre una zona específica, caracterizada por sus buenas dotaciones urbanas, arquitectónicas y por la pertenencia de sus habitantes a estratos socioeconómicos mediosaltos y altos de la ciudad. 

Circunstancias poco habituales que hacían preguntarnos: ¿por qué acá ocurrió esta desgracia y no en las zonas pletóricas de vulnerabilidades y riesgos donde sí «debió» haber pasado? La catástrofe se concentró en ese epicentro porque allí coincidieron, de manera fatal, un suelo cuyas condiciones geotécnicasimponían alta demanda sísmica y un inventario de edificaciones particularmente vulnerables. La Comuna 19 se asienta sobre el abanico aluvial del Cañaveralejo y el piedemonte inmediato, dos de las zonas de mayor aceleración espectral de la ciudad: en la banda de periodos cortos, el suelo impone hasta una gravedad completa de demanda a edificaciones de dos a cinco pisos, muy por encima de lo que experimentan sectores sobre otros depósitos o sobre la ladera (Ver recuadro “Precisiones y definiciones).

Esa “mancha” de alta demanda perceptible en el mapa no afectó por igual a toda la ciudad, sino que golpeó con especial intensidad la franja donde el periodo propio del terreno y la forma del espectro (ver recuadro “Precisiones y definiciones) generaron una meseta corta que amplificó el movimiento justo en el rango de alturas que predominaba en esos barrios. Sobre este mismo suelo se levantaron edificios de tres a seis pisos, en su mayoría construidos entre las décadas de 1960 y 1980, antes de la adopción del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes de 1984, que nació como respuesta al sismo de Popayán de 1983⁴. 

Esas edificaciones, de altura media y con sistemas estructurales diseñados bajo una norma que trataba a Cali como un solo tipo de suelo, entraron en resonancia con la demanda(Ver recuadro “Precisiones y definiciones) impuesta por el abanico del Cañaveralejo: mientras torres más altas, ubicadas sobre zonas de menor demanda, recibieron apenas una fracción de la fuerza sísmica, los edificios bajos y medianos de esa zona absorbieron el impacto máximo, lo que explica que colapsaran selectivamente y que la mortalidad se concentrara en ese corredor y no en otros sectores de la ciudad, como en las colinas de San Cayetano, San Antonio y Miraflores (en el oeste) donde la aceleración espectral fue equivalente a menos de media gravedad. Así precisan Medina Garzón y Duarte: 

“Para entenderlo con números sencillos: según las normas de construcción, un edificio de concreto de tres o cuatro pisos en la zona del Cañaveralejo recibió el impacto total de la fuerza del sismo (lo que los técnicos llaman una gravedad completa). En contraste, una torre mucho más alta, de dieciséis pisos, ubicada en otra zona de la ciudad, recibió apenas una tercera parte de esa fuerza. Esto nos revela algo fundamental: la diferencia entre los edificios que se cayeron y los que resistieron no dependió necesariamente de que tan bien estaban construidos, sino de esa combinación fatal entre su altura y el tipo de suelo que tenían debajo. […] el desastre fue el resultado de un encuentro desafortunado entre estructuras medianas y un suelo que vibró exactamente al mismo ritmo que ellas”⁵.

Sobre esta peligrosa conjunción de variables físicas, geológicas y estructurales ya se tenía claro conocimiento técnico en el año 2005 cuando se desarrolló para Santiago de Cali el Estudio de Microzonificación Sísmica⁶. Sin embargo, ese conocimiento técnico no se tradujo de manera suficiente en procesos de adecuación, reforzamiento o actualización del parque edificado existente, es decir, nadie hizo algo por adaptar las edificaciones a la norma sísmica de 1984 y tampoco a la tipificación de los suelos sobre los que se levantaban y las condiciones propias de su zona de micro sismicidad. 

Fue la inacción de las administraciones distritales que se sucedieron frente a este conocimiento técnico, también de las autoridades nacionales con competencias sobre el tema, aunada a las presuntas omisiones de los Consorcios de Construcción de Edificios y de Administradoras de Propiedad Horizontal, las que juntaron todos los ingredientes para la catástrofe que sobrevendría veintiún años después. Sabiendo que debían mejorarlas⁷ dejaron la edificaciones intactas desde su construcción y probablemente se construyeron otras sin apego a la normas sísmicas, albergando entre sus armazones de acero y concreto el germen de una fatalidad que necesitaría de un movimiento telúrico lo suficientemente fuerte para desencadenarse. 

El riesgo, las víctimas, su abandono

El terremoto vivido en Cali sugiere que la vulnerabilidad frente a una amenaza natural no puede deducirse por simple regla de tres, a partir de la posición socioeconómica de la población. Este pequeño pandemónium experimentado contribuye a matizar la idea latente en los postulados de Ulrich Beck⁸ sobre la democratización de los riesgos y sus efectos, que de acuerdo con el teórico alemán tienden a difuminarse en todo el espectro de lo social, así como de su concepción de que el riesgo y la desigualdad social son “dos caras de la misma moneda” pues quienes concentran las mayores desigualdades también concentran los mayores riesgos.

Aunque la producción y distribución social del riesgo siguen atravesadas por relaciones de poder y por desigualdades en la capacidad de producir, evitar, trasladar o gestionar los riesgos, la exposición a una amenaza no es, por tanto, equivalente al daño producido por ella. Como quedó evidente en el caso de Cali, diversas poblaciones sometidas al mismo fenómeno físico experimentaron consecuencias radicalmente diferentes, debido a las condiciones materiales (técnicas) y sociales que mediaron entre la amenaza y el desastre. Algunas de estas condiciones del terreno, por supuesto, no eran conocidas cuando la ciudad inició otra de sus fases de urbanización segregadora y excluyente entre las décadas de los sesenta y setenta⁹, proceso que ya había adquirido plena fisonomía entrado el nuevo siglo. 

Si, por el contrario, se hubiesen conocido, muchas de las “buenas familias” de la ciudad no se habrían asentado en esta zona, evitando sus particulares condiciones de respuesta sísmica, por lo que hoy no figurarían como víctimas y, probablemente, sí lo serían decenas de negros empobrecidos que hoy habitan zonas que concentran otras vulnerabilidades socioambientales por siempre conocidas, como ocurre en el oriente de Cali. Arquetipos de ciudadanos que, ante la misma desgracia ocurrida en otros departamentos y municipios afectados, siguen siendo acreedores de menor ayuda, de ímpetus más atenuados de solidaridad.

La “zona cero” del sismo caleño, por tanto, no debe interpretarse como una anomalía en la distribución de la desigualdad urbana frente al riesgo. Constituye, más bien, un ejemplo de cómo las amenazas naturales interactúan con una ciudad históricamente producida: con sus patrones de urbanización, sus mercados de suelo y vivienda, sus decisiones de planeación, sus normas de construcción y sus distintas formas de ocupación del territorio. Este desastre no eliminó las diferencias sociales preexistentes, las puso de telón mientras las atravesó y desplazó temporalmente, produciendo configuraciones inesperadas de exposición y daño.

Estos diferenciales socioeconómicos, con sus profundas determinaciones sobre la capacidad de respuesta, resiliencia y recuperación de quienes hoy son las víctimas inmediatas, son un factor clave en la estabilidad social que seguirá teniendo la ciudad más allá de los trajines que impuso la catástrofe y de los abandonos que están protagonizando el gobierno municipal, departamental y nacional, pues, al igual que en todas las catástrofes acaecidas en Colombia, acá es muy probable que tampoco se preste la suficiente asistencia humanitaria, ni la ayuda financiera requerida para que las víctimas recuperen sus bienes y hogares, ni siquiera la atención psicológica imprescindible. Frente a esta reconocida constante, el termostato social marcaría una escala muy distinta si las afectaciones se hubieran concentrado en el oriente y laderas, pues difícilmente hablaríamos de estabilidad social en esta sucursal del cielo tan suficientemente entrenada en luchas terrenales. 

Se procederá a “reconstruir”. Esta reconstrucción abre, sin embargo, un conflicto decisivo sobre quién será efectivamente reparado y quién administrará los recursos para hacerlo. La Alcaldía estimó que la estabilización y reconstrucción de Cali podría costar cerca de $10 billones, mientras el gobierno nacional activó mecanismos excepcionales de financiación y anunció recursos para vivienda, colegios, hospitales, vías y demás infraestructura¹⁰. Pero estas promesas no equivalen todavía a una garantía de reparación directa para cada hogar que perdió su vivienda y tejido social. Es por ello que habitantes, líderes sociales y ediles están solicitando que se destinen explícitamente recursos para pagar subsidios de arrendamiento, reparar viviendas y atender a la zona rural de Cali¹¹, muy poco tenida en cuenta frente a la catástrofe; a su vez, concejales de la ciudad plantean serias dudas sobre el hecho que el plan de recuperación no establezca con claridad una partida destinada a enfrentar estas necesidades¹². 

El peligro de que el gasto se concentre en grandes contratos de infraestructura, constructoras y operadores privados, sin resolver la restitución material de los hogares afectados, aún no puede presentarse como un hecho consumado, pero sí como un riesgo presente que exigirá de ejercicios de reclamación, movilización y de una intensa veeduría ciudadana. A comienzos de septiembre de este mismo año, el 76.23% de los 122 contratos otorgados por el ejecutivo para la reconstrucción correspondía a contratación directa otorgada a “particulares”¹³, pero ¿quiénes son estos contratistas? ¿De dónde salieron? ¿Qué requisitos cumplieron para alcanzar los contratos? Frente a estas dudas la ONG Transparencia por Colombia advirtió que la urgencia de la emergencia no debe reducir los estándares de control, trazabilidad y conocimiento público de las contrataciones¹⁴. 

Advertencia impertinente, porque reconstruir sin transparencia y sin participación efectiva de los damnificados es, precisamente, lo que se pretende: convertir esta calamidad colectiva en una enorme ventana de oportunidad con doble alero, para la ingente acumulación de funcionarios públicos, constructores, interventores y demás actores que se beneficiarán de ella, a partir de la apropiación indebida de recursos públicos. Este parece ser el objetivo ulterior de todos aquellos a quienes, con esta catástrofe, «se les apareció la Virgen», a costa de los pesares de ciudadanos que perdieron a sus seres queridos, sus casas, sus bienes y las condiciones básicas para vivir.

Un mes después del terremoto, a las 7:34 am del 10 de septiembre, mientras los carros danzaban por las calles de la ciudad haciendo sonar sus cornetas en honor de las víctimas, parece haber quedado instalada una versión bastante conveniente y convincente del estado actual de situación que proclama: i) que el único responsable de la catástrofe fue el terremoto en sí mismo, cuando mucho, el suelo; ii)que el actor fundamental para contener sus efectos es la propia ciudadanía, a la que el alcalde de Cali continúa pidiendo que no decaiga en su «solidaridad», expresada en donaciones de dinero, alimentos, bienes y artículos de uso cotidiano; iii) que él, junto a funcionarios del Gobierno Nacional, se encargarán de administrar pulcramente los «escasos» y esforzados recursos que serán destinados a una reconstrucción que, hasta ahora, no contempla como necesaria la restitución de las casas, los bienes y las propiedades de los damnificados, y mucho menos los librará de las deudas que contrajeron para adquirirlos.

El aura farming de la desgracia

La solidaridad social, como punta de lanza de las estrategias encaminadas a contener, estabilizar y afrontar los vectores de daño producidos por eventos catastróficos en sociedades poco desarrolladas y gestionadas por Estados fallidos, como el nuestro, sigue siendo una estrategia ambivalente que puede ofrecer tantos daños como beneficios, pues no solo desplaza, sino que también legitima, la bastante cantada afirmación de que “solo la ciudadanía rescata a la ciudadanía”. El reconocimiento e interiorización ideológica de esta premisa puede llevarnos a la falacia de que, entonces, es la ciudadanía la que debe responder por sí misma, eximiendo de toda exigencia y responsabilidad a los gobiernos y al Estado.

Si esta afirmación fuese cierta, entonces no tendría sentido, forma ni vigencia este “cuasi” contrato social erigido sobre un Estado dotado de capacidades y recursos para garantizar el Estado de derecho de la Nación. ¿Qué sentido tendría, entonces, tributar, cumplir y hacer cumplir las leyes, sostener este aparato paquidérmico y corrupto si, ante eventos que ponen en riesgo la vida y la estabilidad de la sociedad, esta tuviese que defenderse y protegerse autárquicamente?

Sin embargo, muy dócilmente aceptamos esta “verdad” y nos movilizamos masivamente para ayudar a las víctimas y a los lesionados de la catástrofe, sin pensar ni reflexionar siquiera que, a partir de esto, podría entonces plantearse un contrato social entre la propia ciudadanía, desprovista de su leviatán regente y parasitario.

De manera alguna pueden cuestionarse e invalidarse las legítimas y necesarias campañas que lograron poner techo sobre la cabeza, frazada sobre los cuerpos, comida en el estómago, agua en los labios y artículos de higiene en las manos de quienes todo lo habían perdido. Debe sostenerse y seguirse haciendo, pero los acontecimientos también reclaman una reflexión rigurosa sobre la necesidad de contribuir a que el Estado asuma sus responsabilidades, tanto por sus acciones como por sus omisiones; que cumpla sus deberes con la ciudadanía que trabaja y tributa para sostenerlo, recibiendo a cambio magras contraprestaciones, abandono, violencia y un constante saqueo del erario público que permite la acumulación de capital en determinados sectores, profundiza los abismos y reproduce las jerarquías económicas, señoriales, de nuestra economía primaria y preindustrial.

El circo, en esta ocasión, vino por cuenta de quienes siguen haciendo “performances” en redes sociales, empleando este mismo concepto de solidaridad como estandarte para ganar favorabilidad y likes a partir de la proyección de una imagen de sí mismos caracterizada por la sensibilidad, la compasión y la vocación de ayuda humanitaria. ¿En qué momento se forjaron tantos héroes? Y no solo les bastó con exhibirse en los puntos de derrumbes; también había que mostrarse quitando escombros, con la cara y la piel empolvadas, físicamente descompuestos, pero con ganas de seguir dejándola toda para rescatar al humano, pero también haciendo cualquier tontería para salvar al perro, al gato, atrapado en el edificio que estaba a punto de derrumbarse sobre ellos.

Poco sorprende, entonces, que el anterior dignatario del país haya tenido la osadía de llamar “compañera” y “militante progresista” a una persona que yacía entre los escombros y que, muy probablemente, jamás militó en el Pacto Histórico, con el objetivo, quizás, de presionar y, al mismo tiempo, de criticar a representantes del ejército israelí presentes en el mismo derrumbe¹⁵. Quizás le interesaba mucho fraguar otras de sus estratagemas de descrédito y sostener la hipótesis de una “ocupación ilegal” de estos soldados desarmados vestidos de marrón, sobre quienes hay suficiente conocimiento público para afirmar que no fueron quienes más trabajaron en la misión. Sin embargo, lo que debió primar fue la consideración del dolor de los familiares y amigos de la víctima, no la simulación de una imagen de adscripción política y militancia activa, para constituirse en otro de sus dolientes con derecho a opinar sobre el bien o el mal de quienes estaban gestionando la remoción de escombros en el lugar.

Un faltante

Este embeleco de crónica que no pudo ser, requería de otras personas y voces que quisieran expresarse, más que la de estos campeones de la solidaridad. Sin embargo, los traumas y las cargas aún se están procesando, y las palabras de quienes los llevan consigo siguen siendo bastante escasas. Deben respetarse sus silencios y voluntades hasta que quieran nuevamente expresar lo que decidan y autoricen para amplificarlo. Hasta entonces, muchos trataremos humilde y anónimamente de acompañarlos por los caminos de la restauración hacia la alegría. Quizás, algún día, no tan distante, podamos, en las calles de esta capital de la salsa, tomarnos unos tragos de cura’o, abrazarnos y bailar cualquier canción de los Hermanos Lebrón. 

1 Medina Garzón H, Duarte C. “Cali sobre su propio suelo: análisis geoestadístico de las hipótesis sobre el sismo del 10 de agosto de 2026” [Internet]. Cali: Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Instituto de Estudios Interculturales – Observatorio de Tierras; 2026 [citado 9 sep 2026]. Disponible en: https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2026-08/Cali%20sobre%20su%20propio%20suelo.pdf

2 Lamentablemente las cifras fueron escálando día tras días hasta llegar en pocos días, hasta el medio centenar.

3 Medina Garzón H, Duarte C., op. cit.

4 Ibídem.

5 Ibíd., p. 10.

6 Ingeominas, Dagma. “Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali: subproyecto de respuesta sísmica, informe 5-2, análisis y modelación de la respuesta sísmica local del subsuelo en Santiago de Cali” [Internet]. Bogotá: Instituto Colombiano de Geología y Minería – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali; 2005 [citado 9 sep 2026]. Disponible en: http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/19833

7 El Decreto Municipal 0158 del 18 de marzo de 2014, que adoptó la microzonificación sísmica de Cali, estableció parámetros de diseño sismorresistente diferenciados por zona para las nuevas construcciones y para las edificaciones existentes que sean objeto de ampliación, adecuación o modificación estructural; sin embargo, no impuso una obligación general de revisión, evaluación ni rehabilitación sísmica para el inventario edificado preexistente en las zonas de alta demanda, ni exigió diagnósticos de vulnerabilidad ni programas de reforzamiento estructural para edificios residenciales de altura media construidos antes de la norma, salvo en casos muy específicos como las edificaciones clasificadas como “indispensables” o aquellas que tramiten licencias de intervención estructural. https://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos/documentoId7429.pdf 

8 Beck U. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España Editores; 2002. 290 p. https://z-library.biz/book/52g8BxGbrd/la-sociedad-del-riesgo-global.html

9 Barbary O. “Afrocolombianos en Cali: ¿cuántos son, ¿dónde viven, de dónde vienen?”. En: Barbary O, Bruyneel S, Ramírez HF, Urrea F. “Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali: estudios sociodemográficos”. Documento de Trabajo Nº 38. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; 1999. pp. 33-51; Barbary O, Ramírez HF, Urrea F. “Población afrocolombiana y no afrocolombiana en Cali: segregación, diferenciales sociodemográficos y de condiciones de vida”. En: Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales. Bogotá: Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia; 1999, pp. 301-336; Martínez A. “Estudio de la pobreza urbana en cinco comunidades de la ciudad de Cali”. Cuad. Econ. 2007;26(47), pp. 113-150; Santana G. “Mandato de la blanquidad: racismo y privilegio racial en Cali”. Tabula Rasa. 2023;(45):219-239. doi:10.25058/20112742.n45.10; Pacheco H, Rodríguez D, Sisto N. “Disparidad espacial en la accesibilidad a los servicios de salud hospitalarios en Cali, Colombia”. Documento de Trabajo. Cali: Alianza EFI, Colombia Científica; 2021; Urrea F, Viáfara CA, Ramírez H, Botero W. “Las desigualdades raciales en Colombia: un análisis sociodemográfico y de condiciones de vida, pobreza e ingresos para la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca”. [s/d; 2007.

10 “El abecé de la reconstrucción de Cali: todo lo que debe saber sobre el inicio de las obras en esa ciudad” [Internet]. Bogotá: Semana; 2026 ago 30 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/el-abece-de-la-reconstruccion-de-cali-todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-inicio-de-las-obras-en-esa-ciudad/202635/

11 “Damnificados por el terremoto en Cali piden subsidios y recursos para reparación de viviendas” [Internet]. Cali: Diario Occidente; 2026 sep 1 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: https://occidente.co/cali/damnificados-por-el-terremoto-en-cali-peticiones-concejo-proyecto-099/

12 “Concejales cuestionan inclusión de $6.000 millones para la Semana de la Biodiversidad en plan de recuperación tras el sismo” [Internet]. Cali: El País; 2026 ago 31 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/concejales-cuestionan-inclusion-de-6000-millones-para-la-semana-de-la-biodiversidad-en-plan-de-recuperacion-tras-el-sismo-3140.html

13 “Colombia entra en la etapa de reconstrucción tras el terremoto con 122 contratos y $26.000 millones” [Internet]. Medellín: El Colombiano; 2026 sep 1 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-etapa-reconstruccion-terremoto-122-contratos-y-26-mil-millones-PE40553682 

14 “Recomendaciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción para atender la situación de desastre nacional ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026” [Internet]. Bogotá: Transparencia por Colombia; 2026 ago 19 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: https://transparenciacolombia.org.co/recomendaciones-atender-emergencia-terremoto-agosto-2026/

15 https://x.com/petrogustavo/status/208867040
6114771177

* Sociólogo.

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