El terremoto de magnitud 7,4 en el Chocó no solo golpeó a miles de familias, sino que destapó una realidad aún más dura: el negocio montado sobre el sufrimiento de la gente. En «Plusdolor: métrica del terremoto en el Chocó», se analiza cómo la ineficiencia del Estado y el espectáculo mediático convierten la tragedia en una oportunidad para que políticos, medios e influencers ganen votos, clics y dinero. Mientras las comunidades se organizan por su cuenta para sobrevivir a la emergencia. El texto pone al descubierto la cara del plusdolor: la conversión del dolor ajeno en una rentable transacción económica y política.
El 10 de agosto ha quedado grabado en la memoria nacional como la fecha símbolo de una devastadora catástrofe: un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en jurisdicción del departamento del Chocó, cuyas sacudidas resonaron con fuerza en el norte del Valle, Pereira, Cali y Manizales. Sin embargo, en territorio chocoano este evento natural, pero de fuertes repercusiones político-sociales, adquirió dimensiones alarmantes al converger con una densa trama histórica de violencia, exclusión y marginalidad.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la tragedia dejó un saldo desolador: 30 de los 31 municipios del departamento resultaron afectados, 17.000 familias terminaron damnificadas, 13 personas perdieron la vida, más de 3.200 viviendas quedaron destruidas y 300 instituciones educativas sufrieron daños que impiden el retorno a clases. Estas desgarradoras cifras oficiales, con todo y su gravedad, apenas vislumbran la magnitud real del desastre, pues las barreras geográficas, los problemas de orden público y la incomunicación estructural mantienen a numerosas comunidades al margen de los registros nacionales, sobre todo a los pueblos indígenas del departamento.
El terremoto irrumpe así como una calamidad sobrepuesta a la crisis sistemática que padece el pueblo chocoano. En medio del sismo y sus réplicas, se produjo el desplazamiento forzado de 73 familias indígenas en Carmen de Atrato y Tutunendo, así como de 105 familias en Sipí, sumado al confinamiento de cerca de 3.000 personas en diversas comunidades de Sipí y Nóvita. Estas poblaciones no solo enfrentan la devastación física del terremoto, sino también la escasa capacidad operativa de un Estado que responde de forma coyuntural, ineficiente e instrumentalizadora, mientras intereses de capital –respaldados por actores armados– aprovechan la coyuntura para expandir su dominio sobre los territorios.
De manera paralela al movimiento telúrico, la región encadenó una serie de emergencias simultáneas: deslizamientos de tierra en San José del Palmar; vendavales en San Juan, Riosucio y Baudó; inundaciones en Tadó y Quibdó; incendios en Unión Wounaan y Boraudó; e interrupciones del servicio eléctrico provocadas por una empresa estatal desfinanciada y saqueada. Todas estas situaciones integran la rutina de catástrofes cotidianas en el Chocó, hechos invisibilizados que raras veces despiertan la solidaridad nacional.
Ni el gobierno nacional ni las autoridades departamentales han articulado esfuerzos eficaces para erradicar estas condiciones estructurales; por el contrario, han perpetuado una marginalidad que solo atienden mediante la burocratización con bases de datos que ahora han configurado una nueva categoría de víctima en el Chocó: el sujeto damnificado. Este enfoque que lejos de buscar resolver las situaciones de marginalidad, más bien justifican el aumento en las partidas presupuestales, sin traducirse en soluciones reales o capacidad operativa en el territorio.
Ante esta realidad, entre los y las chocoanas cobra fuerza una pregunta tan reiterada como preocupante: ¿Cómo se gestionará esta crisis en un departamento viciado por una corrupción histórica que también ha sido condicionante del empobrecimiento de su propio pueblo?
Todas estas dinámicas, gestadas desde la necropolítica y el racismo estructural hacia los pueblos indígenas y afrocolombianos, imponen serios desafíos para la atención de la emergencia en una región que deliberadamente ha sido desconectada, empobrecida y sometida a un conflicto persistente. Desde el primer día de la tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella arribó a Quibdó alegando las dificultades del terreno para justificar la lentitud de la respuesta operativa, mientras enviaba mensajes de afecto a quienes durante su campaña denominó “hermanos chocoanos”.
Su visita, más que orientarse a dimensionar la gravedad del evento para desplegar equipos y recursos de primera necesidad, se enfocó en una abierta politización de la tragedia, asegurando que, a diferencia del gobierno saliente, su administración garantizaría que el Chocó “nunca más sea la tierra de los olvidados”. Al mandatario se le olvida que fueron los paramilitares, sus defendidos como abogado, los responsables de desplegar los episodios más oscuros de violencia armada desde mediados de los noventa en un territorio que antes se autoreconocía como un remanso de paz.
Consciente de su contradicción arribista, el Presidente manifiesta respaldo a un pueblo que será perfilado como víctima predilecta de sus políticas “antidrogas” y “antiterroristas”, reeditando los impactos del Plan Colombia que entre los años 2000-2010 dejaron un trágico saldo para la población civil: 280.000 personas desplazadas, 8.500 homicidios, 2.200 desapariciones forzadas, 52 masacres documentadas y 22.000 hectáreas despojadas.
Aquellas son las cifras de políticas genocidas, racistas, ecocidas que hoy promueve quien el 10 de agosto lanzaba besos para dar las cifras de la catástrofe, y que 14 días después simulaba llantos frente a las cámaras para capitalizar con el dolor ajeno.
Mientras el gobierno nacional, la administración departamental y los organismos multilaterales, como la ONU, activaban el aparato burocrático para administrar el desastre, fue la determinación de ciudadanos, familias y organizaciones populares la que trazó las rutas efectivas para hacer frente a la crisis.
La gente dispuso de su propia fuerza, recursos e instrumentos al servicio de un pueblo desolado. Cadenas de voluntarios para remover escombros y buscar sobrevivientes; jóvenes organizados en brigadas para el cargue y descargue de ayuda humanitaria; mujeres que sostienen ollas comunitarias para alimentar a todo un barrio; transportadores que facilitaron sus vehículos para trasladar donaciones; comunidades que pusieron sus embarcaciones a disposición de la navegación fluvial para acceder a los caseríos más aislados; y estudiantes dentro y fuera del país que impulsaron rifas, eventos culturales y bazares para recaudar fondos bajo una lógica de solidaridad internacionalista. Un tejido de iniciativas populares desplegado con mayor celeridad y sentido de organización que el mostrado por el propio Estado.
En efecto, el terremoto además de profundizar las condiciones de precariedad e injusticia en el Chocó, ha sido la oportunidad instrumentalizada por sectores políticos de ultraderecha, la industria de los medios masivos de comunicación y por creadores de contenido que transforman el sufrimiento en métricas monetizables.
Hasta ahora lo que va quedando claro, una vez más, es que solo ante una tragedia de alto impacto mediático los reflectores nacionales se posan sobre este departamento, manifestando asombro y desconcierto ante la crudeza en la que habita la mayoría de su población. Un territorio que solo cobra visibilidad ante crisis humanitarias o en las transmisiones deportivas por los atletas originarios de la región, figura hoy en los índices de audiencia para legitimar agendas gubernamentales que terminarán acentuando la violencia sobre las comunidades del Pacífico colombiano.
De esa manera y en paralelo, la emergencia se ha convertido en una pantalla para justificar la militarización de los territorios y el alineamiento geopolítico internacional. Mientras los medios documentan una catástrofe natural cuyas repercusiones son amplificadas por la omisión política, el gobierno de De la Espriella bombardea el Catatumbo, militariza comunidades urbanas y rurales, distribuye balones entre las personas damnificadas, firma el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y autoriza operaciones militares de Estados Unidos en el país. De este modo, la crisis generada por el terremoto está siendo el mayor teatro de operaciones para un gobernante que tiene más de presentador que de político.
Paradójicamente, el padecimiento de una comunidad se traduce en una estrategia de acumulación de riquezas. El terremoto en el Chocó evidencia la dinámica de un capital que opera sobre cuerpos y territorios racializados, produciendo lo que puede denominarse un Plusdolor: la conversión del sufrimiento extraordinario en una oportunidad de enriquecimiento para terceros. Multinacionales, el sector agroindustrial, el Estado colombiano, organismos multilaterales como la ONU, creadores de contenido y diversas ONG han hallado en la marginación histórica de la región una oportunidad transaccional.
A fecha del 4 de septiembre de 2026, a pocos días de cumplirse un mes de la tragedia, la persistencia de las lluvias sigue provocando el colapso de viviendas en todo el departamento, mientras las comisiones técnicas encargadas de evaluar la infraestructura continúan sin llegar a diversas zonas rurales y ribereñas. Persisten vacíos considerables en los censos comunitarios, aun cuando el 4 de septiembre fue fijado por la Ungrd como la fecha límite para la inscripción en el Registro Único de Damnificados. Este marco temporal ignora la realidad de un departamento con comunidades ubicadas a más de ocho horas en lancha, carentes de energía y sin acceso a redes de telefonía o internet para reportar oportunamente sus realidades.
Frente a este panorama, emergen preguntas inevitables: ¿qué ocurrirá con las familias que no logren ser censadas? ¿Quién brindará asistencia cuando la atención mediática se desplace hacia un nuevo acontecimiento coyuntural? ¿Qué sucederá con las comunidades que desconocen los trámites burocráticos para acceder a los subsidios y la asistencia humanitaria estatal?
Diversas figuras públicas y sectores políticos apelan con frecuencia al deseo de que el Chocó “retorne a la normalidad”. Se trata de un enunciado tan indolente como descontextualizado, pues la cotidianidad histórica de la población chocoana ha estado atravesada por el hambre, el conflicto armado, la violencia estructural, el aislamiento territorial y el despojo de derechos fundamentales. Apelar al retorno de una norma en el departamento que encabeza los índices de miseria nacional equivale a ignorar que esa misma “normalidad” ha sido la matriz de la crisis.
Partiendo de la premisa histórica de que solo el pueblo salva al pueblo, esta tragedia no puede sumirnos en la desesperanza, sino convertirse en el motor de la organización popular. Sostener el territorio requiere afianzar la solidaridad y la hermandad entre nuestras comunidades, pero también emplazar con firmeza al Estado para que cumpla sus deberes constitucionales. Es el momento para que los movimientos territoriales evidenciemos la realidad que sobrellevamos en los sectores populares, más allá de la circunstancia coyuntural, a la par de articular fuerzas para exigir soluciones de fondo para la vida y la dignidad de los pueblos.
Informe especial: ¡Terregocio!
Leave a Reply