Resumen
Este artículo sostiene que, en la coyuntura latinoamericana contemporánea, la derecha presenta un espectáculo muy seductor para los autodenominados “críticos sociales”, pero son apenas un epifenómeno secundario que pretende realizar una sutura ideológica a la crisis de legitimidad y reproducción del orden capitalista. Su peligrosidad es real, pero su función es, en gran medida, defensiva, reaccionaria. Por ello, se deben concentrar los esfuerzos críticos en un obstáculo más profundo para una transformación radical, esto es, contra el progresismo. Este, traduce las contradicciones estructurales en objetivos de política social, regeneración ética, gestión comunitaria y reforma estatal, fijando así un horizonte reformista indefinido. A partir de una lectura del programa público de Iván Cepeda y en diálogo con textos de Marx, Engels y Rolando Astarita, se argumenta que la crítica marxista no puede confundirse con un rechazo abstracto de toda reforma: ciertas medidas pueden tener un contenido objetivamente progresivo si favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas o elevan las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, el problema específico del progresismo radica en convertir esas mediaciones parciales en horizonte estratégico suficiente, desplazando la cuestión de la transformación de las relaciones de producción.
Introducción
El programa público de Iván Cepeda se presenta como profundización del ciclo político abierto por el gobierno Petro. Sus documentos programáticos insisten en una “revolución ética”, una política de “igualdad sustantiva”, una “revolución agraria”, el fortalecimiento de la economía popular, la transformación de la contratación pública en clave comunitaria y la vinculación del sector privado “en función del bien común”. En paralelo, Cepeda ha formulado de manera explícita que “el centro de nuestro programa es la política social”. El núcleo de su propuesta, por tanto, no es ambiguo: redistribución, reforma institucional, combate a la corrupción, desarrollo territorial y ampliación de derechos.
La lectura habitual opondría este proyecto a la derecha como si allí se jugara la contradicción principal. El problema de ese encuadre es que confunde la forma visible de la reacción con el límite histórico más eficaz de la transformación. Desde el punto de vista que aquí se adopta, la derecha constituye una manifestación reactiva del orden: aparece con fuerza cuando la crisis social intensifica la demanda de disciplina, estabilidad y “orden”. Astarita ha insistido precisamente en que crisis agudas, especialmente bajo alta inflación y deterioro económico, no conducen automáticamente a una salida de izquierda; pueden legitimar, por el contrario, programas de derecha. Pero de ello no se sigue que la derecha sea el obstáculo teóricamente central. Su papel es más bien sintomático. El progresismo, en cambio, absorbe demandas reales de cambio y las reinserta dentro de una arquitectura reformista que preserva el mando del capital sobre la reproducción social.
Desarrollo de las fuerzas productivas: premisa material, no horizonte suficiente
Cualquier crítica marxista seria del progresismo debe partir de una precaución elemental: no puede identificarse con una negación abstracta del desarrollo capitalista. En el Prólogo de 1859 a la Contribución a la crítica de la economía política, Marx sostiene que las fuerzas productivas materiales entran en contradicción con las relaciones de producción, que estas pasan de ser formas de desarrollo a convertirse en trabas, y que ninguna formación social desaparece antes de haber desarrollado las fuerzas productivas para las cuales todavía tiene espacio. El argumento no es moral, sino materialista: la transformación histórica requiere condiciones objetivas que maduran en el seno de la vieja sociedad.
Marx radicaliza este punto en el tomo III de El capital, cuando define el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social como la “tarea histórica” y la “justificación” del capital. La afirmación no implica elogio político del capitalismo; implica reconocer que el capital cumple una función histórica contradictoria: despliega capacidades productivas, técnicas y cooperativas que luego desbordan la forma social que las organizó. Engels, en Socialismo utópico y socialismo científico, formula la misma idea de otro modo: la burguesía desarrolló las fuerzas productivas con una rapidez sin precedentes, pero ese mismo desarrollo hace visible la incapacidad del modo de producción capitalista para seguir dirigiéndolas racionalmente.
En consecuencia, la crítica del reformismo no puede basarse en la tesis de que toda reforma es irrelevante o reaccionaria. Astarita es muy claro en este punto. Por un lado, afirma que el desarrollo de las fuerzas productivas es el “motor último” del desarrollo histórico y que la ausencia de ese desarrollo no puede ser “compensada” por pura lucha de clases; incluso llega a señalar que para luchar hace falta un mínimo de producción material. Por otro lado, sostiene que el marxismo considera progresivo el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas porque éste genera las condiciones materiales y sociales de la emancipación, sin que ello implique apoyar al capitalismo ni a gobiernos capitalistas.
La consecuencia política de esta distinción es decisiva. Astarita sostiene que los socialistas pueden apoyar una medida concreta de un gobierno burgués si ésta sirve al desarrollo de las fuerzas productivas o a la elevación de las condiciones de vida de la clase obrera, pero deben hacerlo desde su propio programa y delimitándose del programa burgués. El punto no es menor: reconocer el contenido objetivamente progresivo de una medida no equivale a convertir al gobierno que la impulsa en portador de una estrategia emancipatoria. La crítica marxista pierde rigor cuando confunde apoyo condicionado a medidas parciales con adhesión estratégica a proyectos reformistas.
Además, Marx no concibe el desarrollo de las fuerzas productivas como un proceso lineal de bienestar general. En el capítulo VI del tomo I de El capital, al analizar la fuerza de trabajo, subraya que su valor contiene un “elemento histórico y moral” y depende de los medios de subsistencia y de formación requeridos para su reproducción. Eso significa que el nivel de vida obrero no es puramente natural: cambia con el desarrollo histórico de la producción. Pero no por ello deja de estar subordinado al capital. Astarita recoge esta ambivalencia cuando recuerda que el capitalismo desarrolla no solo fuerzas productivas, sino también fuerzas destructivas, y que la ciencia bajo el capital puede mejorar la vida humana o servir a la guerra y a la dominación de clase.
De ahí se sigue una tesis más precisa que la formulación anti-progresista inmediata: el desarrollo de las fuerzas productivas es una premisa necesaria, aunque de ningún modo suficiente, de una transformación socialista. Lo que vuelve criticable al progresismo no es que impulse mejoras parciales o incluso medidas objetivamente progresivas, sino que tiende a fijar esas mediaciones como horizonte definitivo. Allí donde Marx ve premisas materiales de una superación ulterior, el progresismo ve el contenido completo del cambio posible. Ese desplazamiento es el verdadero problema.
La función específica del progresismo
Desde este ángulo, la derecha no desaparece del análisis, pero cambia de estatuto. Representa una forma explícita de articular el descontento que producen las contradicciones estructurales de la lógica capitalista. Puede ser brutal, regresiva y peligrosa. Pero precisamente por ello su función es más visible. El progresismo desempeña una tarea más compleja: reconoce la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la corrupción y el abandono territorial, pero rearticula esas contradicciones de tal modo que la estructura de propiedad, el mando de la inversión y la lógica general de la acumulación quedan fuera del centro del programa. Lo que se presenta como cambio es, entonces, una reorganización moral y distributiva de la reproducción capitalista.
La propia teoría de Engels sobre el Estado ayuda a precisar este punto. En Socialismo utópico y socialismo científico sostiene que la transformación de empresas en trusts o propiedad estatal no elimina por sí misma el carácter capitalista de las fuerzas productivas; el Estado moderno sigue siendo “esencialmente una máquina capitalista”, la personificación ideal del capital nacional total. La estatización no es todavía la solución, aunque contenga las condiciones técnicas de otra solución posible. Esta observación importa porque permite distinguir entre medidas estatales o reformistas con posibles efectos progresivos y una verdadera transformación de la relación social capitalista. El progresismo suele borrar esa diferencia.
La política social como centro programático: distribución sin transformación de la producción
En el caso de Cepeda, el punto de partida programático es explícito: “el centro de nuestro programa es la política social”. Su documento sobre igualdad sustantiva y superación de la pobreza formula la erradicación de la pobreza, la miseria y el hambre como resultado de una política de igualdad en ciudades y campos, y el libro-programa agrega que una renta básica universal no debe verse como solución aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de igualdad social. No se trata aquí de negar la importancia de la redistribución, sino de preguntarse por su lugar teórico.
Desde Marx, el problema es claro. En la Crítica del Programa de Gotha la distribución de los medios de consumo no puede tratarse como esfera autónoma, porque depende de la distribución previa de las condiciones de producción. Si un programa se define fundamentalmente por la política social, ya ha aceptado implícitamente la estabilidad del orden productivo básico. La pobreza aparece como daño a compensar; la desigualdad, como exceso a moderar; el capital, como una estructura susceptible de corrección distributiva. Desde esta perspectiva, la política social no rompe el límite reformista: lo humaniza.
Conviene subrayar de nuevo la distinción anterior. Puede haber elementos progresivos reales en una política social que eleve condiciones de vida. Incluso Astarita admite ese criterio. El problema comienza cuando esa elevación parcial se vuelve el contenido completo del proyecto histórico. El programa deja entonces de preguntarse por quién controla la inversión, el crédito, la gran empresa, la infraestructura, la tierra estratégicamente articulada al mercado y la apropiación del excedente. La cuestión de la producción queda sustituida por la política de compensación.
Revolución ética: de la crítica de la explotación a la moralización del Estado
El segundo eje de Cepeda es la “revolución ética”. El libro-programa insiste en que Colombia necesita una transformación de conciencia, una rebelión ciudadana contra la gran corrupción y una movilización social amplia, que incluya ciudadanía, movimientos sociales, academia y sector privado, para la fiscalización y el control. El otro documento programático asocia incluso la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción con una fuente de recursos para la inversión social.
La dificultad teórica de este enfoque no radica en denunciar la corrupción, sino en hacer de ella el centro ordenador del conflicto social. Cuando la corrupción ocupa ese lugar, la crítica del capitalismo se desplaza hacia una crítica moral de la administración pública. Desde el punto de vista del enfoque crítico de Astarita, la “corrupción” es un mecanismo constitutivo del modo en que el capitalismo sirve de telón de fondo de la política. Cumple una función lógica y pragmática que es estructural, no externa.
En la moralización forzada por la crítica a la “corrupción”, la explotación (que tampoco es moral, es estructural) pierde centralidad analítica frente a la conducta desviada de funcionarios, intermediarios o élites. En vez de interrogar la normalidad de la apropiación privada del excedente, se condena la anormalidad de su uso corrupto. La política pasa a consistir en purificar el aparato estatal, no en transformar las relaciones sociales que lo hacen necesario como forma política de la reproducción capitalista.
Engels es útil aquí precisamente porque no reduce el problema a quién gestiona el Estado, sino a la naturaleza social del Estado mismo. Si el Estado moderno sigue siendo, bajo el capitalismo, una máquina de clase, entonces una “revolución ética” puede mejorar prácticas administrativas sin tocar el fundamento del problema. En términos más duros: la moralización del Estado puede convertirse en el modo específicamente progresista de evitar la crítica de la economía política.
Economía popular y contratación comunitaria: ampliación participativa sin desplazamiento del mando del capital
Uno de los pasajes más reveladores del programa es el relativo a la contratación pública. Cepeda propone modificar el marco normativo para que juntas de acción comunal, asociaciones barriales y colectivos comunitarios dejen de ser “espectadores” y pasen a ser “protagonistas reales del cambio”; plantea además que la contratación pública debe tener “rostro humano, rostro comunitario” y concluye con una consigna inequívoca: “hagamos de la economía popular la base de un país más justo”.
Este desplazamiento hacia la economía popular puede tener una racionalidad democrática inmediata: acercar recursos a comunidades, reducir intermediación y corregir desigualdades en el acceso a contratos. Pero una cosa es eso y otra distinta convertirlo en base estratégica de transformación. Nada en esta propuesta altera de manera sustantiva el control de la gran producción, el crédito, la logística, la tecnología o las principales cadenas de valor. Se descentralizan segmentos de gestión estatal y se reconoce protagonismo a actores comunitarios, pero el mando general de la acumulación permanece donde estaba.
Aquí la advertencia de Astarita vuelve a ser útil. Su defensa del desarrollo de las fuerzas productivas no se traduce en idealización de pequeñas unidades económicas o de estatismos comunitarios. Al contrario, insiste en que la crítica marxista debe mantener la vista en el capital social total, en la acumulación y en la reproducción ampliada, no en mediaciones locales aisladas. Por eso, una política que eleva la economía popular a fundamento de la justicia social corre el riesgo de confundir administración plural de la escasez con reorganización del sistema productivo.
Revolución agraria y mercados populares: democratización rural dentro de la forma mercancía
La “revolución agraria” de Cepeda se define como una estrategia que va más allá de redistribuir o formalizar tierras: busca multiplicar la capacidad productiva de la economía campesina y fortalecer sus vínculos con los mercados populares urbanos. El punto merece atención porque toca una contradicción material real de Colombia: la tierra, el atraso rural y la histórica subordinación del campesinado.
Sin embargo, precisamente por tratarse de una contradicción central, la crítica debe ser más rigurosa. Desde una perspectiva marxista, una reforma agraria puede tener contenido democrático y hasta progresivo frente al latifundio, pero eso no la convierte automáticamente en estrategia socialista. Mientras el horizonte siga siendo el fortalecimiento de la economía campesina mercantil y su mejor articulación con mercados urbanos, la lógica organizadora de la reproducción continúa siendo la forma mercancía. El problema decisivo —crédito, insumos, comercialización, técnica, apropiación del excedente— no desaparece; cambia de escala y de mediación.
En este punto se ve con claridad la forma específica de la clausura progresista. Una contradicción real del capitalismo colombiano es reconocida, pero se la reinscribe en un programa de desarrollo territorial y mercantilización popular. Lo que podría abrir una crítica de las relaciones de producción se reabsorbe en un proyecto de modernización inclusiva. No se trata de negar todo contenido positivo a una reforma rural; se trata de señalar que, formulada así, no rebasa el marco de la reproducción mercantil. }
El sector privado “en función del bien común”: la reconciliación reformista
La fórmula más reveladora del programa quizá sea esta: “vincularemos al sector privado en función del bien común”, mediante obras por impuestos y alianzas. En una sola frase se resume la filosofía del progresismo contemporáneo: no superar la relación social capitalista, sino reorientarla éticamente hacia fines comunitarios y públicos.
Aquí la crítica de Engels es especialmente contundente. Que el capital asuma formas más socializadas, o que el Estado intervenga sobre fuerzas productivas, no elimina por sí mismo la relación capitalista; puede incluso concentrarla y llevarla “a su punto culminante”. Bajo condiciones capitalistas, el sector privado no deja de obedecer a la lógica de valorización porque se lo convoque al bien común. Por eso, toda estrategia que haga descansar la transformación en una alianza duradera entre justicia social y acumulación privada corre el riesgo de subordinar la primera a las condiciones de la segunda.
Este punto permite volver a la tesis principal del artículo. La derecha afirma sin rodeos la centralidad del mercado, de la propiedad y del orden. El progresismo no niega esas mediaciones; las recubre con un vocabulario de derechos, comunidad, ética y bien común. Su eficacia conservadora reside precisamente en esa capacidad de hacer compatible la esperanza de cambio con la continuidad del capital. Allí donde la derecha se presenta como defensa reactiva del orden, el progresismo aparece como reforma del orden en nombre de quienes padecen sus efectos. Y es justamente por eso que puede funcionar como límite histórico más profundo.
Conclusión
La crítica aquí propuesta no identifica progresismo y derecha, ni reduce toda reforma a una mera maniobra de contención. Esa sería una simplificación incompatible con Marx, Engels y Astarita. El desarrollo de las fuerzas productivas importa; ciertas reformas pueden mejorar efectivamente las condiciones de vida obreras; algunas medidas pueden tener contenido objetivamente progresivo. El problema no es ese. El problema es que el progresismo convierte esas mediaciones parciales en horizonte estratégico suficiente.
Por eso, la tesis debe formularse con precisión. La derecha es una respuesta reactiva, visible y a menudo brutal del orden capitalista; su peligrosidad no debe subestimarse. Pero el progresismo constituye una forma más eficaz de estabilización histórica porque desplaza la crítica desde la producción a la distribución, desde la explotación a la corrupción, desde la socialización de los medios de producción a la economía popular, y desde la contradicción entre capital y trabajo a la colaboración entre sector privado y bien común. En esa operación, el cambio real no es rechazado frontalmente: es diferido indefinidamente.
La consecuencia final es que el conservadurismo del progresismo no consiste en defender abiertamente el pasado, sino en fijar como límite histórico un reformismo sin término. Si la crítica marxista quiere conservar su filo, debe ser capaz de reconocer el valor de ciertas reformas sin confundirlas con la superación de las relaciones de producción capitalistas. Ese es el punto en el que la crítica al progresismo deja de ser una consigna y se convierte en una tesis teórica.
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