El caleidoscopio de la Paz Total

La complejidad del escenario de la política de paz muestra una imagen similar a la reflejada por un caleidoscopio. Las nuevas dinámicas del conflicto y los cambios en las estructuras armadas obligan a plantear renovados puntos de partida para el desarrollo y concreción de otras mesas de negociación. Con el ciclo político que se avecina en 2026, es fundamental rescatar la paz, tanto del letargo estéril, como del abandono autoritario.

A tres años del inicio del gobierno de Gustavo Petro, la política de paz no ha logrado consolidar acuerdos exitosos en las diferentes mesas de negociación. Entre las principales razones para el mantenimiento de esta dificultad se hallan la ausencia de un marco jurídico claro que posibilite el desarrollo de rutas para la reincorporación, el desarme y la reparación; el exponencial crecimiento y transformación de los grupos disidentes, rearmados y/o emergentes, y el fortalecimiento de estructuras armadas vinculadas con las rentas de las economías ilícitas. En consecuencia, las negociaciones se encuentran en una encrucijada, en la que no es claro el horizonte de la política de paz de cara a las próximas elecciones, y un eventual retorno a la confrontación es un escenario difuso y particularmente indeseable.

El caleidoscopio de la negociación

A junio de 2025, el gobierno nacional ha mantenido un total de nueve procesos de diálogo y espacios de conversación sociojurídica, que se encuentran en un estado diferenciado, evidenciando el reto que se presenta al desarrollar escenarios de conversaciones multilaterales. De acuerdo con el informe “La Paz, ¿Cómo vamos?” (2025), los procesos de diálogo se encuentran entre un lento desarrollo y el estancamiento. A continuación, basados en este informe, se presenta un breve balance de su estado, diferenciando los procesos entre Grupos Armados Organizados, los cuales tienen un carácter político; y los procesos desarrollados con estructuras armadas criminales, que tienen como final (de llegar a darse) el sometimiento a la justicia.

De guerrillas, viejas y nuevas

Por un lado, los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), posterior a la escalada de violencia a inicios del presente año en la región del Catatumbo, se encuentra en una preocupante ruptura. Lo anterior, debido a los desencuentros alrededor de la caracterización política de los actores en el marco de los diálogos, y el desarrollo de una mesa de diálogo paralela con la fracción “Comuneros del Sur” presente en el departamento de Nariño. Por lo pronto, con la consideración del proceso de paz, por parte del Eln, como una política fracasada, no se proyecta un restablecimiento de las conversaciones y un desarrollo de los acuerdos parciales.
La mesa de conversación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), especialmente con el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre, se encuentra a la espera de desarrollos concretos sobre el “Acuerdo Catatumbo” y la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, Norte de Santander. Su estado es frágil por cuenta de la ausencia de garantías para el traslado de combatientes, la desconfianza entre las partes y el desarrollo de acciones militares en otras partes del país, en las que hace presencia esta estructura, lo que imposibilita tener certezas sobre cómo se efectuará la reincorporación de los combatientes, en una zona de alto conflicto, con presencia de otros grupos armados y desarrollo de economías ilícitas.

Igualmente, los diálogos establecidos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), fracción que se deslinda de la Segunda Marquetalia a finales del 2024, se encuentran en un proceso de avance paulatino con la proyección de una Zona de Ubicación Temporal y Capacitación Integral en el municipio de Roberto Payán, Nariño. La negociación ha girado sobre la instalación de subcomisiones temáticas vinculadas a los temas de paz territorial, participación, víctimas, implementación y verificación. Actualmente, se reconocen avances en acuerdos de sustitución de cultivos, con la proyección de un plan de sustitución voluntaria de 1.000 hectáreas de cultivos de coca en los municipios de Tumaco y Roberto Payán.

A este complejo escenario es necesario sumar la ruptura de los diálogos establecidos con el Estado Mayor Central (Emc) en abril del 2024. En particular, esta estructura ha mantenido el desarrollo de ofensivas militares y afectaciones a la población civil en distintas zonas del sur del país, especialmente en los departamentos de Cauca, Caquetá, Meta y Guaviare. Justamente, al momento de realización de este escrito, se anuncia la creación de un nuevo frente armado en el sur del Cauca, región en disputada con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

De bandas, nuevas y viejas

Por otro lado, los espacios de conversación sociojurídicos, establecidos con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eacal), muestran un balance similar. No tienen estos un avance representativo, estando en medio de la crítica pública. De por sí, establecer espacios de diálogo con estos grupos ha sido un hecho de constante juicio al posibilitar el reconocimiento de un estatus político a grupos que desarrollan gobernanzas criminales en varias regiones del país, además de dudar del sometimiento de grupos vinculados directamente con economías ilícitas.

En principio, los diálogos establecidos con el Clan del Golfo-Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) han sido los de mayor relevancia pública con estructuras de este tipo. Su estado es de una latencia crítica, al no desarrollar avances concretos en el cese al fuego y en su desvinculación de las economías ilegales, generando grandes afectaciones a la población civil. Este escenario complica su proyección futura, teniendo en cuenta el tamaño de la organización y su presencia en gran parte del país.

Por su parte, los procesos de diálogo con estructuras criminales urbanas han sido una apuesta de la política de paz del actual gobierno, en la que se materializan procesos multilaterales donde confluyen varios grupos delictivos locales. De estos, tiene un avance considerable el efectuado en el Valle de Aburrá, con acuerdos cumplidos por las partes en conversación, logrando una notable reducción de afectaciones a la población civil. Para su éxito definitivo, sigue pendiente la estructuración jurídica del proceso de sometimiento a la justicia y la articulación interinstitucional para la sostenibilidad de los acuerdos.

El laberinto

Lo anterior, es muestra del intrincado proceso de metamorfosis que tienen los grupos armados ilegales posterior a la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016. Al observar su complejo despliegue, refleja una imagen similar a la proyectada por un caleidoscopio, encontrando múltiples fraccionamientos y reagrupamientos, nuevas formas de organización en distintas espacialidades y temporalidades, con distintos repertorios de acciones y nuevas lógicas de operación. Esto impone desafíos al desarrollo de la política de paz, la cual debe ajustarse a las nuevas dinámicas del conflicto, sin desconocer los aprendizajes históricos desprendidos de anteriores procesos y negociaciones.

La Paz Total frente al escenario preelectoral

Con el próximo escenario electoral, el horizonte de los diálogos y conversaciones de paz es difuso. En la opinión pública se insiste, una y otra vez, con el supuesto fracaso de la política de paz del Gobierno, discutiendo las imprecisiones jurídicas, los dilatados procesos de conversación y el carácter político de las estructuras armadas. Sin embargo, la posibilidad de desechar la política de paz no es una opción sensata para un país con un creciente conflicto armado.

La dinámica mencionada no es un fenómeno nuevo. En particular, de acuerdo con el análisis que se desarrolla en el libro “¿Plomo es lo que viene?” (2025), las acciones violentas en sus distintos tipos no son sucesos atribuibles a la política de paz del actual gobierno, sino que vienen en un proceso de variación considerable después de la firma de los acuerdos con las Farc. Así mismo, los picos de violencia alcanzados a inicios del presente año en los departamentos de Norte de Santander, Guaviare y Cauca están vinculados a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, o a intentos de recuperación del control territorial por parte del Ejército Nacional.

Aun con esta tendencia, es imposible desconocer que la política de paz en cuestión no ha dado los resultados esperados. Sin embargo, sería un error desconocer los procesos desarrollados en las mesas de diálogo y conversación, los cuales han ido abriendo horizontes para materializar acuerdos significativos en un corto o mediano plazo. En este sentido, asumir que la política de paz es un fracaso, posiblemente coloque al país en niveles de conflicto ya conocidos, o a los observados en ausencia de una política concreta sobre esta materia.

Lo cierto es que, como lo manifiesta Mario Aguilera (2025), es importante caracterizar de forma precisa a los actores de los diálogos, y abordar cualificadamente las distintas razones que han dado sustento al conflicto armado posterior a la firma de los acuerdos del 2016. En esta vía, se prefiguran escenarios como los propuestos en el diálogo con la Cneb, en el que se plantea el problema de las rentas provenientes del narcotráfico; o también, la necesidad de un marco jurídico estructurado para la concreción de los acuerdos sobre el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

El rescate de la paz como proceso

Desde el establecimiento de la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, hasta el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se ha posicionado en la opinión pública la idea del retroceso en materia de paz y seguridad. Este recurso retórico plantea, nuevamente, la imposibilidad de escenarios distintos a la confrontación armada para la solución del conflicto en el país. Sin embargo, una mirada a los datos históricos de la confrontación desmonta este argumento.

Es imposible negar el crecimiento de las estructuras armadas que han permanecido en contienda, así como la agudización de las acciones armadas que afectan la integridad de las comunidades en los territorios Sin embargo, el complejo escenario planteado invita a pensar la construcción de paz como un largo proceso histórico e integral que no solo se restringe a la firma y el cumplimiento de acuerdos, sino que acentúa la necesidad de las transformaciones sociales para abordar las condiciones que mantienen el trámite violento del conflicto. La paz debe desmarcarse del discurso de la inmediatez electoral, sin desconocer que requiere metodologías precisas y esfuerzos técnicos para su construcción.

En definitiva, la consigna del nuevo ciclo electoral no puede ser la reafirmación de la vieja sentencia: “volveremos a sentarnos después de diez mil muertos”. El sofisma del “retroceso irremediable” a los años más agudos del conflicto armado, o de la aparente despolitización de los actores armados que se han mantenido o han regresado a las armas posterior a la firma de los acuerdos, es una ligera lectura del escenario que busca utilidades electorales. El verdadero retroceso es retornar a escenarios en donde se negó por completo la posibilidad de cualquier diálogo o conversación bajo el pretexto de aumentar los niveles de seguridad, desconociendo sus consecuencias históricas.

Un acuerdo nacional para la transformación de las condiciones que dan lugar a la permanencia de grupos armados en la contienda armada, y el desarrollo efectivo de los acuerdos ya firmados, debería ser un punto de partida en la política de paz venidera. La reflexión sobre los acuerdos alcanzados con el Eln y algunas disidencias de las Farc, además de los posibles sometimientos efectivos a la justicia con las estructuras criminales de alto impacto en Antioquia, son premisa para el restablecimiento de los diálogos y la consolidación de otros procesos. La política de paz debe encontrar puntos de equilibrio entre la conversación necesaria y la materialización ineludible.