Tres años de turbulencias

Un balance del gobierno de Petro tiene que comenzar recordando, porque tiende a olvidarse, primero la hegemonía ejercida en Colombia por la derecha desde la promulgación de la Constitución del 86; segundo, cómo el Frente Nacional neutralizó los impulsos renovadores del liberalismo y, tercero, de qué forma la CPN/91 fue finalmente secuestrada por una minoría neoliberal-autoritaria que redujo a sus términos privatizadores el proyecto socialdemócrata del constituyente del 91.

Primer gobierno de izquierda en dos siglos

Desde 1986, con la derrota de la CPN/1863, constitución liberal, radical, con visos incluso socialistas, Colombia padece el dominio de la derecha. Salvo el gobierno de López Pumarejo, quizás el de los Lleras en el Frente Nacional (que neutralizó los impulsos de cambio del Liberalismo), más tarde el de Betancourt y Virgilio Barco con aperturas de paz y democratización, este país, consagrado al Sagrado Corazón por la hegemonía conservadora latifundista (como lo sostuvo Francisco Leal Buitrago) y la Iglesia católica desde el siglo XIX, ha sido la hacienda de la oligarquía durante más de un siglo.

Pese a que la CPN/91 fue un proyecto prospectivo profundamente democrático, el gobierno de César Gaviria logro ambientar a su interior el virus neoliberal privatizador que posteriormente las elites desarrollaron socialmente, convalidado por la Corte Constitucional y su jurisprudencia del bloque económico, con lo que puso en cuarentena a partir de entonces el componente socialdemócrata de la Constitución, marcando de manera contradictoria y conflictiva el destino del país entre sus impostergables necesidades sociales y la compulsión privatizadora y privatista de sus elites y de sectores de clase media alta.

El gobierno de Petro es el primero en la historia nacional que podemos calificar de izquierda, sin entrar a las discusiones dogmáticas de que es o no es “izquierda”. Así lo tomaron tanto los victoriosos como los derrotados en las elecciones del 2022 y de ahí, desde el principio, las dos orillas que se demarcaron frente a él: sus defensores, los grupos olvidados de la historia colombiana, trabajadores formales y sus sindicatos, sectores de clase media progresista, estudiantes, campesinos, indígenas, negritudes, comunidades alternativas y disidentes sexuales, políticas, sociales.

Y, en la otra orilla, lo que Mao llamaba la gran burguesía proimperialista, silenciosa pero dominante, los grandes gremios (Andi, Fenalco, SAC, Fedegan, etcétera), los pequeños y medianos industriales (Acopi), las clases medias altas, los sectores conservadores de siempre de esta sociedad de castas, segmentada y discriminatoria. Estos sectores representados, inicialmente, en los partidos tradicionales (el Conservador, el Liberal, la U, el Centro Democrático, Cambio Radical y otros grupúsculos) que, en el Senado especialmente, hacían prácticamente mayorías.

A ello, no podemos olvidar, se sumó, incluso desde la primera vuelta electoral, la batería plena de la gran prensa nacional y de medios de comunicación masiva: El Tiempo, toda la prensa regional (El Colombiano, El Heraldo, El País, Vanguardia…) Caracol y RCN Radio y TV, BluRadio, LaFM, WRadio, etcétera, cerrando así filas en bloque contra al gobierno liderado por Gustavo Petro, el Pacto Histórico, su bancada parlamentaria, desconociendo por principio lo que el nuevo gobierno podía hacer de positivo.

De la luna de miel… a la de hiel

Pero hubo un compás de espera que el statu quo, podríamos llamarlo el poder constituido e institucional, le dio al gobierno Petro. Ese primer semestre fue la luna de miel con las elites y con las mayorías del Congreso, especialmente del Senado. La presencia en el gabinete de representantes de la centro derecha y el liberalismo progresista, incluso del Partido Conservador y de La U, permitieron que el gobierno pudiera tramitar su Plan de Desarrollo e iniciar las reformas de Salud, Pensional, Política, entre otras iniciativas, en el marco de una economía que no se desplomaba, pese a una política ambiental más vigorosa y el mensaje presidencial contra la dependencia del petróleo y el fracking, logrando una reducción del desempleo, el control de la inflación y un claro giro en la política de privatizaciones en implementación desde 32 años atrás.

El Florero de Llorente fue sin embargo la Reforma a la Salud que buscaba desmontar la privatización que había llevado al colapso del sistema y del cual no habían querido enterarse los gobiernos anteriores, pese a todas las señales de alarma y los paños de agua tibia que se le habían puesto a las EPSs. Los resortes neoliberales empezaron a activarse no solo en la sociedad, a través de los medios de comunicación que asumieron el liderazgo de la oposición política sino, lo que fue peor, al interior del gabinete ministerial.

Aquí se produjo la primera crisis de gabinete, demasiado temprano y fue el transito de la luna de miel a la luna de hiel con las elites, las mayorías en el Congreso, los medios de comunicación y la high middle class de la sociedad y las universidades privadas. En un golpe de mano ambiguo y ambivalente, Petro saca del Gabinete a los liberales (opuestos a la reforma) y a los comunistas, estos últimos seguramente para equilibrar la balanza. Y pierde así muy pronto, ni siquiera a un año de gobierno, el relativo apoyo político del centro y parte de la derecha a su gobierno.

A esto se sumó la enfermedad de Roy Barreras, su ida como embajador, la pelea entre Saravia y Benedetti, el escándalo del hijo de Petro y de su hermano, el episodio oscuro de la criada de Laura Saravia y el supuesto suicidio de un policía involucrado en los procedimientos de investigación, todo lo cual fue derivando en un manejo muy limitado de la agenda parlamentaria y el final de la luna de miel con la “opinión pública” manipulada al extremo por los corresponsales mediáticos del establecimiento.

De los triunfos relativos al bloqueo social

El segundo año de gobierno es agridulce. Ya venia en pleno furor el bloqueo de las IAS (la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría), todos en cabeza de militantes de la derecha cuya acción institucional era oponerse politicamente y denunciar todo lo que el gobierno hacia o dejaba de hacer. Aunque su capacidad de bloqueo era relativa iba creando sistemáticamente un ambiente negativo contra el Presidente, el Gobierno y la bancada e iniciativas parlamentarias y alimentando un clima de polarización institucional muy delicado.

Pese a ello, se logra sacar adelante las reformas pensional y tributaria, aunque las fracturas y fisuras en la gobernabilidad y el manejo parlamentario, en particular en el Senado, ya eran evidentes. Y aunque el recambio en las IAS empieza a darse con figuras más democráticas y menos adscritas al establecimiento, la inercia de la oposición generalizada se metamorfosea en un evidente bloqueo institucional extensivo que si no logra un boicot pleno sin duda sí es un palo en la rueda a la dinámica de gobierno. Los frenos y contrapesos democráticos se catalizan en una oposición política abierta y franca contra la gobernabilidad progresista y se radicalizan en un bloqueo institucional sistemático en todas las ramas del Estado, incluido el mismo ejecutivo.

Todo ello eclipsa los logros objetivos del Gobierno. La reforma pensional la opacan las fuerzas de la tradición y sus cajas de resonancia en los medios poniéndola en cuestión, tanto por el trámite accidentado de la reforma en la Cámara (que finalmente la Corte Constitucional devolvió para subsanarlo) como por la afectación a los Fondos privados de Pensión que se denuncia de manera confusa para dar la sensación de repicar el modelo estatista que impregna a la reforma a la salud, el modelo de política publica participativa que ha incluido como nunca a sectores olvidados de la población.

En ese devenir, la reforma a la educación se hunde con la complicidad ineficiente de la ministra; la reforma política no prosperó por el desinterés absoluto de la derecha y los logros en turismo, gratuidad en la universidades públicas, tierra para los campesinos y regulaciones agrarias progresistas, incautaciones de droga, reducción de la deforestación, mesada para los adultos mayores, reducción de la pobreza en un sector amplio de la población, disminución de la mortalidad materna, política de transición energética, rehabilitación de corredores férreos, todas esas medidas que las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores obviaron como estrategias vertebrales de sus políticas sociales, se vieron invisibilizadas de manera casi absoluta por los medios y voceros del establecimiento neoliberal que con ello ya se proyectaban al bloqueo institucional.

Del bloqueo institucional al poder constituyente

El extranjero, de fuera y de adentro, se preguntará si eso que Petro ha llamado “bloqueo” no es lo que los politólogos denominan frenos y contrapesos (checks and balances los llaman en el norte global) o lo que el profesor Mauricio Gaona llamó, de manera efectista y recogido de manera entusiasta por los exponentes de la tradición y sus corresponsales, democracia. Los frenos y contrapesos se conciben en sistemas democráticos maduros en el marco de una separación de poderes con vocación de colaboración armónica, en tanto mecanismos institucionales de equilibrio y como correctivos a la acción no solo del ejecutivo sino también de los otros poderes. En Colombia se ha dado, no unos frenos&contrapesos democráticos, sino una estrategia de bloqueo institucional sistemático para entorpecer la acción del Gobierno y torpedear la gobernabilidad hasta límites que pueden denominarse “golpe blando”, sin que sea tampoco equiparable a “lawfare” (guerra legal) que puede hacer parte, al fin y al cabo, de una dinámica institucional.

Desde el Frente Nacional se practicó en Colombia lo que se llamó “milimetrismo”, es decir, que los puestos del Estado se repartían milimétricamente, desde el portero del edificio hasta el director de la institución, entre liberales y conservadores. Con la C/91 y en especial después del doble gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los cuadros administrativos del ejecutivo e incluso el judicial fueron suplidos con partidarios del status quo. En términos generales, los funcionarios del ejecutivo, desde hace 25 años, están siendo reclutados desde los partidos de derecha y, en forma análoga, el poder judicial, sus “Altas Cortes”, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, pero también las IAS, Banco de la República, han sido cooptadas por los partidos de la tradición neoliberal-autoritaria, en su gran mayoría.

De ahí que lo que en otros sistemas políticos se denomina frenos y contrapesos personificados por funcionarios profesionales del Estado, mínimamente imparciales en función del bienestar general de la sociedad, en Colombia responden a lógicas partidistas oligarcas a través de los cuales, durante más de 20 años, lograron sus respectivos puestos.

En ese punto es que el tercer año del actual gobierno empieza a plantear un binomio conceptual que marca la ruta de gobernabilidad al menos por un tiempo y que se constituye en el puente para su propuesta de cierre e inicio del cuarto año: bloqueo institucional-Poder Constituyente. El diagnóstico a esas alturas era claro: bloqueo de las Alta Cortes, en especial el Consejo de Estado, en menor medida la Corte Suprema de Justicia, pero también la misma Corte Constitucional, lo que se sumaba al que ya habían aplicado las IAS y que empezaba a cambiar de matiz, si bien en cierta forma persistía; bloqueo en el Banco de la República; bloqueo en el Congreso, en particular en el Senado; bloqueo en el CNE, que la CC declaro en buena hora inexequible; bloqueo blando en ministerios donde la ejecución era un desastre por la mala gestión ministerial pero también por los palos en la rueda de la burocracia. Bloqueo social en cabeza de los gremios y los medios de comunicación privados.

La alternativa se cuece en tres momentos: primero, plantear la dicotomía, frente a un poder constituido bloqueado, un poder constituyente ciudadano que desde las bases dinamizara la protesta (en el republicanismo se llama democracia disputatoria) y pasara a expresiones de democracia contestataria (movilizaciones, protestas) que presionaran el desbloqueo institucional y social. La apuesta fue relativamente exitosa por el apoyo de sindicatos, indígenas, bases campesinas pero la concepción teórica fue débil y no supo confrontar el constitucionalismo reaccionario y santanderista con elementos conceptuales robustos y pragmáticos.

Poder constituyente, consulta popular y asamblea constituyente

Y aquí se presentó la enorme torpeza de la derecha a través de la Comisión 7ª del Senado de hundir la Reforma Laboral que, por simple cortesía parlamentaria, al venir aprobada de la Cámara, tendrían que haber acordado al menos para ser discutida en plenaria del Senado. Esto le dio oportunidad al Gobierno de plantear –segundo momento– un debate que realmente caló en la ciudadanía, tanto por la defensa de los derechos de los trabajadores, sustraídos por el uribismo y los grandes y medianos empresarios hace 20 años, como por el apoyo social que inmediatamente la Consulta Popular (CP) despertó en amplios sectores de la ciudadanía.

Pese a las “jugaditas” de la derecha, al lobby patronal y la agresiva propaganda de los medios en contra, además de las movilizaciones populares a favor, la presión de la CP logró que el Senado aprobara la reforma laboral en unos términos dignos y prospectivos para los trabajadores y se reconquistaran derechos que el autoritarismo neoliberal le había escamoteado al mundo del trabajo. Y aunque la tensión no cesó, además por el atentando al senador Miguel Uribe que los medios y la elite han querido achacarle de manera baja y oportunista al gobierno, sin duda la propuesta de la CP constituyó un punto de inflexión a favor de Petro, tanto por la Reforma Laboral aprobada como por el pulso ganado al bloqueo del Senado.

En ese contexto, con nuevo ministro de justicia, de más envergadura conceptual que la anterior, todas estas tensiones, disputas y flujos de actividad política y social han convergido en una nueva propuesta que sin duda caracterizará esta parte final del gobierno de Petro: la apuesta por una asamblea constituyente (tercer momento).

Desde hace años he defendido que la C/91 la secuestró el neoliberalismo, que gracias a los gobiernos de ese tinte de Gaviria y Pastrana, y autoritarios de Uribe y Santos (pese al proceso de Paz) se institucionalizó en Colombia. La pregunta es si asamblea constitucional para reformar la Constitución o asamblea constituyente para una nueva. Creo que la primera opción es suficiente para que un marco constitucional reformado intente resolver problemas de ajuste e ingeniería constitucional y exigencias sociales que el flanco neoliberal del desarrollo de la Constitución no ha logrado resolver. Ese es el pulso que veremos y la apuesta para entrar en el último año de la actual administración, con logros significativos pero muy poco evidenciados

Los agujeros negros

Finalmente, los agujeros negros, donde la percepción social es muy desfavorable. La corrupción en la Ungrd, un golpe muy duro a la política y la credibilidad de Petro que se sumó a la acusación de corrupción de su hijo. El déficit fiscal que, aunque venia de atrás, no puede negarse que también se debe a una discutible gestión del Gobierno, en especial por el aumento en los costos de funcionamiento, el recorte en los de inversión social y, para sumar, la ínfima ejecución presupuestal. Una política internacional que, aunque relativamente relevante para algunos expertos, es totalmente intrascendente en el contexto nacional e incluso, para otros, un paso atrás de lo que se tenía. Una reforma a la salud que no logra cuajar, ahora con una decisión de la Corte Constitucional demoledora políticamente en contra del gobierno y en favor de las EPSs.

Y por último la Paz Total (requiere análisis aparte) que hasta el día de hoy se percibe como un desastre total, sin claridad legal, sin logros, con el Eln por fuera, los grupos narco-políticos fortalecidos, la percepción de inseguridad en la periferia muy acentuada (en las ciudades es responsabilidad de los alcaldes), los gestores de paz en crisis, las negociaciones con bandas urbanas sin logros significativos, cultivos de coca disparados como jamás, y, aunque cuesta reconocerlo, desatinos de gobernabilidad y excesiva inestabilidad ministerial que hubieran podido subsanarse con otro estilo y talante de gobierno.

El cuarto año requerirá una sabiduría electoral y electorera muy sagaz para que la izquierda mantenga el poder ejecutivo, lo cual no es imposible con Petro, viejo zorro en estas lides, y algunos de sus alfiles, tan zorros como él. Supongo que confiarán, al menos, en lograr un bloque parlamentario que consolide la tendencia contrahegemónica en curso y desde ahí, si no se gana el gobierno, se proyecte la estrategia para el 2030. Antoni Negri y Paolo Virno la han llamado la estrategia de la democracia del éxodo, en caso extremo, porque la izquierda, no lo dudemos, llegó para quedarse como actor político y social.

Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Filósofo (UNC), M.A. en Filosofía Moral y PH.D. en Filosofía Política (P.W.U., USA). Adelantó su segundo Doctorado en Filosofía del Derecho (UNC). Es también Posdoctorado en Derecho de la misma universidad.

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