Pese a su historia de dominio oligárquico y transnacional, y también en parte a causa de él, la población hondureña ha resistido la explotación y la exclusión con organización social y movilizaciones de lucha. Desde 1964, y pese a que la organización sindical ha sido considerada “subversiva”, existe una Confederación de Trabajadores de Honduras, afiliada a la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), que coexiste con una Central General de Trabajadores, la Federación Unitaria de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras y la Federación Independiente de Trabajadores. También existen organizaciones en el trabajo agrario: el Frente Nacional de Campesinos de Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la “Tela Railroad Company” (alias hondureño de la United Brands) y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula que, con los trabajadores organizados de la Tela Railroad, enfrentan los vaivenes de la producción bananera. El Movimiento Cooperativo (jurídica y constitucionalmente forjado entre 1921 y 1987) se ha dado una Confederación Hondureña de Cooperativas (1971) que se orienta actualmente a entregar respuestas locales a los desafíos globales.
Los grupos sindicalistas (Bloque Popular), activistas de Derechos Humanos, periodistas, taxistas, escritores y artistas, maestros y profesores, y el Frente Nacional de Resistencia Popular y Vía Campesina Honduras, han destacado en la resistencia inicial interna al gobierno empresarial/militar encabezado por Roberto Micheletti. Las organizaciones campesinas han preparado, además, marchas hacia las ciudades para reforzar esta protesta. Lo hacen, como muchos otros ciudadanos y trabajadores, no por ser “gente del presidente Zelaya o partidarios liberales”, sino, como enfatiza un dirigente de la Vía Campesina hondureña, porque ven en su presidencia un factor que les permitiría derrotar el modelo neoliberal. Señalan que Zelaya ha detenido el proceso de privatizaciòn de activos públicos hondureños, como la energía eléctrica, los puertos y el sistema de salud y, más importante, se ha pronunciado a favor de un régimen democrático que potencie la participación ciudadana y social de la población en las determinaciones políticas. El último punto contiene potencialmente una profunda transformación de la institucionalidad oligárquica del país.
Sobre esta situación, el insospechable Banco Mundial, reseñando favorablemente el programa original del presidente Zelaya, lo puntualizó de la siguiente forma: crecimiento económico con equidad; gobernabilidad vía la modernización del Estado y la participación ciudadana; protección ambiental y gestión de riesgos (Honduras es un país boscoso y por su territorio pasan huracanes), y desarrollo del capital humano (educación, salud). A la reseña del Banco Mundial habría que agregar que, poniéndose a tono con la sensibilidad gestada principalmente por el proceso venezolano en este siglo, a la participación ciudadana se la articuló con la participación social. El gran “defecto” de Zelaya para los diversos grupos tradicionales (nacionales, liberales, jerarquías clericales, magistrados, aparatos armados, medios masivos, parlamentarios, y, probablemente la embajada de Estados Unidos en Honduras, que, en este caso, no representa a la administración Obama) es que asume que el necesario proceso de “modernización” del país debe incluir la participación social y ciudadana de la mayoría de su población. Inclusión social y ciudadana universal. Los posicionamientos respecto de este punto antioligárquico (que no es ni socialista, ni anticonstitucional, ni una chifladura, ni un intento de entronizar una dictadura) condujo al enfrentamiento que culminó con un golpe de Estado. El punto de la “cuarta urna”, en la que la ciudadanía podría pronunciarse sobre la necesidad de convocar a una eventual nueva Constitución es, visto aisladamente, un detalle en procesos más amplios.
No se trata, por tanto, de la opción “bolivariana” o “chavista” de Zelaya, o de la amistad y admiración que manifiesta hacia el proceso cubano por su carácter nacional/inclusivo, sino que su propuesta desafía el eje local del statu quo hondureño: la dominación oligárquica, por definición excluyente, aderezada en este último período con ‘tecnocráticas’ prácticas neoliberales en las que ‘el’ mercado determina ‘ganadores’ y ‘perdedores’. Zelaya estima que bajo este modelo Honduras no llegará nunca a ser competitivo. Y tal vez valora que estar en la presidencia le permitirá ocupar un lugar preferencial en el nuevo modelo. Esto abre, sin duda, un crispado frente (de intereses y personalidades) al interior de la oligarquía.
El problema que enfrenta el presidente Zelaya es que no ha realizado el trabajo sociopolítico que le permitiría avanzar en su idea modernizadora. Por eso los trabajadores organizados, probablemente una minoría, lo defienden, pero no le tienen especial confianza ni estima. Algo parecido ocurre con otros sectores populares que “huelen” que una dictadura empresarial-militar encabezada por Micheletti u otro es mucho peor para sus intereses que el gobierno ‘democrático’ de Zelaya. Un sector de la población hondureña está asimismo contra los golpistas porque defiende ‘la’ democracia. Pero si, mágicamente, los golpistas mejoraran las condiciones de existencia, esta ciudadanía respaldaría con entusiasmo su mandato. Esta tibia y ambigua relación entre sectores sociales populares, el presidente Zelaya y las instituciones democráticas puede tener alcances negativos para la resolución de la actual pugna. Sin embargo la violenta represión contra los opositores y manifestantes, y la directa arremetida contra derechos humanos (tránsito, expresión, derecho a la información, por ejemplo) podría acercar y fortalecer el carácter de movimiento social popular de estos actores. Por supuesto, los golpistas carecen de todo interés (y, por sus intereses inmediatos, también de factibilidad) para realizar las acciones que podrían al menos paliar, si no mejorar, las actuales condiciones de existencia de los hondureños.
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