La información mediante la que los dirigentes del aparato católico se pronuncian sobre el carácter legal del corte del mandato de Zelaya fue provista enteramente por las mismas instancias que cortaron ese mandato: “(…) nos remitimos a la información que hemos buscado en las instancias competentes del Estado (la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral)”. Por ello su plena convicción de que “Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”. Hasta aquí la declaración de los obispos puede entenderse como un reconocimiento del carácter legal de las acciones golpistas, reconocimiento que se funda en la información que les entregaron las mismas instancias golpistas. Nada especialmente extraño ni nuevo.
Sin embargo ni golpistas ni obispos pueden disimular (por el momento) que el secuestro de Zelaya y su expulsión de Honduras (si tenía cargos legales debió ser detenido por autoridad competente para iniciársele el proceso pertinente) no coincide con su afirmación de la perfecta continuidad institucional reinante en Honduras.
Aquí sí aparece un elemento novedoso: afirmándose en la Constitución hondureña, los jerarcas católicos reconocen que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”. Lo del rapto y extraditación de Zelaya, entonces, no fue ni constitucional ni apegado a derecho. Pero los obispos abren una puerta a quienes actuaron inconstitucionalmente: “Creemos que todos merecemos una explicación de lo acaecido el 28 de junio”. La “explicación”, no la acción legal, como se ha visto ya y se verá más adelante, procederá también de los golpistas. Sus escenarios posibles son: se trató de un autorrapto montado por Zelaya y sus cómplices. Fue un acto impulsivo de un grupo de militares que no compromete a las fuerzas armadas como institución. Se les juzgará por ello. Se hizo para “evitar un mal mayor”. La dirigencia católica podrá ver en la acción una elección ética y salvífica que honra a quienes, desde opiniones ignorantes y soberbias, son descalificados como “golpistas”, pero llevan, como Jesús, con dignidad, su cruz. Como se advierte, el apoyo de la dirigencia católica a los golpistas no es solo jurídico-política, sino también escatológica. Dios está con ellos. El Espíritu Santo los anima. Prolongan el camino de Jesús.
Los restantes trece párrafos de la declaración de los obispos no traen un exceso de novedad para quienes conocen el discurso católico: todos somos responsables por la injusticia social. Pese a esta injusticia Honduras es un pueblo de hermanos que vive unido en la justicia y la paz. Para confirmarlo hay que entablar un verdadero diálogo para llegar a soluciones constructivas. Este diálogo no puede darse sin respeto a la autoridad. Es necesario globalizar la solidaridad (sic).
Más interesante es que los obispos tienen su propia versión de la carta ‘nacional’: la comunidad internacional (Naciones Unidas, OEA, etc.) está desinformada y no entiende la verdadera realidad de Honduras. La OEA en particular no ha prestado atención “… a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado”. También la OEA ha sido omisa al no condenar las amenazas bélicas contra Honduras. Por último, si la OEA “se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas”. ¡Los obispos proponen la reforma de la OEA porque no coincide con ellos! Primero, la OEA, después tendrá que ser El Mundo.
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