Los ‘principios’ a que se hace referencia la OEA están plasmados principalmente en su Carta Democrática Interamericana del 2001. En ella, y en un marco de fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, se señala que ‘la ruptura del orden democrático o su alteración (…) constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de un Gobierno en las distintas instancias de la OEA’ (artículo 19). El apoyo a Zelaya contiene, entonces, además de la exigencia de su restitución el reconocimiento de que su mandato no había ni alterado ni roto el ‘orden democrático’ de Honduras, o al menos no de un modo que exigiera a la OEA pronunciarse. Visto así, se trata de un respaldo tanto a la gestión presidencial de Zelaya (en lo que respecta a su forma o procedimientos) como de un rechazo al golpe que lo secuestró y expulsó del país. En la tradición de ‘democracia formal’ la acción gubernamental se valora como democrática si se apega a la ley, con independencia de su contenido. Del mismo modo, la oposición y rechazo de estas acciones debe ceñirse a los procedimientos fijados por las mismas leyes. Los hechos muestran que los golpistas hondureños no observaron este criterio. De aquí que su alegato de que ahora se prepara una acusación ‘voluminosa’ contra Zelaya resulte extemporánea para legitimar el golpe, con entera independencia de su valor legal. Por ello mismo la línea de propaganda y agitación golpista se orienta principalmente por la senda de denunciar la injerencia chavista en el gobierno de Zelaya. Se trata de la carta ‘nacional’ con guiño a Estados Unidos a la que se agrega la asociación del “chavismo” con la violencia, la ruina y el caos. Desde este ángulo, estiman los golpistas, la acción político-militar sería un medio para ‘evitar’ la violencia y traer ‘la’ paz y devolver ‘la’ democracia a los hondureños. Los medios alineados con Micheletti exaltan el lema “No al chavismo, fuera Mel, queremos paz” que ‘espontáneamente’ corean y llevan en sus pancartas los manifestante que respaldan al ‘gobierno de facto’.
Lo central aquí es, sin embargo, preguntarse por qué el tajante y negativo posicionamiento de la OEA ante el golpe en Honduras. La respuesta, en principio obvia, ‘porque su Carta Democrática la obliga’, no sirve en América Latina. En la región, la letra jurídica vinculante se ha redactado para poder violarse. En términos de poder efectivo significa poco y, muchas veces, nada. En condiciones determinadas, esto vale para todo: Constituciones, Derechos Humanos, Derecho penal, etc. Son las situaciones de poder las que dan un determinado contenido a la letra. En términos analíticos, este no es un rasgo pintoresco de los latinoamericanos, sino que es una lectura asaz precisa de lo que significan los códigos legales en las formaciones sociales modernas y de su valor. Estos códigos no pueden sustituir ni constituir (como un encierro) las relaciones de fuerza que determinan y protagonizan la ‘existencia real’. Maquiavelo dixit.
Adjudicando entonces a la Carta Democrática un valor circunstancial, se debe retroceder al período que antecede a esta Carta del 2001 para entender lo que quiso significar. El factor más significativo es que América del Sur venía saliendo en la década de los noventa de las dictaduras antipopulares de Seguridad Nacional (Brasil, Argentina, Chile, etc.) que expresaron unilateralmente el dominio de grupos empresariales y militares, estos últimos a la cabeza de los gobiernos y practicando sistemáticamente el terror de Estado. El componente militar daba asimismo a las dictaduras un carácter anticivil que podía o no focalizarse contra los sectores populares, especialmente los organizados, o extenderse a la mayor parte de la población, exceptuando a los grupos opulentos y prestigiosos.
La Carta expresa básicamente la voluntad de los civiles organizados en partidos de no permitir que los militares prolongaran su incidencia como fuerza política tras bastidores o directamente. La intención fue subordinarlos al mando político civil, impedir su chantaje y bloquear sus golpes militares. La pretensión civil no podía resolverse nacionalmente. Tenía que ser una declaratoria de la OEA porque ello, además de expresar un sentimiento hemisférico, comprometía a Estados Unidos o al menos lo llevaba a dar una señal (que, por supuesto, no tiene por qué cumplir como lo mostró el intento de golpe de Estado en Venezuela (2002)). Esta voluntad civil solo fue adversada por los sectores más conservadores de América Latina que siempre han visto a los aparatos militares como el ‘brazo armado’ que defiende ‘su’ orden. Pero, en el período, carecieron de fuerza para paralizar la Carta Democrática Interamericana. Ésta debe ser vista como una mezcla de temor y revancha. Como una especie de seguro incierto. Por supuesto la Carta no contiene ningún aspecto que favorezca directamente a los sectores populares.
Es bueno recordar aquí que el actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, debió permanecer 15 años en el exilio por su participación en el gobierno de Unidad Popular en Chile. No requiere de ningún estímulo ideológico particular, aunque puede tenerlos, para rechazar las acciones empresarial-militares que él debió padecer, y levantar con fuerza la bandera de la legitimidad perenne de los gobiernos encabezados por civiles y que son resultado del sufragio universal y periódico.
Pero la sensibilidad anterior inmediata a la proclamación de la Carta Democrática no solo se nutría de esta revancha civil contra las acciones militares, sino también del Consenso de Washington. Aunque se trata de una invención periodística, el denominado consenso era el enunciado de un programa de consolidación del esquema neoliberal al que adhirieron, durante los dos primeros tercios de la década de los noventa la mayor parte de los gobiernos civiles latinoamericanos. Básicamente los regímenes democráticos que acompañan este esquema servían para mejorar la imagen en Derechos Humanos (principalmente por el cese del terror de Estado) y para administrar internamente los desafíos de la globalización con esquema neoliberal. Los países que se señalaba como particularmente “éxitosos” dentro de esta fórmula eran los de Argentina (Menem), México (Salinas de Gortari) y Chile (Aylwin/Frei)). De estos “éxitos” solo ha sobrevivido el último. El Consenso de Washington centralmente contiene medidas de saneamiento de las finanzas públicas, combate a la inflación, desregulación, privatización y captación de inversión directa extranjera, todo ello para conseguir crecimiento económico. El gasto social queda supeditado al comportamiento de la economía, que, a su vez, es función de la acumulación global de capital. La lógica del modelo produce ganadores y perdedores tanto entre clases sociales como al interior de estas clases o sectores.
Este último factor hace que el régimen democrático (entendido restrictivamente como “ganar las elecciones”) pueda ser asumido subhemisféricamente como posicionarse ventajosamente en el Gobierno y en el Estado para obtener ventajas especiales en el sistema mundial de acumulación (“buenos negocios compartidos” y “alianzas estratégicas”). La lucha por estos posicionamientos que entregan ventajas especiales puede llegar hasta el gansterismo, como lo enseña la experiencia de Menem en Argentina. El Consenso de Washington no crea el patrimonialismo y clientelismo del Estado latinoamericano, pero los refuerza y les entrega nuevos caracteres: debido a la apetencia por los “buenos negocios”, ahora globales, se lucha por las reelecciones o continuidades con fiereza “democrática”. Desde luego se trata de un esquema corrupto y para nada democrático. Pero es la forma de régimen democrático que se ha dado, con las variantes propias de cada situación específica, América Latina.
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