Redefinición del régimen político
En fin, si bien no se debe exagerar el cambio tampoco es correcto subestimarlo. Junto con las maneras, han cambiado las políticas. Y es evidente asimismo que otro tipo de funcionarios que hoy forman parte del gobierno. Como se ha dicho, el signo dominante de la política de Santos es económico. Todo lo que hace en el plano de la política, en sentido estricto, está subordinado a este propósito supremo.
Materialización de la unidad nacional
Una vez posesionado, Santos lanza su oferta de “unidad nacional” cuyo mayor logro es la sorpresa. Obviamente, en el plano económico –neoliberal– era fácil encontrar un terreno común con sectores anteriormente oposicionistas como el partido liberal y el movimiento, de última hora, de los verdes, para no mencionar otros como Cambio Radical. La oposición –sobra decirlo– era frente a lo más primitivo y brutal del uribismo; si bien se aceptaba la política de ‘seguridad democrática’, ya que convenían con éste en que el mayor enemigo eran las farc, no podían aceptar que la lucha contra el terrorismo se extendiera a todo tipo de ‘disidente’. En este sentido, la unidad nacional no significa la conformación de una coalición de fuerzas disímiles que a posteriori (ya que no había sido durante la campaña electoral) contribuyeran a definir el programa; es una iniciativa de cooptación –es decir, sobre el programa inicial– aceptada de buen grado por quienes finalmente confluyeron en la unidad.
La iniciativa de Santos en materia legislativa ha sido avasalladora y audaz. En términos de “unidad nacional”, la propuesta que más confusión ocasiona es la de “restitución de tierras” y reparación de las víctimas. No es una concesión. Tiene un doble objetivo. En primer lugar, apunta a materializar un propósito que Uribe nunca pudo hacer convincente: el comienzo de una etapa de posconflicto y por tanto de reconciliación. Como se sabe, si algo intentó el gobierno anterior fue legitimar la empresa criminal del paramilitarismo. Logró instalar en la cultura nacional la idea de que los “actores armados” eran todos iguales, y por tanto la idea de la reducción de penas, de la ‘justicia transicional’, la ‘reinserción’, y por tanto la reconciliación, aplicable en principio a los paramilitares. Estabilidad y ‘paz’ indispensable para los negocios. En segundo lugar, saneamiento de los títulos de propiedad sobre la tierra, indispensable, como seguridad jurídica, para el gran proyecto mundial de acaparamiento de tierras por las multinacionales. En lo inmediato, sin embargo, opera como oferta atractiva para las víctimas, campesinos desplazados, despojados de sus tierras. Ya se verá su limitación intrínseca en el desarrollo y la reglamentación de la ley. El gran supuesto consiste en que lo fundamental de la guerra ya ha sido ganado por el establecimiento. Ese es un interrogante, también para nosotros.
La unidad nacional se presenta también como forma de democratización. ¿Cuál será la situación en materia de derechos humanos, políticos y civiles? Ya sabemos que para algunos, con tal de que no haya chuzadas ni ‘falsos positivos’, no importa lo que se haga en política económica. Al respecto, conviene reiterar que esta situación va más allá del conflicto armado. La mayoría de las violaciones, aunque toma como pretexto la insurgencia armada –el ‘terrorismo’–, en realidad tiene que ver con la necesidad de eliminar la insubordinación social. En tal sentido, independientemente de las justificaciones, lo cierto es que, para desgracia nuestra, continuará. La diferencia consiste probablemente en que ahora serán atribuibles a grupos privados, particulares, bandas criminales, aparentemente sin relación con motivaciones políticas. No solamente se descarta su relación con el Estado sino que además aparecen sin vinculación con las antiguas auc, de las que se había admitido su naturaleza ‘política’. Como ya se ha visto, las víctimas estarán quizás entre los posibles reclamantes de tierras. En síntesis, la característica del gobierno Santos será que, al igual que en otras épocas, por ejemplo, en tiempos de Samper, el Estado aparece como un actor ajeno a las violaciones de los derechos humanos, e incluso como otra víctima.
Eje del programa santista
Como se ha dicho, el objetivo principal es económico: la continuidad del programa neoliberal. Este tema, sin duda, merece un análisis más detallado que tome en cuenta el Plan de Desarrollo recientemente dado a conocer y, sobre todo, la agenda legislativa que ha venido concretando logros importantes en el Congreso, como la reforma a la salud. Pero es posible hacer algunas anotaciones preliminares. En las condiciones de Colombia, la tarea urgente es la construcción de infraestructura. Sin duda, es definitiva la inversión extranjera, pero desde el Estado es necesario aportar una base. De ahí que la cuestión fiscal y de las posibilidades de endeudamiento externo se convierta en definitiva. Mucho se ha hablado de ‘bonanza’ en el sector externo y de su correcta utilización para evitar la llamada “enfermedad holandesa”, pero la oligarquía financiera y la tecnocracia a su servicio no se engañan tampoco con su propia propaganda. Algunos aspectos de su programa de conjunto pueden ser los siguientes:
a) Trato igualitario. Homogeneización de las condiciones para todas las multinacionales.
b) Modelo de desarrollo, sobre la base de la inversión extranjera: energía, minería, monocultivos.
c) Asignatura pendiente: infraestructura, en especial para el transporte.
d) Problema: déficit fiscal; racionalización de gastos; incremento de ingresos.
e) La cuestión social: el fin del Estado Social de Derecho. La sostenibilidad fiscal. El mercado de los servicios sociales.
f) La solución neoliberal: flexibilización del mercado de trabajo; programas asistencialistas.
En cierto modo es una reiteración de la conocida cartilla neoliberal. Pero implica una coherencia específica: está anudada alrededor del equilibrio fiscal. De esto dependen, según las exigencias del mercado financiero internacional, las posibilidades del endeudamiento. Se entenderá por ello, fácilmente, la importancia de la estabilidad política –la gobernabilidad, o el “buen gobierno”, como gusta denominarlo Santos–, la ilusión de la apertura democrática a cambio del proyecto económico. El talón de Aquiles está en lo social. Las soluciones neoliberales, sea para el empleo o para la formalización del trabajo, son tan limitadas que incluso sus promotores abrigan no pocas dudas. Sólo la propuesta de “sostenibilidad fiscal”, que se pretende incluir como un ‘derecho’ en la Constitución, pudiera garantizar el desarrollo de la tarea fundamental: la infraestructura. Pero, al mismo tiempo, puede ser inminente la reacción social.
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