El golpe de estado de Honduras y los aparatos clericales

Dos días antes de la declaración de la Conferencia Episcopal de Honduras, la Diócesis de Santa Rosa de Copán había hecho público, dentro de sus limitaciones y en el marco de la censura impuesta por los golpistas, un Mensaje en el que denunciaba y rechazaba “la sustancia, la forma y el estilo con que se ha impuesto al Pueblo un nuevo Jefe de Poder ejecutivo”. Caracterizaba lo sucedido como un golpe de Estado. También a diferencia del grupo de obispos, estimaba que el golpe de Estado había abierto una crisis cuyo fundamento era “la inequidad social en que siempre hemos vivido”. Aunque fuera solo por estos contenidos, el Mensaje se posiciona en forma muy diferente a la Declaración de los obispos, en parte quizás porque se emitió dos días antes.

La diócesis de Santa Rosa de Copán se ubica al extremo occidental de Honduras y limita por el sur con El Salvador, por el norte y por el oeste con Guatemala. La población de la diócesis puede alcanzar algo más del millón de personas, es decir poco menos de 1/7 de la población total del país.

El documento diocesano consta de 15 párrafos gramaticales. Dentro de ellos hay una enumeración, referencias bíblicas y también varias exhortaciones. Se inicia con dos numerales propuestos como premisas o bases del mensaje: el primero identifica a la Diócesis de Santa Rosa de Copán en su deber de anunciar el Reino de Dios y denunciar las situaciones de injusticia. Pide a los hondureños hacer un esfuerzo profundo por restablecer la paz social. En el segundo, señala que la inmensa mayoría de hondureños no quiere confrontaciones callejeras, guerras civiles ni confrontaciones con otros países.

Desde estos numerales exige “a los grupos que han alterado el orden público” poner su buena voluntad para resolver por la vía del diálogo la crisis en curso. Indica aquí que esta crisis resulta de “la inequidad social en que siempre hemos vivido”.

Volviendo a identificarse, esta vez como ‘responsables de la conducción de la Iglesia Católica en el Occidente de Honduras”, el mensaje repudia el golpe de Estado. Precisa que si el Presidente José Manuel Zelaya hubiese cometido algún ilícito, tenía derecho a un juicio justo “igual que todo ciudadano hondureño y en general todo ser humano”. Cita el artículo 84 de la Constitución de Honduras como respaldo de su planteamiento.

Pasa a señalar las que ve como consecuencias del golpe: reclamos de la ciudadanía en calles y carreteras, clima de inseguridad y miedo en las familias por limitación de las garantías constitucionales. Enumera las garantías que advierte limitadas: libertad de circulación, libertad de asociación y manifestación, inviolabilidad del domicilio, propiedad privada, libertad de prensa y difusión de ideas y opiniones, libertad personal (no ser detenido administrativamente en sede policial por más de 24 horas ni en sede judicial por más de 6 días) afectada por detenciones indefinidas y jurídicamente arbitrarias. Las “limitaciones”, enfatiza, están contenidas todas en el Decreto sobre el “Estado de Excepción” discutido el 1º de julio en el Congreso. Ve en ese decreto una base para una “masiva violación” de Derechos Humanos.