Conviene todavía examinar dos aspectos. El recuerdo hecho por el mensaje diocesano a las Fuerzas Armadas hondureñas respecto del mandamiento “No matarás” expresa claramente una memoria histórica. En América Central, siglo XX, y en especial en Guatemala, El Salvador y Honduras (en la Nicaragua somocista el ejército era un aparato al servicio de una familia), los militares y los organismos policiales militarizados fueron utilizados inicialmente por los grupos oligárquicos como su brazo represivo. Es decir, eran destacamentos militares orientados principalmente no a defender la soberanía nacional, sino para castigar a quienes amenazaran la propiedad y privilegios de los poderosos y, después de la década de los sesentas, con instrucción estadounidense, para realizar tareas preventivas y de guerra contra la insurgencia. Esta última situación fue generalizada en América Latina. Sin embargo en América Central se expresó más vigorosa y corruptamente la tesis, también de inspiración estadounidense, de que las Fuerzas Armadas debían encabezar en la región las tareas propias de la modernización para el desarrollo porque su disciplina y formación técnica las constituían como el actor más capacitado para esos efectos, cuando no el único (Doctrina McNamara). En el clima de Guerra Fría, las FF.AA. latinoamericanas, quizás con las excepciones de México y Cuba, pudieron aparecer en el discurso público como actores políticos centrales tanto porque eran la herramienta contra el comunismo (insurgencia), como porque su preparación las facultaba para encabezar las tareas del desarrollo. Menos pública era una tercera razón: como aparato estatal eran altamente dependientes, para su formación y dotación de guerra, del Pentágono y del Departamento de Estado. Su ‘autonomía’ o ejecutoriedad era todavía entonces más peligrosa.
En América Central se desplegó con más intensidad que en otros sitios la tesis de que la autonomía de los aparatos armados los transformaba en actores políticos por sí mismos (fracción de la clase dominante). Dejaban de ser meros brazos armados. Se transformaban, para este imaginario, en conciencia político-ética y económico-social de las formaciones sociales latinoamericanas. Y tenían, además, el monopolio de los armamentos legales. Esta situación se vivió con particular fuerza en Guatemala (donde se mantiene hasta hoy), El Salvador y Honduras. De sirvientes pasaron a ser socios de la oligarquía, pero socios con poder de fuego.
Un fenómeno semejante, pero con características propias, se dio en América del Sur con las dictaduras empresarial-militares de Seguridad Nacional.
Los efectos de este proceso de autonomización de los aparatos militares fueron desastrosos. Señores de la vida y de la muerte su corrupción se tradujo en las prácticas de la Guerra Sucia, el paramilitarismo, las zonas de Autodefensa, la asesoría a las bandas blancas, los secuestros y desapariciones, el mercado negro de armas, su ingreso en sectores financieros, el crimen organizado y la delincuencialidad común. Sobre ello su lógica interna, vía el discurso de las doctrinas contra la insurgencia, devino anticivil y antipopular. En este sentido militares y policías militarizados cultivaron un patente desprecio por derechos humanos.
Esta historia del heroísmo ‘militar’, aquí apenas esbozada y en las que se ha prescindido de sus dictaduras directas (como la de López Arellano en Honduras (1965-1974)), es la que recuerda el breve pero directo párrafo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán. Aunque el aparato militar guatemalteco es sin duda el más criminal y salvaje de la región centroamericana, los militares hondureños siempre han disputado con brío un segundo lugar. Por eso el “no matarás y no torturarás” es tan tajante. Señala hacia la historia de los militares hondureños a quienes un golpe de Estado en el que han retornan a ser protagonistas, que se apoya en toques de queda y estados de “excepción” y que entre sus alientos tiene la ambición de grupos oligárquicos, vuelve a abrir de par en par la puerta para violaciones de derechos humanos y para desatar una cacería inmisericorde entre trabajadores y campesinos humildes.
Conceptualmente, lo sepa o no la gente que redactó el documento de la Diócesis, la defensa de derechos humanos y del régimen democrático de gobierno, aquí enfrentados al dominio militar, apunta hacia el principio liberal de agencia. Sintéticamente expuesto se trata de una propuesta moderna que postula que es propio de todo individuo humano desarrollar una autonomía que le permite decidir desde sí y hacerse responsable por sus decisiones. En las sociedades modernas, antropocentradas, esta responsabilidad es principalmente jurídica. La categoría de ‘responsabilidad’ desplaza a la noción teocéntrica/clerical de pecado y culpabilidad, propia especialmente del medioevo.
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